-¿Cuáles han sido los avances en política de derechos humanos impulsados por la presidenta Dilma Rousseff?
-Confío en que Dilma va a hacer lo que debe hacer, sabe perfectamente de qué se trata, pero recibió una herencia muy complicada del gobierno de Lula. Tuvimos ocho años de gobierno de José Henrique Cardoso y otros ocho de Lula en los que este tema no avanzó nada: Lula nunca recibió a familiares de los desaparecidos e influenció mucho para que siguiera el ministro de Defensa Nelson Jobim, quien es absolutamente contrario a la Comisión de la Verdad; él proponía una comisión de memoria, verdad y reconciliación. Pero la reconciliación trae exigencias: que el violador de los derechos humanos reconozca que es un violador, que inmediatamente pida perdón a sus víctimas, que podrán perdonar o no, es algo muy personal, y recién después de esto se puede pensar en reconciliación. Pero la Justicia hace falta, no se puede pasar por encima.
Adelantos y retrocesos
Dilma Rousseff defenderá la liberación de los archivos de la dictadura militar de Brasil. Así lo indicó Krischke a la diaria. El proyecto sobre el secreto eterno de los documentos que fue enviado por el Ejecutivo cerca del final del gobierno de Lula establecía que se mantengan ocultos por 25 años, renovables sin límite. En Diputados se limitó la renovación a una sola. En abril, Rousseff pidió que se acelerara el trámite parlamentario, pero cuando el proyecto fue evaluado en el Senado, la oposición de Collor de Melo y gran parte del aliado PMDB, incluido Sarney, se mostró favorable al proyecto inicial, y se generaron versiones de que la presidenta había cedido ante las presiones.
La presidenta “va a determinar que se apruebe en el Senado, sin la posibilidad de secreto eterno”, vaticinó Krischke. “Es una señal importante de Dilma, que parece decir ‘no, señores, tenemos que avanzar en esto’”.
Consultado por el diario Folha de São Paulo sobre este asunto, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, aseguró que los documentos de la dictadura “ya desaparecieron, fueron quemados”, por lo que “no habría ningún problema” si se autoriza la liberación de archivos ultrasecretos. Acerca de la versión de Jobim, sostenida durante años por mandos militares y de gobierno, Krischke aseguró: “Es una gran mentira, han aparecido documentos". Y recordó: "En octubre la Fuerza Aérea, que siempre dijo que los había quemado, presentó casi 60.000 documentos al Archivo Nacional".
-¿Cree que la Comisión de la Verdad obtendrá resultados?
-El proyecto de ley para crear la Comisión de la Verdad que está en el Congreso no nos sirve por varias razones muy sencillas. Primero, el plazo a ser investigado es larguísimo, desde 1946 hasta 1988, y a nosotros lo que nos importa es desde 1964, el año del golpe, hasta 1985, el año de la redemocratización, lo que acortaría bastante el período a ser investigado. Segundo, la comisión del proyecto se compone de siete miembros y cada uno puede tener dos auxiliares, ¡y tiene que examinar todo el período en apenas dos años! Para nosotros el período debe ser menor y si quieren mantener siete miembros, bien, pero que cada uno tenga cinco o seis auxiliares y que el plazo sea más largo, podría ser de tres o de cuatro años [ya está pautado un encuentro con el gobierno para debatir estos puntos]. Porque si no, estamos frente a una trampa, pasarán los dos años, no se lograrán resultados reales, porque es absolutamente imposible, y nos dirán: “Ustedes querían Comisión de la Verdad, el resultado es éste, se terminó”.
-¿Existe voluntad política para crear la Comisión?
-El proyecto está en el Congreso y el gobierno de Dilma, como tuvo el de Lula, tiene la mayoría en las dos cámaras, que aprueban lo que el Ejecutivo quiere. Es verdad que en la alianza del gobierno hay un rechazo interno a la aprobación [en referencia al Partido del Movimiento Democrático Brasileño -PMDB-, el mayor aliado y el más conservador del gobernante Partido de los Trabajadores], y el ministro de Defensa es de ese partido, entonces es más complicado aun. Hubo un primer momento en el que el ministro de Defensa amenazó con retirarse junto con los comandantes de las tres fuerzas.
-Se está debatiendo la liberación de documentos del Estado del período de la dictadura...
-No son los archivos de los militares sino los del Estado, porque hasta 1999 no existía el Ministerio de Defensa y los comandantes de las fuerzas eran los ministros. El relator de este proyecto en el Senado es Fernando Collor de Melo [presidente entre 1990-1992], quien recibe el proyecto y dice: “No, no, esto no es posible, es un riesgo”. Inmediatamente, el presiente del Senado, José Sarney [presidente entre 1985-1990], comparte la opinión de Collor, lo que generó gran oposición, por lo que Dilma -esto es una especulación mía- retrocedió un poco para ver el escenario político más ampliamente.
-¿Por qué genera tanta oposición la apertura de estos archivos?
-Porque también están los archivos de Itamaraty [la cancillería] y con respecto a esto hay temores porque en el seno de Itamaraty, durante la dictadura, fue creado de manera absolutamente ilegal y clandestina un centro de inteligencia del exterior que ni siquiera existió en la estructura legal del ministerio. El servicio fue creado por el embajador Piu Correa, quien estuvo en Uruguay. En el libro La Cia por dentro: diario de un espía, de Philip Agee, quien fue agente de la CIA en Montevideo, se relata cómo fue el proceso: en abril del 64 empiezan a llegar a Montevideo los brasileños para el exilio, João Goulart, Leonel Brizola y algunos ex ministros; entonces, según el libro, Agee pidió ayuda porque era mucha gente para vigilar él solo. Entonces mandan a Piu Correa a Montevideo, y estoy seguro de que desde ahí este señor empezó a crear este servicio de inteligencia dentro de Itamaraty. Después sale hacia Buenos Aires. La mayoría entiende que la Operación Cóndor nació a fines de 1975 en una reunión de Santiago de Chile, yo diría que ahí fue la formalización, porque Brasil ya practicaba operaciones militares en la región desde 1970.
-¿Qué expectativas tiene respecto a los pasos que podría dar gobierno de Rouseff?
En el pequeñito Uruguay, el último presidente de la democracia [Juan María Bordaberry] y de la dictadura [Gregorio Álvarez] están presos, al igual que Juan Carlos Blanco [canciller], y en Brasil ni el cabo de la guardia fue molestado alguna vez. Cuando se toca el tema de la dictadura en Brasil los militares pegan tres o cuatro gritos y se detiene. Es interesante, porque hoy en día ninguno de los comandantes de las fuerzas está relacionado con la dictadura, estaban en la academia o recién salidos, pero sigue el espíritu del cuerpo militar, equivocadísimo, de proteger a estos militares que cometieron crímenes de lesa humanidad. Es terrible, pero es así. Aun así, pienso que Dilma no lo va a dejar pasar, por su perfil, por su manera de ser, confío en que con ella vamos a poder avanzar.