El proyecto de ley para el Plan Juntos ingresó hace cuatro meses y medio a la comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores pero todavía no comenzó a discutirse en ese ámbito. En opinión del secretario de Presidencia, Alberto Breccia, eso ya es “demasiado tiempo”. “Evidentemente hay cosas que distraen la labor del Parlamento y que llevan a que el tratamiento de este tipo de leyes, que para nosotros son muy importantes, como ya se lo reiteramos a la bancada cuando concurrimos allí, pueda estar un poquito dilatado”, dijo ayer a la diaria el jerarca.
Breccia también aseguró que el Poder Ejecutivo ya ha enviado suficientes “mensajes” respecto a la necesidad de agilitar el tratamiento parlamentario de esta iniciativa. “Todos sabemos cuál es la importancia que tiene este proyecto de ley, que tiende a beneficiar a los más desposeídos de la sociedad. Hemos pasado el mensaje lo suficientemente claro de que tenemos mucho interés en que esta ley se tramite rápidamente y aspiramos a que en los próximos días esté saliendo”, remató.
Las declaraciones de Breccia fueron efectuadas ayer, luego de un acto organizado por las Fuerzas Armadas que consistió en un desfile de varias bandas militares en la plaza Independencia. En ese mismo lugar, el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, confirmó que el general Luis Pérez, que estaba al frente de la División I del Ejército, tendrá un nuevo destino dentro del arma, aunque el lugar preciso todavía no fue definido por las autoridades castrenses. Rosales también fue consultado por el voto del interpretativo de la Ley de Caducidad, pero se negó a manifestarse al respecto, alegando que se trata de un tema “político”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, confirmó a la diaria que entre los objetivos del quinquenio que se ha fijado su cartera está la reforma de la Justicia Militar. Algunas normas comprendidas en la jurisdicción militar fueron interpretadas por catedráticos como inconstitucionales, entre otros por el recientemente fallecido doctor Aníbal Cagnoni, grado cinco en derecho administrativo y constitucional, quien en 2009 afirmó, entre otras cosas, que la Ley 14.068 (de Seguridad del Estado) es inconstitucional al posibilitar el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar.
Por su parte, ayer se reunió el Gabinete de Seguridad, integrado por los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores. En el encuentro Rosadilla presentó un informe sobre el desfile militar y las actividades que se llevarán a cabo mañana, cuando confluyan los festejos de los 200 años del Ejército Nacional con los de la Batalla de Las Piedras.
A su vez, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, defendió los megaoperativos de saturación que su cartera lleva adelante desde marzo. Según pudo saber la diaria, Bonomi enfatizó que estos operativos no son similares a las razias prácticadas en la década de 1980, tal como han manifestado las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional, Serpaj y la ONG Ielsur.
El Gabinete de Seguridad también discutió acerca del Consejo de Defensa de la Unasur y, según dijeron las fuentes consultadas, no hubo alusiones al proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad.