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Eduardo Bonomi y Álvaro Garcé, durante una visita a las obras de la cárcel de Punta de Rieles. (archivo, agosto de 2010)

Foto: Javier Calvelo

Si esta cárcel sigue así...

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Políticos especializados en seguridad opinan sobre cárcel para 2.000 reclusos que proyecta el gobierno.

El comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, legisladores del oficialismo y la oposición y ex jerarcas del Ministerio del Interior entienden que la construcción de una cárcel para 2.000 reclusos, como ha anunciado el ministerio, no es la solución “ideal” pero es un paso en la dirección de solucionar la situación de hacinamiento en la que viven los presos.

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El martes 8 de junio de 2010, el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), quien fue presidente de la comisión interpartidaria de seguridad, dijo durante la votación de la Ley de Emergencia Carcelaria que “el señor ministro [del Interior, Eduardo Bonomi] ha sido muy enfático en cuanto a que las construcciones que se vayan operando tienen que ser para no más de 300 reclusos”. Luego el legislador agregó: “Esta administración no quiere más las megacárceles porque son una experiencia que claramente ha fracasado, no sólo aquí sino en todo el mundo”. “Naturalmente, cuando se hicieron nuestras actuales cárceles no había experiencia, por lo menos no tan grande como la que tenemos ahora”, remató.

Bonomi había señalado, en un artículo publicado por el portal digital de El Espectador el 6 de abril de 2010, que las cárceles de “alta seguridad no las prevemos para mucha gente”. Según había dicho, se proyectaban para “no más de 200 personas”, en tanto que las de “media y baja seguridad” se preveían para “no más de 300”. Las declaraciones de Bonomi se registraban en momentos en que seis empresas privadas le hacían ofertas al gobierno para construir establecimientos penitenciarios mediante acuerdos público-privados. En aquel momento Bonomi dijo que se les había planteado “la necesidad de hacerlas más grandes”. “Serían tres módulos de 300 personas con un centro de abastecimiento común, pero lo estamos estudiando”, dijo el jerarca.

Al parecer, la iniciativa privada tuvo éxito, ya que actualmente el Ministerio del Interior ha anunciado la construcción de una cárcel para 2.000 reclusos utilizando el proyecto de ley de asociación público privada, y, según dijo Bonomi el lunes, ya cuenta con 12 empresas interesadas.

Para el comisionado parlamentario carcelario, Álvaro Garcé: “Es preferible que se construyan centros de menores dimensiones, ya que son más fácilmente gestionables”. De todas maneras consideró que “hay que priorizar lo central, que es que van a continuar realizando inversiones en el sistema carcelario”. “Si bien sería preferible encarar la continuidad de complejos carcelarios más pequeños, el país tiene la posibilidad de superar la cifra de hacinamiento carcelario”, resumió.

Aunque la idea de la asociación público privada le parece “notable”, el ex subsecretario del interior y actual senador, el nacionalista Carlos Moreira, entendió que “es muy difícil manejar una cárcel tan grande, pero es caro hacer cárceles más chicas y además se necesitan muchos recursos humanos”.

El ex ministro del interior José Díaz explicó que en su administración la idea no era hacer grandes establecimientos penitenciarios por los “problemas que generaban”. No obstante, entendió que no le parece que una cárcel de 2.000 personas sea una “megacárcel”. Además, supuso que “dependerá del recinto y de que se le pueda dar cierta autonomía a cada módulo”.

Orrico dijo a la diaria, respecto de sus dichos del año pasado, que “había ambiente” en las comisiones interpartidarias para no construir una megacárcel. “Entre el ideal y lo que se puede, yo no puedo meterme”, entendió, aunque dijo que el proyecto dependerá de “cómo se haga”: “Tendría que hacerse de forma tal que en el mismo predio se pueda clasificar a los presos”. Al mismo punto se refirió el ex subsecretario del Interior Juan Faroppa. “Se podría trabajar mejor con pequeños establecimientos, pero eso no quita que se pueda hacer bien si se piensa en un lugar con capacidad para clasificar reclusos”.

Desde el Ministerio del Interior, el director general de secretaría, Charles Carrera, indicó que la capacidad del establecimiento responde a la cantidad de plazas que el gobierno necesitará en los próximos años, tal cual lo hizo saber Garcé en su informe de abril de este año. Carrera también hizo énfasis en que “adentro va a haber diferentes módulos, con talleres de trabajo, formación, edificios y un centro de clasificación que determine su pena en función de programas de rehabilitación”, y dijo que se utiliza el régimen de contratos de participación público-privada porque “si fuera con el régimen tradicional no se podría hacer porque no está en el presupuesto”. “No será una megacárcel sino que funcionará como un complejo”, indicó. Consultado acerca de la experiencia del Complejo Carcelario (Comcar), Carrera dijo: “No lo podemos comparar con el Comcar porque allí la gestión de por sí está mal”.

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