El Comité Central del Partido Socialista (PS) se reunió el sábado para analizar temas de coyuntura política y definir un plan de movilizaciones, eventos y jornadas de reflexión de cara al congreso del partido. En el análisis de coyuntura se incluyó la situación que atraviesa el Frente Amplio (FA) a raíz de la no aprobación del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, y se llegó a la conclusión de que “la crisis del FA no obedece a lo que pasó con el interpretativo, sino que éste es un emergente”, explicó el dirigente José Nunes, que actualmente integra la gerencia general de AFE.
Se evaluó que “los principales gobernantes del FA desconocieron la posición que la fuerza política fue forjando en relación con el interpretativo”, y que es preciso “conformar una dirección política en el FA que tenga la autoridad y la fuerza” para mejorar la situación, enumeró Nunes. En este sentido, se cuestionó que la mayoría de los sectores de la coalición de izquierda, especialmente algunos de los mayoritarios (Movimiento de Participación Popular -MPP- y Asamblea Uruguay -AU-), no le dan “la debida trascendencia” a los órganos de conducción política. Como ejemplo, Nunes señaló que sólo el PS y el Nuevo Espacio colocaron a sus principales referentes partidarios en el secretariado ejecutivo del FA (el secretario general, Eduardo Fernández, y el senador Rafael Michelini, respectivamente) y que el resto coloca dirigentes que “no tienen posibilidad de hacer acuerdos sustantivos sobre los temas críticos”. “Hay dirigentes que no tienen competencia delegada para hacer acuerdos políticos, y es muy difícil definir allí temas sustantivos”, consideró Nunes.
Respecto a la caducidad específicamente, la dirigente Blanca Elgart explicó que se resolvió “seguir buscando caminos para erradicar la ley antes de noviembre” (que es cuando los delitos prescribirían) y acotó que “el espíritu mayoritario no iba por el lado de la derogación” de la ley, aunque no se definieron mecanismos.
En la evaluación de coyuntura también se incluyó la discusión en torno a la aplicación de un impuesto a los grandes propietarios de tierras (ver página 5). Los socialistas estimaron que la propuesta del presidente José Mujica coincide con algunos planteos hechos por el PS en materia de redistribución de la riqueza, aunque algunos dirigentes cuestionaron la descoordinación que existió entre el primer mandatario y sus ministros en este tema.
Finalmente, los socialistas resolvieron insistir en el Senado con los cambios que habían propuesto en Diputados al proyecto de contratos de participación público-privada, entre ellos, modificar el artículo 6º, que contempla la posibilidad de garantizar ingresos mínimos a las empresas privadas.