La elección popular de jueces fue introducida en Bolivia por la reforma constitucional redactada en 2007 y aprobada al año siguiente. Hasta ahora, la mayoría de los organismos judiciales están integrados por jueces designados por el Poder Ejecutivo. La innovación se aplica a los magistrados de los cuatro tribunales más importantes del país: el Supremo de Justicia, el Agroambiental, el Constitucional Plurinacional, y el Consejo de la Magistratura.
Según la ley electoral, la votación consta de dos fases. En una primera instancia, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe hacer una preselección de la cual surgirá una lista final con 125 postulantes, con equidad de género (para la elección del Tribunal Supremo de Justicia habrá una lista de mujeres y otra de hombres) y participación indígena. Así lo dispone la Constitución. Luego el Tribunal Supremo Electoral se encargará de realizar la convocatoria para las elecciones y de informar en exclusiva sobre los candidatos, lo que se ha convertido en uno de los puntos más polémicos de estas elecciones.
La Constitución Política del Estado Boliviano incluye un artículo en el cual especifica que ni los postulantes ni terceros podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, porque es el Tribunal Supremo Electoral el único responsable de difundir los méritos de los candidatos.
Para evitar que los jueces apliquen la justicia influidos por intereses electorales se prohibió la posibilidad de reelección, además de disminuir el período en el que ocupan su cargo de diez a seis años. Los candidatos tampoco pueden pertenecer a organizaciones políticas, algo que también dispone la Carta Magna y que busca diferenciar la elección judicial de las votaciones de cargos políticos, dijo al blog Fuera del Expediente Leticia Lorenzo, una argentina que fue asesora en la redacción de la nueva Constitución.
Este nuevo papel de la Corte Electoral, explicó Lorenzo, “abre la interesante posibilidad de que el órgano encargado de organizar la elección tenga, como parte de su trabajo, la función de organizar espacios de debate para que los postulantes participen y debatan sobre sus visiones de la administración de justicia y el rol judicial, mostrando sus méritos e idoneidad y permitiendo una decisión informada por hechos concretos”.
Propaganda oficial
La Ley del Régimen Electoral establece que el Tribunal Supremo Electoral debe difundir los datos personales y principales méritos -logros académicos, publicaciones, experiencia laboral, etcétera- de los candidatos. La difusión se hará a través de medios masivos de comunicación tanto privados como estatales, que deberán dedicar la misma cantidad de tiempo a cada uno de los candidatos en los 45 días previos a la elección, prevista para el 16 de octubre.
Los medios deberán dar a conocer la información de los documentos generados por la corte electoral. Si no lo hacen o dan a conocer una información diferente, serán sancionados con una multa y una inhabilitación para emitir propaganda electoral en los siguientes dos procesos electorales.
Tanto la oposición política como los medios de comunicación rechazaron esta limitación, que consideraron contraria a la “libertad de información” y que, aseguraron, deslegitimaba la elección.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, dijo que se impide la campaña porque la elección “no es de autoridades políticas, sino judiciales. Tienen que ser independientes e imparciales”, y si se hiciera campaña, se politizaría. Aún así, los medios –en su mayoría opositores al gobierno de Evo Morales- se reunieron con miembros del Tribunal Supremo Electoral y aseguraron que la población no sabría a quién votar si no se informaba de forma tradicional. Amenazaron con no participar en los debates propuestos por las autoridades electorales e incluso con no atenerse a las limitaciones.
Finalmente, el presidente Morales propuso a la Asamblea Legislativa que modifique el artículo de la ley que restringe la información brindada por los medios “para fortalecer y garantizar la información”. En la misma conferencia de prensa pidió a los medios que “todos los candidatos tengan derecho a la entrevista de manera igualitaria" y agregó: "Nadie puede tener ventajas mediáticas, ningún medio de comunicación puede apadrinar a algún candidato”.
El proyecto de modificación fue encargado por Morales al Tribunal Supremo Electoral. Ovando, señaló que se perfeccionó “el ejercicio del derecho a la información” aunque señaló que la modificación “no significa que este Tribunal esté reconociendo que la norma estaba vulnerando la libertad de expresión”.
