Hay ciertos nichos en el mercado laboral uruguayo en los cuales mostrarte más malo que la competencia te da ventajas. Uno de ellos es el de los creadores de avisos publicitarios de grappamiel: al anuncio “y pensar que me habían dicho...” le siguieron “¿pero querés tomar un bueeen trago?”, “qué bien la estamos pasando...”, “hola, mi zapatito... pubishita la bebita...”, “¿dónde estás? hace una hora que me ibas a llamar”, “¿y, abuelo? ¿todavía no probaste la grappamiel?”, para rematar con invitaciones a la arcada como “¿conoce a la vedette?”, “vení que te abro como una flor, abeja, ¡qué te hacés la reina!”, “flaco, no me rompas el protocolo” y “a mí me gusta de las dos maneras”. Cada vez peor. Para colmo, su eficacia es muy discutible.
Otra área profesional donde muchos creen que hacerse el malo rinde es la política. El ex ministro del Interior Guillermo Stirling hablaba de “tolerancia cero” a la usanza neoyorquina, consigna recogida por el hoy líder colorado Pedro Bordaberry, y el actual ministro Eduardo Bonomi redobla la apuesta con “megaoperativos de seguridad”. Bordaberry propuso reducir la edad de responsabilidad penal a 16 años, y Bonomi, que está en contra, retruca con que los contenedores de metal donde se alojó a menores hasta que la Justicia lo prohibió son “menos problemáticos que algunas construcciones”, según un comunicado oficial. En los 40 años anteriores al primer gobierno del Frente Amplio se reprimió de manera brutal el derecho a la manifestación pacífica, y el actual lo hizo dos meses después de inaugurado dando palo en un festejo deportivo, y sólo dos de los 290 detenidos entonces resultaron procesados.
Pero hablando de grappamiel y del daño que hace a la cabeza (sus avisos, no su ingesta), la cuestión con la que el Poder Ejecutivo se comprometió este mes a mostrar más cara de malo es el “consumo abusivo de alcohol”. El prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, se preocupó en distinguir ese concepto del “alcoholismo”, pero no lo definió. Se limitó a señalar que ambos son “problemas graves”, que el gobierno propondrá al Parlamento reducir a cero la cantidad de licor en el organismo de quienes conduzcan vehículos, así como otras normas para retardar la edad de inicio de en que se consume y aplacar la violencia que se le atribuye.
Nada novedoso. Hace tres años, la presidencia de Tabaré Vázquez llegó a elaborar su Proyecto de Ley Nacional de Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol, Regularización de la Oferta, Promoción, Venta y Expendio de Bebidas Alcohólicas. La presentó en público también poco antes del 24 de agosto, la noche de los sin noche, el momento del año en que aquellos que rara vez se toman una copita aprovechan para desconarse. La iniciativa habría ordenado a los comerciantes obtener un permiso del gobierno “de carácter personal, precario y revocable por razones de interés general, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna”, habría restringido la publicidad de las bebidas, los horarios en que podrían comprarse, en qué condiciones y los tratamientos que se impondría a quienes sufrieran de “consumo problemático de alcohol”. Gran parte de su aplicación habría dependido de la regulación del Poder Ejecutivo.
Los supuestos sobre los que se redactarán las nuevas iniciativas son otros, pero también tienen sus lagunas, además de la falta de discernimiento entre un alcohólico y un borracho de ocasión. El gobierno tendrá dificultades si pretende concebir una campaña de educación y propaganda más intensa que la actual para convencer a los 20.000 adolescentes de entre 13 y 17 años que, de acuerdo con las cifras oficiales, abusan todos los fines de semana del alcohol. Además, si el Estado ha fracasado en su intención de impedir que los comerciantes adultos les vendan el producto a esos muchachos y muchachas fue por su incapacidad de hacer cumplir normas en vigencia, y no porque se precise sancionar otras.
Hoy se admite que cada litro de sangre de un conductor de vehículos contenga hasta 0,3 gramos de alcohol. La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) asegura que 0,2 gramos por litro tienen efectos “ostensibles” en la capacidad de manejo, y advierte que 40% de los accidentes fatales es causado por el consumo de bebidas alcohólicas. Para que una ley tan radical se base en datos científicos y no en supuestos, no estaría de más desglosar ese porcentaje por la cantidad de licor que había ingerido el causante. Las cifras pueden convencer, pero se precisa afinarlas.
Pero lo más complicado para el gobierno será explicarle al 82% de los habitantes del país que, según sus propios cálculos, tiene un “problema”. Que es “problemático”. Que “afecta la convivencia entre los uruguayos”.
Es que el porcentaje parece demasiado elevado. Capaz que el problema es de quienes lo calcularon. De cualquier manera, dentro de un rato vendrán otros que pondrán más cara de malos que los defensores de la abstinencia. Y quizás sean tan detestados como el de la polerita.