"FA. 40 años levantando las banderas de los DDHH. ¿Las bajamos?”. Así decía un cartel en letras negras y fondo rosado atravesado en la fachada de la sede frenteamplista mientras sesionaba la Mesa Política que ayer levantó el cuarto intermedio abierto el lunes. Atado con una tansa a la puerta se exhibía un ejemplar de los contenidos acordados en 2008 para el programa de gobierno en el V Congreso del FA, en cuyo artículo 130 establece a texto expreso la anulación de la Ley de Caducidad. Además de numerosas pancartas en sintonía con esa idea, estaban las fotografías de los 202 uruguayos desaparecidos.
Uno afuera
Mujica firmó anoche una resolución que deja sin efecto otra expedida en 1988 por el ex presidente Julio María Sanguinetti en la que amparaba en la Ley de Caducidad una denuncia por el homicidio de Álvaro Balbi -esposo de la militante comunista Lille Caruso-, cometido en 1975 en el centro clandestino de detención 300 Carlos. Esta resolución fue firmada a instancias de una "petición administrativa" interpuesta hace dos días por el abogado querellante Pablo Chargoñia. Según Presidencia, Mujica basó su decisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, en el que se establece que no puede haber obstáculo en la investigación judicial. Justamente esta resolución presidencial habilita a la Justicia a continuar las actuaciones en este caso.
La puesta en escena estuvo a cargo de la Mesa Permanente contra la Impunidad, integrada por el PIT-CNT, la FEUU, Fucvam, Crysol y Familiares, entre otros. Eduardo Volpe, dirigente de la central sindical, informó a la diaria que las organizaciones permanecen "atentas" a la marcha de los acontecimientos y convocan para mañana estar presentes en las afueras del Club de Viajantes mientras el plenario del FA sesione. Además, ayer fue entregada la carta de Frenteamplistas contra la Impunidad difundida días atrás y firmada ahora por más de 1.000 personas.
Asuman
La decisión de convocar el plenario fue tomada por mayoría, con los votos en contra del Partido Comunista, de las bases de Canelones y de casi la totalidad de las bases de Montevideo. Todo indica que se ratificaría la decisión de votar el interpretativo el jueves 19 en este nuevo escenario generado tras la advertencia del presidente José Mujica a los diputados oficialistas de los costos político-electorales si la iniciativa se vota. En palabras del emepepista Heber Bousses, integrante de la mesa, se trata de "hacerse responsable de las consecuencias". "Es difícil que se cambie" la votación prevista para el 19, evaluó Gerardo Álvarez, integrante del Movimiento Socialista.
Consultado sobre la posición de los diputados del Espacio 609, Gonzalo Mujica y Víctor Semproni, quienes anunciaron que no votarán "en contra del presidente", Bousses aseguró que "hay una resolución que creo que la van a acatar". En tanto, el primer mandatario ayer por la noche envió señales al afirmar que hay que "luchar por la unidad y la disciplina, aunque discrepe, porque el gobierno necesita que la fuerza política responda unitariamente". Gonzalo Mujica dijo a la diaria que votará el proyecto para acompañar a la bancada del Espacio 609 y también porque el presidente le hizo llegar su pedido de que no vote contra el FA.
Al plenario se volcarán las alternativas analizadas ayer por la mesa. Una de ellas, impulsada por el MPP y por Asamblea Uruguay, es la basada en la propuesta de Martín Risso que consiste en que el Parlamento derogue la Ley de Caducidad y que el Ejecutivo anule los actos administrativos mediante los cuales aplicó la norma, algo que Mujica ya hizo ayer (ver recuadro). La otra, presentada por la Vertiente Artiguista, consiste en reunir 2% de las firmas del padrón electoral con el objetivo de habilitar una consulta popular para decidir si se hace o no un referéndum sobre el interpretativo.
Sus razones
Por otra parte, el presidente José Mujica volvió a referirse ayer a los motivos por los cuales considera inconveniente la aprobación del proyecto interpretativo de la caducidad. Antes reiteró que su intención no fue “influir” en la decisión de la bancada frenteamplista. “El Poder Ejecutivo podría procurar activamente influir hondamente en el proceso, redactar proyectos de ley nuevos, alternativos, ponerse a competir con el texto actual. Podríamos generar condiciones para que hubiera un nuevo plebiscito, intentar forzarle la mano al Parlamento, pero no lo vamos a hacer. Ninguna zancadilla jurídica. No vamos a poner el poder legal del gobierno a intervenir en la hinchada legislativa, el gobierno se va a quedar afuera”, aseguró Mujica en su audición de M24. Defendió, además, su derecho a expresar su opinión en el tema. “No nos pueden prohibir hacer escuchar nuestra opinión a quien quiera oírla, empezando por los parlamentarios de nuestro partido”, reclamó.
Afirmó que comparte la intención de “enterrar la impunidad” pero discrepa con “el camino elegido”, porque “se le está pasando por arriba a dos plebiscitos”. “Allí estamos chocando con nuestro principio, respetar la voluntad de la gente”, consideró. También cuestionó que el FA use su mayoría parlamentaria para decidir sobre este tema. “Se está haciendo uso de una mayoría reglamentaria ínfima conseguida con el menos de 1% de los votos, a gatas, por una hojilla”, criticó. “No es bueno que se diga al pueblo que no entiende cuando vota. Que se le diga que se lo consultó por equivocación, porque no tenía derecho a votar nada. Ésta es la gran razón por la que discrepo con el proyecto”, continuó. Concluyó que si el plenario del sábado obliga a votar el interpretativo eso puede ser “legítimo” pero duda de que sea “lo mejor para el país” y para “el porvenir del FA”, ya que tendrá “costos importantes” y “dañar al Frente es una forma de dañar a los más débiles”.
En la última reunión del gabinete de seguridad, algunos ministros, entre ellos Luis Rosadilla (Defensa) le expresaron a Mujica su discrepancia con la forma que utilizó para expresar su opinión en este tema, indicaron fuentes del Ejecutivo. En particular, Rosadilla consideró que fue “un poco tarde”, a pocos días de que la iniciativa se vote en el Parlamento y luego de meses de discusión en torno al proyecto.