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La última garganta

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PS discrepa con sociedad anónima de derecho privado para conformar operador ferroviario.

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La resolución final que tomó el Ejecutivo para remodelar AFE implica tres pilares: la creación de una dirección de transporte ferroviario en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; la administración y el mantenimiento de infraestructura a cargo del ente con recursos presupuestales y contrato de obras mediante el método tradicional o mediante la participación público privada y la creación de una sociedad anónima pública que operará en las vías, conformada 51% por el ente y 49% por la Corporación Nacional para el Desarrollo, que funcionará en la órbita del derecho privado.

El último punto ha sido cuestionado por la Unión Ferroviaria, pero también es la principal discrepancia en el Partido Socialista (PS). El diputado de ese sector Gustavo Bernini no considera “adecuado” que se opere en el régimen privado, ya que “con inversiones, voluntad política y capacidad de gestión perfectamente el operador puede ser AFE como ente autónomo”, y termina siendo un aspecto que “no nos permite dar un consenso” en la bancada oficialista.

Bernini, junto con el senador Daniel Martínez (PS) y el diputado Gonzalo de Toro (MPP), mantuvieron una reunión con Mujica poco antes de que el Ejecutivo optara por esta fórmula, según informó Búsqueda el jueves 2 de junio.

Para Bernini, las instancias políticas de negociación “se terminaron” tras la reunión que mantuvo la bancada legislativa del Frente Amplio con el ministro de Transporte, Enrique Pintado. En ese encuentro, se informó que comenzará la discusión del proyecto con los trabajadores.

Pero según pudo saber la diaria, en el PS también hay disconformidad por los cometidos que tendría la dirección de transporte ferroviario. “Estamos de acuerdo con esta unidad ejecutora, pero el contenido de esta dirección va mucho más allá de lo que debería ser”. Fuentes del sector expresaron que esta nueva oficina tendrá cometidos que le corresponderían a AFE, como el control de tráfico ferroviario. “Debería ser simplemente un instrumento de coordinación y, si fuese necesario, para subsanar controversias que se puedan llegar a dar con los clientes, pero no para dirigir el tráfico ni el uso de vías en la red férrea”, sostuvieron.

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