Por pudor, los nombres de dos políticos se omitirán a continuación. Es seguro que los dichos suyos que se reseñarán los avergüenzan en algún rincón de sus conciencias. Es inevitable, pues sus palabras carecen de la compasión que debería acompañar la acción política. Pero los dos declarantes mostraron sus planteos como inexpugnables y se ganaron el aplauso entusiasta del anillo más barra brava de la tribuna. Mayoritario o minoritario, no importa. No importa tampoco si lo hicieron con la intención de ganar popularidad o por convicción. Lo que distingue a estas afirmaciones es su crueldad, que debió atormentarlos más allá de la impasibilidad aparentaban ambos.
El primer caso ocurrió en La Tertulia de El Espectador en noviembre pasado, en referencia a un muchacho de 17 años que había cometido su tercer homicidio. El dirigente cuya identidad se omite, y cuyo conocimiento sobre muchas materias es incuestionable, dijo: “La ruptura de este joven con la sociedad es de tal grado que no puede formar parte de la misma. Lisa y llanamente, hay que erradicarlo de la sociedad, y hay dos fórmulas: una es la [cadena] perpetua, y la otra habría que ir a Irán, China [países donde rige la pena de muerte, incluso a menores de edad] o algún estado de Estados Unidos para ver cuál es la solución. Pero [aquí identifica al menor por su apelativo] no tiene recuperación, y la izquierda se merece un profundo debate sobre qué es lo que se hace con los que no tienen recuperación. [Éste u otro contertulio, indistinguible en la grabación, acotó entonces: ‘Yo propongo que no sea como en China, que (el condenado a muerte) tiene que pagar la bala’, lo que causó una breve hilaridad.] No tiene recuperación y sería bueno que una nueva discusión fuera sin jugar a las barbies, como venimos haciendo de un tiempo a esta parte. […] Hay que dejarse de embromar, hay que asumir que hay tipos que no tienen recuperación. Si alguien le quiere dar una chance, entonces una chance tenés y si no, fuiste, viejo.”
El segundo caso ocurrió el 27 de octubre pasado. En rueda de prensa, un legislador opuesto a la desactivación de la Ley de Caducidad dice: “La OEA tiene un pasado siniestro en violación de derechos humanos. Es muy probable que se multipliquen [las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos]. Yo no sé lo que va a pasar, este… Yo creo que sí, porque esto se está transformando también, a mi juicio, en un gran negocio, ¿no? Yo ya sé que hay cantidad de gente que no tuvo nada que ver con nada, familiares lejanos, porque puede ir a reclamar hasta el cuarto lazo consanguíneo de acuerdo con las normas que yo sé, porque me están pidiendo a mí mismo que salga de testigo. Pero sé que es gente que no ha tenido nada que ver con su pariente muerto. Mejor dicho, estaba en contra. Pero hay mucho dinero en juego.” Ese mismo día, también sostuvo que “muchas reclamaciones” por crímenes de la dictadura “se hicieron y se hacen no con un fin de justicia, sino por objetivos económicos”.
La libertad de expresión es un derecho básico. Lo trágico del asunto es que el primero de los declarantes fue designado director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, a cargo de la rehabilitación de los menores en conflicto con la ley, incluidos aquellos a los que cree “irrecuperables”, aquellos sobre quienes considera la posibilidad inconstitucional de encerrarlos de por vida o asesinarlos. El segundo será a partir de mañana martes ministro de Defensa, con cierto mando sobre los archivos con detalles de crímenes de la dictadura, sobre militares activos o retirados que participaron en ellos o son cómplices por su silencio, sobre fuerzas e instituciones, incluso educativas, que aún justifican la usurpación del poder político y la represión ilegal. Es decir, un conjunto de ciudadanos que encuentran en los dichos de su inminente jefe un nuevo argumento para mantener el silencio sobre esos delitos.
Ya es sacarle jugo a una piedra discutir si lo que dijeron estos dirigentes cuyo nombre se omite es de izquierda, de centro o de derecha, o si es radical, liberal o conservadores. Se puede (se debe) discutir si esos dichos son decentes. Se debe discutir si quienes piensan esas cosas pueden desempeñar los cargos que les serán asignados. Lo que dijeron no tiene nombre. Sus designaciones sí: tienen la firma del Directorio del INAU y del Presidente de la República.