Mañana por la mañana el coordinador del PIT-CNT Juan Castillo y el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) Richard Read informarán al secretariado ejecutivo de la central sobre el acta que el Ministerio de Economía y Finanzas les entregó a los dirigentes el jueves. En ésta se establece la creación, a voluntad de la central, de una comisión bipartita entre el Ejecutivo y los trabajadores para que se les brinde información a estos últimos en los casos en que aparezcan iniciativas de proyectos de Participación Público Privada (PPP).
Ese mismo día, pero de tarde, en la mesa representativa se votará la iniciativa del departamento de estatales y municipales del PIT-CNT de realizar un paro general parcial el 28 de julio. En la edición de la diaria del viernes 15 de julio Castillo se mostraba “preocupado” porque a nivel sindical en los últimos tiempos “alcanza con tener un voto más en algún organismo para pasar por encima de los demás”. De las consultas hechas por la diaria a los sindicatos que componen la mesa se desprende una votación ajustadísima, en la que quedarían dos posiciones claramente definidas, una a favor y otra en contra del paro. Algunos dirigentes han realizado esfuerzos para que se logre una solución con el mayor consenso posible, aunque basta con una mayoría simple para resolver si llevar a cabo o no la medida.
Dentro de los sindicatos que apoyan el paro hay una fuerte masa de gremios estatales -que fueron los que impulsaron la medida-, aunque no hay unanimidad. En el sector privado las opiniones están divididas. Si bien el encargado de estatales del PIT-CNT, Alejandro Laner, sostuvo que “en principio todos los públicos votarían el paro”, entre éstos hay algunos sindicatos que se opondrán a la medida, como la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (que incluye a trabajadores públicos y privados) y la Asociación de Funcionarios Judiciales. En este último gremio, su representante ante la mesa representativa, Gustavo Signorelle, había sido el único en oponerse a bajar la discusión a la interna de cada uno de los sindicatos en la mesa representativa pasada: “No es oportuna la medida cuando la ley ya está votada”, entendió el dirigente.
También el presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social dijo que se inclina a ser contrario a los “paros póstumos”, aunque su sindicato resolverá hoy qué postura tendrá el miércoles. “No parece lo más inteligente. Es una discusión que no manejamos bien como Mesa Sindical Coordinadora de Entes”, sostuvo, y recordó: “El 11 de mayo, cuando hicimos un paro por esta norma, si no hubiera sido por la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines nuestra convocatoria hubiese sido una vergüenza”.
Pero el peso pesado de los públicos quiere el paro. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y el grueso de la Mesa Coordinadora han sido los principales impulsores de la medida, aunque este segundo grupo se reunirá hoy para analizar la nueva situación, que contemplará el acta conseguida por Castillo y Read con el MEF. “Estamos viendo todas las alternativas, pero apoyaríamos el paro”, dijo Ismael Cortazzo, de la Federación de Funcionarios de OSE.
Entre los privados la cosa también está dividida. Desde la Unión de Obreros Curtidores, el dirigente Leonardo Cavia entendió que es necesario “hacerle notar al gobierno que el movimiento sindical no está de acuerdo con esta ley”. También para Washington Beltrán, de la nión Autónoma de Obreros y Empleados del GAS, “estas asociaciones y concesiones son formas de privatizaciones”. Otros sindicatos pesados como la Unmtra también son favorables al paro, aunque según dijo su referente, Marcelo Abdala, buscarán “la salida que genere el mayor consenso”. No faltan tampoco sindicatos que proponen extender el paro parcial a uno de 24 horas, como la Sindicato de Artes Gráficas o la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay.
Del otro lado, sindicatos como la FOEB y la Federación de Obreros, Papeleros, Cartoneros del Uruguay -también podría sumarse la Federación Uruguaya de la Salud, FUS- consideran inconveniente la medida. “Tiene que haber un conocimiento mucho más profundo de lo que significa la ley de PPP”, dijo el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez. En una misma línea, Read consideró que “se dio una negativa a la ley de PPP sin haberla discutido, por lo que no compartimos la mecánica del proceso”.