A fines de mayo se derogó uno de los artículos de la ley, que prohibía a los candidatos participar en programas de radio y televisión. En esas apariciones públicas, autorizadas sólo para los primeros dos meses, los candidatos no podrán hacer campaña, sino sólo exponer sus méritos. Sin embargo, el que limita a los medios escritos y no les permite informar acerca de los candidatos no fue modificado.
El senador oficialista Eduardo Maldonado reconoció que si bien el cambio “pretende flexibilizar un poco”, permanece “alguna incongruencia en el texto”.
Fue Ovando quien volvió a aparecer frente a los medios y recordó que la prohibición refiere a hacer propaganda, y no impide que los medios puedan informar acerca del procedimiento electoral y demás cuestiones relacionadas a los comicios.
Con dureza
El período de inscripción para los candidatos cerró el sábado con 581 postulantes, que ahora deberán ser filtrados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, sostuvo que la cifra de inscriptos rebasó la expectativa del gobierno y demuestra que “se venció la campaña del miedo y desinformación e incluso de intimidación que ejercieron ciertos sectores políticos en las últimas semanas”.
Sin embargo, el diputado Andrés Ortega, de la opositora Convergencia Nacional, sostuvo que la cifra no es tan alta, y que la oposición esperaba 2.000 o 3.000 aspirantes. Tanto Ortega como su par Álex Orozco, de la opositora Unidad Nacional, indicaron que la falta de transparencia en todo el planteo electoral causó la que ellos consideran baja participación. “De 40.000 abogados que hay en Bolivia, sólo participaron en la inscripción algo más del 1%. No era atractivo para los juristas porque no ofrecía transparencia”, aseguró Orozco.
Justamente, otra de las dudas sobre estas elecciones es cuál será el criterio de selección que utilizará la Asamblea Plurinacional. Al respecto se ha destacado que al ser la primera vez que se celebran estas elecciones, se deben aprovechar también para sentar un antecedente que, si es efectivo, sea reiterado en las próximas elecciones.
La oposición argumenta que el oficialismo puede valerse de su mayoría de dos tercios en la Asamblea para imponer candidaturas afines al gobierno. Esto fue rechazado por las autoridades, que recordaron que el gobernante Movimiento Al Socialismo criticó la incidencia del Ejecutivo en las decisiones judiciales e impulsó la votación popular de los jueces con el objetivo de que fuera un método de elección más imparcial.
En este sentido, Linera aseguró que la preselección se hará de forma pública, invitando a los medios de comunicación y a observadores “como el Defensor del Pueblo y ciudadanos”. En un primer período la Comisión Mixta de Justicia Plural revisará si los candidatos cumplen con los requisitos, entre los cuales figuran que hayan ejercido la abogacía durante ocho años, que no tengan antecedentes penales ni deudas con el Estado, y tampoco militancia partidaria.
Después de la revisión, que según la presidenta de la Comisión en Diputados, Sandra Soriano, se hará en cinco días, se dará paso a las impugnaciones contra candidaturas y más adelante se hará una evaluación académica y de méritos de los candidatos. La Comisión concluirá su labor con la entrega un informe a la Asamblea Nacional que, a mediados de julio, se reunirá en pleno para elegir, con una mayoría de dos tercios, a los candidatos a ser electos en las urnas.
Los bolivianos votarán entre 125 candidatos para cada uno de los cuatro tribunales. En las listas a cada órgano judicial la mitad de los postulantes deben ser mujeres y en cada caso se toman distintas consideraciones para la inclusión de indígenas. De allí se elegirán 28 magistrados titulares e igual número de suplentes.
De las candidaturas, 190 corresponden a mujeres, y Linera aseguró que se alcanzó un alto número de indígenas. El mayor número de candidaturas (222) fue para formar parte del Tribunal Supremo de Justicia –que tendrá 18 jueces electos-, mientras las postulaciones al Constitucional Plurinacional fueron las menores, 78 (se elegirán14), informó el diario boliviano Cambio. Otros 14 magistrados serán electos para conformar el Tribunal Agroambiental y 10 para el Consejo de la Magistratura.
Consultado sobre si la mayoría del MAS en la Asamblea no generaría una segmentación de los candidatos, Ovando aseguró: “si el pueblo, en un proceso electoral, definió que esa agrupación política tenga los dos tercios de la Asamblea, es porque le da la credibilidad suficiente para participar en procesos como la elección de los magistrados”.