Según explicó el vocero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Raúl Oxandabarat, una comisión mixta entre el máximo órgano judicial y el Ministerio del Interior (MI) fue la encargada de la redacción del texto, que luego fue sucedida por un encuentro entre el titular de la cartera, Eduardo Bonomi, y los ministros de la SCJ para acordar los puntos finales de la iniciativa. Actualmente el borrador está en manos del MI.
Mucho más que dos
Según estimaron las fuentes, esta ley se complementaría con una norma de reglamentación de cupos que establece que cuando en un establecimiento penitenciario se llegue a condiciones de hacinamiento, se estaría obligado a estudiar todas las causas del sistema para evaluar si algunos de los recluidos pueden pasar a un régimen alternativo, como libertad asistida, pulsera o prisión domiciliaria". "Con esto nos estamos remitiendo a una recomendación de la Organización de Estados Americanos de 2008 respecto al hacinamiento de las cárceles de América Latina", sostuvieron. Este articulado se incluiría en la ley que cree el Instituto Nacional de Rehabilitación.
La comisión en la que trabajaban el MI y la SCJ culminó el texto entre noviembre y diciembre de 2010. Según dijeron fuentes del MI a la diaria, el proyecto, que tuvo mayor repercusión el año pasado que éste, no ha sido enviado al Parlamento debido a que Bonomi entiende que es necesario agregar un par de artículos al borrador, que hacen referencia a la posibilidad de “mejorar la condición de libertad a través de convenios de trabajo extramuro en algunos planes que el gobierno está implementando, que hacen que un número significativo de los liberados puedan salir con trabajo remunerado ocho horas por día”. Según explicaron las fuentes, en algunos casos “previamente a la liberación ya van a contar con trabajo pago”. “Esto augura preventivamente bajar las posibilidades de reincidencia si es que las hubiera”, dijo uno de los integrantes de la comisión que elaboró el texto.
Oxandabarat valoró que la idea del trabajo conjunto entre la SCJ y el MI era “básicamente seguir la línea de lo hecho con José Díaz”, ex ministro del interior (2005-2007) cuando implementó la Ley de Humanización Carcelaria, blanco de críticas de la oposición en aquel momento y quien le atribuyó, entre otras cosas, a esa medida el aumento de la sensación de inseguridad. Sin embargo, Bonomi dijo en agosto de 2010 que esa norma en su momento tuvo “mala prensa” injustamente, ya que “hubo un 20% de reincidencia, contra un 70% que ha salido de otra manera”. “No merece la mala prensa que tuvo”, valoró el ministro.
Según pudo saber la diaria, las “personas privadas de libertad” que podrán beneficiarse serán los procesados por delitos menores (se excluye rapiña, violación, copamiento, homicidio y delitos de lesa humanidad), personas mayores con enfermedades, mujeres embarazadas o con niños a cargo. En cualquier caso que hayan superado más de dos años de reclusión. A fines del año pasado existían 2.144 presos de los más de 9.000 con los que cuenta el sistema carcelario que reunirían las condiciones incluidas en el articulado, aunque fuentes del MI relativizaron las cifras. “No es que vayamos a liberar a 2.000 personas, sino que en ese momento se estimó que esa cifra juntaba las características que se describían en la ley, pero de ese momento a éste la cifra puede haber cambiado”, sostuvo una fuente, que explicó: “El MI propondrá nombres y en cada caso deberá ser resuelto por el juez de la causa, que tiene la última palabra”. Según se adelantó, para los casos que ofrezcan “dudas” se aplicará el “rigor más alto de supervisión”, que consiste, entre otras cosas, en la aplicación de la pulsera de seguridad. “Aún no las hemos comprado”, sostuvo una fuente.
Desde la oposición se evitó comentar el proyecto, porque los legisladores todavía no lo han visto, pero la iniciativa a priori no parece agradar. El diputado nacionalista Jaime Trobo evitó opinar porque no conoce el proyecto, pero consideró: “El mejor proyecto de humanización es trabajar en la infraestructura”. Por su parte, su par colorado Gustavo Espinosa dijo que, a título personal, es “contrario a liberar reclusos sin la rehabilitación confirmada”. “Voy a ser en lo personal muy estricto en la supervisión”, adelantó.