En abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó al gobierno brasileño la suspensión inmediata de la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte, en el río Xingu, uno de los mayores afluentes del Amazonas. Exigió que para continuar con las obras se cumplieran condiciones relacionadas con la consulta a las comunidades indígenas y se adoptaran medidas “vigorosas y abarcativas” para “proteger la vida y la integridad” de estas comunidades.
La CIDH también solicitó al gobierno que brindara información sobre el cumplimiento de las medidas en un plazo de 15 días y señaló que cuando sean “escuchadas las observaciones de ambas partes se decidirá si es procedente prorrogar o suspender” las obras.
La solicitud de suspensión de obras de la CIDH fue una respuesta a las acciones que a fines del año pasado emprendieron varias organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos al denunciar que las comunidades de la región y zonas aledañas no fueron consultadas de forma apropiada sobre el proyecto.
“Tal y como esa solicitud apareció, será devuelta”, dijo el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, días después de que fuera presentada por la CIDH. La cancillería brasileña manifestó que el gobierno quedó “perplejo” ante las recomendaciones de la CIDH, extraídas de conclusiones “precipitadas e injustificables”, según las calificó Itamaraty en un comunicado. Resaltó que la obra cumple con las leyes brasileñas, y que “sin minimizar el papel que desempeñan los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos”, éstos son “una alternativa o un complemento, por lo cual su actuación sólo se legitima en los casos en que fallan los recursos de jurisdicción interna”.
Días después de que se presentaran las recomendaciones, Brasil retiró la candidatura del ex ministro de Derechos Humanos Paulo Vannuchi para integrar la CIDH.
No sólo el gobierno brasileño reaccionó. Un mes después de emitidas las recomendaciones, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, visitó Brasil para asistir a un foro económico y en entrevista con BBC Brasil se desentendió del informe de la CIDH. Aseguró que la comisión “es completamente autónoma” y que las conclusiones enviadas al gobierno de Brasil “no salieron ni de la secretaría general, ni del consejo, ni de la asamblea de la OEA”. También resaltó que estas recomendaciones “nunca son obligatorias para los países” y que después de la presentación de algunos antecedentes por parte de Brasil “probablemente la comisión revise su decisión”.
Las declaraciones de Insulza no generaron reacciones públicas de la CIDH, pero sí de Amnistía Internacional, que en un comunicado denunció que sus palabras son “una preocupante interferencia de un órgano político de la OEA en la autonomía y la independencia del sistema interamericano de derechos humanos”.
Pero éste no fue el primero ni será el último inconveniente legal de Belo Monte: la licitación para su construcción, en abril, se realizó minutos después de que se levantara una suspensión legal y horas antes de que volviera a imponerse. La construcción pudo comenzar en marzo por una medida del Tribunal Regional Federal, pero persiste un recurso en contra de la hidroeléctrica y de la licencia ambiental otorgada por el gobierno.
La represa enfrenta otros problemas además del rechazo de los indígenas. El Ministerio Público de Pará, estado donde se construirá Belo Monte, pidió la suspensión de la obra después de presentar la opinión de varios científicos que consideran que hay lagunas en el proyecto de construcción y problemas de viabilidad técnica, así como fallas en los estudios de impacto ambiental.
Estos aspectos ya habían sido criticados por varios especialistas, -tanto en medio ambiente como en asuntos energéticos- consultados por diversos medios. Uno de ellos fue la antropóloga Sônia Magalhães, quien señaló en declaraciones a la estatal Agência Brasil que el estudio presentado por las empresas responsables de la hidroeléctrica subdimensionó los resultados. “Áreas fuertemente impactadas no fueron consideradas como áreas afectadas”, dijo.
Seis veces Uruguay
Las empresas involucradas en la construcción y gestión de Belo Monte agrupadas en el Consorcio Norte Energía argumentaron que se mantuvieron “más de 30 reuniones” con las comunidades indígenas de la zona amazónica en la que está previsto instalar la represa, y que se “tomó nota” de sus pedidos y reclamos.
“Es necesaria mayor atención del gobierno en la cuestión de la construcción de la usina de Belo Monte”, sostuvo la vice fiscal general de Brasil, Deborah Duprat. “Se fue olvidando en el procedimiento de autorización ambiental el medio sociocultural”, agregó, y recordó que la de Belo Monte “es una lucha histórica, que ya llegó a los tribunales en varias ocasiones. Falta por parte del gobierno y de las empresas involucradas la comprensión de qué es un estudio de impacto ambiental”, dijo a Agência Brasil.
La semana pasada varios ministros se reunieron con líderes indígenas para discutir qué mecanismos deberían utilizar el gobierno y la sociedad civil para solventar asuntos como la construcción de la usina de Belo Monte. La reunión coincidió con el primer día del octavo Campamento Tierra Libre en la explanada de los ministerios, frente al Congreso y a 300 metros de la sede presidencial de Planalto.
El campamento donde vivieron cientos de indígenas funcionó como un gran espacio de debate sobre la situación en la que ellos viven, sus derechos sobre las regiones que habitan y las formas de trabajar con el gobierno. Desde allí se volvió a exigir que las comunidades sean consultadas cuando el gobierno autoriza o impulsa proyectos en las zonas en las que viven, como es el caso de Belo Monte, que es una de las obras impulsadas por el Plan de Aceleración de Crecimiento.
Un informe del Consejo Indígena Misionero indicó que 434 proyectos estatales “afectan o afectarán” a sus comunidades. Se estima que los 480.000 indígenas brasileños viven en cerca de 600 reservas que ocupan más de un millón de kilómetros cuadrados, lo que equivale a más de seis veces el territorio uruguayo.
Sobreviviendo a los cuestionamientos, en los alrededores del río Xingu se realizan las obras de preparación para el trabajo de construcción, que implicará el tendido de carreteras y la deforestación de 238 hectáreas, y no puede empezar hasta que no se obtenga la licencia de instalación. Para obtenerla, las empresas constructoras que contratan con el gobierno deberán cumplir con 40 medidas de compensación y preventivas, impuestas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y dirigidas a facilitar la acogida de casi 100.000 inmigrantes en ciudades y comunidades vecinas.