Islandia busca establecer quiénes fueron los responsables que la llevaron a ser uno de los primeros estados del mundo cuyo sistema bancario entró en bancarrota en la crisis financiera internacional que comenzó en octubre 2008. En ese marco, ya hay varios banqueros tras las rejas y quien era primer ministro en ese momento, el conservador islandés Geir Haarde, de 60 años, podría seguir sus pasos. Fue notificado ayer de las acusaciones en su contra en una causa judicial que no se abrió por su gestión de la crisis, sino porque se entiende que no actuó a tiempo para prevenirla. Eso habría podido evitar que los tres grandes bancos del país se lanzaran en una carrera especulativa y terminaran colapsando el sistema financiero.
Los cargos que presentó la fiscalía en su contra son dos y le pueden valer dos años de cárcel. El primero lo enfrenta por no haber tomado medidas, algunas de las cuales eran recomendaciones del Banco Mundial, para “impedir los daños previsibles para los fondos públicos” a causa de la crisis financiera. El segundo cargo refiere a no haber cumplido el deber constitucional de informar al gobierno de la situación. “Durante este período hubo pocas discusiones en las reuniones ministeriales sobre el peligro inminente, y en las actas no aparecen referencias acerca de estos asuntos”, dice el auto de acusación citado por varios medios.
La comisión independiente que fue encargada de investigar lo ocurrido -y que llevó a que el Parlamento islandés autorizara en setiembre 2010 el juicio en contra de Haarde- concluyó que el jefe de gobierno y el gobernador del banco central ocultaron información clave a los ministros, incluido el de Hacienda. Además acusó al primer ministro de “negligencia extrema”.
En los años previos a la crisis, cuando Haarde ya gobernaba, las advertencias sobre una posible crisis financiera se multiplicaron. Un informe del mayor banco danés, Danske Bank, advirtió en 2006 que el sistema financiero islandés estaba creciendo a un ritmo enloquecido. Más tarde, en mayo de 2008, el prestigioso economista Bob Aliber, de la universidad de Chicago, fue tajante durante su visita a Islandia: “Les doy nueve meses. Sus bancos están muertos”. Pero el gobierno no tomó medidas y Haarde explicó más tarde por qué: “Podríamos haber causado pánico si hubiéramos dado la voz de alarma”. Haarde declaró ayer ante el Landsdomur, el tribunal especial que lo va a juzgar, que es una corte creada en 1905 para tratar asuntos relacionados con el gobierno, y que él estrenó. Fue el primer político en ser sometido a la autoridad de esa corte, que está integrada por 15 miembros: cinco jueces del Tribunal Supremo, el presidente de un tribunal de primera instancia, un catedrático de derecho constitucional y ocho ciudadanos designados por el Parlamento que son, por lo general, diputados.
Haarde dijo ayer a los medios islandeses, antes de ir a declarar, que considera ese juicio como una "farsa" y que es el "primer proceso" judicial con motivaciones políticas en la historia del país. Opinó que son "ridículas" las acusaciones y argumentó que las medidas que adoptó su administración antes del colapso económico "resultaron ser correctas".
Ahora que Haarde declaró y que fue notificado de los cargos en su contra, correrá un tiempo de reflexión para los integrantes de la corte, y para el ex primer ministro se inicia un plazo para presentar eventuales recursos y preparar su defensa. Por eso está previsto que el juicio comience en setiembre.
La “revolución silenciosa”
No sólo las características de este juicio son inéditas, sino también la manera en que Islandia respondió a la crisis que golpeó a varios estados.
En 2008, Islandia tuvo que nacionalizar su principal banco, la moneda se desplomó y la bolsa debió suspender su actividad porque el país estaba en bancarrota. Como muchos otros gobiernos, el islandés tuvo que solicitar la ayuda al Fondo Monetario Internacional.
En 2009, dos semanas de protestas populares frente al Parlamento terminaron por obligar al gobierno de Haarde a dimitir en bloque. El dirigente abandonó entonces la política por razones de salud, ya que le diagnosticaron un cáncer.
Hubo elecciones anticipadas que llevaron al gobierno a una coalición entre los socialdemócratas y la Izquierda Verde, encabezada por Jóhanna Sigurdardóttir, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir el gobierno islandés. El Partido de la Independencia, de Haarde, quedó en la oposición como segunda fuerza política.
La quiebra de los bancos islandeses en los que había importantes fondos británicos y holandeses generó una deuda colosal que recayó sobre Islandia. Una ley estableció que la devolución de la deuda a Gran Bretaña y a Holanda se haría durante un período de 15 años a 5,5% de interés, financiado por los impuestos.
Pero los islandeses volvieron a manifestar reclamando un referendo sobre la ley.
Como consecuencia de esas movilizaciones, en enero de 2010, el presidente, Ólafur Ragnar, usó el único poder del que dispone fuera de sus funciones protocolares: no ratificó la ley y decidió someterla a consulta popular.
En esa primera consulta, así como en un segundo referendo que se celebró en abril de este año, los islandeses se negaron a devolver a Reino Unido y a Holanda más de 5.900 millones de dólares, una cantidad que supone la tercera parte del Producto Interno Bruto islandés.
Se presentó como “revolucionario” el hecho de proteger los depósitos de la población, pero no los activos de los departamentos de banca de inversiones, que eran en su mayoría extranjeros. Pero en realidad, los montos de las deudas que esto hubiera generado hubieran superado la riqueza del país.
Esto no gustó para nada a Gran Bretaña ni a Holanda, cuyos gobiernos exigen la restitución de las inversiones de sus ciudadanos e instituciones que habían confiado en los bancos locales. Al día de hoy, este conflicto genera serios problemas al pequeño país nórdico que además se ve obligado a aplicar una severa austeridad presupuestaria.
Es candidato a ingresar a la Unión Europea y sus solicitudes están bloqueadas por esa contienda que terminará probablemente ante la justicia europea.
Mientras tanto, en este contexto de crisis, también se inició un proceso de reforma de la Constitución. La carta magna islandesa es una copia de la de Dinamarca, país del que se separó en 1944. Para eso hubo elecciones de una asamblea constituyente que debe plasmar las lecciones de la crisis en una nueva constitución. Pero hubo dificultades en la campaña electoral para elegir los integrantes de la constituyente y ante la falta de participación en las urnas, la asamblea quedó transformada en simple consejo que por ahora no entregó sus conclusiones.