El mandatario hondureño, Porfirio Lobo, se reunió ayer en la ciudad colombiana de Cartagena con su antecesor Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en junio de 2009. Antes de la reunión aseguró a la prensa que “el presidente Zelaya puede ir a Honduras, y va a gozar de los derechos y garantías que la Constitución le concede”, indicó la agencia de noticias AFP.
Lobo recordó que la Corte Suprema de Justicia de Honduras anuló dos juicios contra Zelaya. “Tanto la Fiscalía del Estado como la Procuraduría General de la República desistieron de presentar cualquier apelación a estas dos decisiones de la corte, de manera que los juicios están totalmente anulados”, resumió.
Con la firma ayer del “Acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras” culmina la mediación del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con el de Venezuela, Hugo Chávez. Como testigos de la firma estuvieron Santos y el canciller venezolano, Nicolás Maduro.
El documento, firmado por Zelaya y por Lobo, establece garantías de seguridad para Zelaya, quien está exiliado desde enero de 2010 en República Dominicana, y también para los funcionarios que lo acompañaron hasta su derrocamiento, el 28 junio de 2009.
El texto del acuerdo, al que accedió la diaria, establece que el gobierno de Honduras deberá garantizarles “el ejercicio de todas sus libertades de acción política y de todas las garantías contempladas en la Constitución de la República y las leyes de Honduras, tomando para ello las medidas especiales de seguridad personal que sean necesarias”.
Además expresa que Honduras deberá “tomar las medidas necesarias que permitan el retorno a la normalidad y al libre ejercicio político en igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas del país”. El acuerdo también admite que “durante la crisis política ha habido personas que estiman haber sido afectadas por la vulneración de sus derechos humanos” y, por lo tanto: “El gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se compromete a atender sus denuncias, y así coadyuvar a la reconciliación de la sociedad hondureña en un marco de garantías verificables, respetando el trabajo de todas las organizaciones de derechos humanos”.
La firma del documento facilitará además la readmisión de Honduras en la Organización de los Estados Americanos, de la que fue expulsado en julio de 2009, tras el golpe de Estado contra Zelaya.