El senador y líder del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry presentará un proyecto de ley para prohibir, a partir de la fecha en que ponga en práctica la norma, la “minería en su modalidad cielo abierto”. El proyecto declara de “interés estratégico” los “yacimientos de sustancias minerales metálicas existentes en el subsuelo de la república, incluyendo la plataforma marina”, y sentencia que a partir de la fecha de su eventual aprobación “no se otorgarán permisos ni concesiones para las actividades de cateo, prospección, exploración y explotación de minería a cielo abierto de metales pesados [...] excepto en los casos establecidos específicamente en la ley”.
Entre las excepciones se encuentran los yacimientos que estén a más de tres kilómetros de cualquier población de más de 1.500 habitantes que se encuentren en zonas con índice Coneat 80 o inferior, que incorporen “un plan de cierre(s) de la(s) mina(s) que incluya una remodelación paisajística congruente con la existente previa a la explotación y que no usen “lixiviación con cianuro ni empleen sustancias químicas peligrosas para la salud o el ambiente”.
Bordaberry es un ferviente opositor del proyecto minero de la empresa Aratirí, cuya eventual instalación el presidente José Mujica propuso que se dirima en un plebiscito consultivo. Respecto a este proyecto, ayer el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA) Marcelo Abdala propuso cambiar las coordenadas del debate: “El problema no es Aratirí sí o no”, sino que lo que es necesario dilucidar es “de qué forma se apropia la sociedad uruguaya de una futura cadena de producción que deje mejor parado al país”. El dirigente explicó que nuestro país es rico en recursos geológicos e indicó que los yacimientos de hierro son de “excelente calidad”. Según dijo, es necesario que Uruguay genere “eslabones productivos para desarrollar industria siderúrgica nacional que permita, en complementación productiva con los países de la región, alimentar el desarrollo industrial de nuestro país”. Para Abdala, es necesario “desarrollar una discusión -con todos los actores involucrados- sobre de qué forma estos recursos implican la posibilidad de financiar nuestro proyecto propio”, estudiando la “nacionalización completa del subsuelo” y “de manera de que “todo el mundo pueda aportar para el beneficio de la nación”. También reconoció que desde su sindicato hay una postura crítica al proyecto de Aratirí, ya que la “exportación del mineral bruto” va en una misma línea que las exportaciones de materias primas sin valor agregado que hace nuestro país.
Desde la cámara minera, su presidente, Ignacio Salazar, advirtió a la diaria las consecuencias de eventuales nacionalizaciones y recordó la situación de países que hicieron procedimientos de este tipo, como Bolivia y Venezuela: “El interés de los inversores allí es muy bajo y cuando lo hacen buscan un retorno rapidísimo”.
También se refirió al razonamiento que hizo ayer en diálogo con la diaria el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Adolfo Bertoni, en cuanto a que en caso de nacionalizar la producción de hierro el retorno sería muy rápido, ya que Aratirí ganaría 1.500 millones de dólares por año. “Un negocio de este tipo, si fuera fácil, habría mucho más gente intentando llevárselo. Los negocios en la minería tienen altísimo riesgo y nunca se sabe exactamente cuánto mineral se va a sacar, por lo que muchas veces no logran su objetivo y pierden millones. Además, hay que tener en cuenta que si el precio del hierro y el tipo de cambio se modifica se puede pasar de una buena rentabilidad a la pérdida”, sostuvo.
Respecto a la propuesta de Mujica de plebiscitar el proyecto de Aratirí, Salazar dijo que aunque vivió en muchos países, nunca en su vida vio algo igual sobre un proyecto concreto. Según sostuvo, en caso de que la ciudadanía se pronuncie contra el emprendimiento, la discusión será “de qué manera se va a indemnizar a la empresa”.