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El presidente de Perú, Ollanta Humala, saluda a un grupo de personas, el martes en la provincia de Bagua , donde promulgó la ley de consulta previa, que obliga al Estado a consultar a las comunidades nativas antes de aprobar proyectos de desarrollo en sus tierras.

Foto: Efe, Presidencia de Perú s/d de autor

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El Ejecutivo peruano promulgó la ley de consulta previa, reclamada por los pueblos indígenas.

La ley de consulta previa, que obliga al Estado a consultar a los pueblos nativos antes de aprobar proyectos de desarrollo en sus tierras, fue promulgada por el presidente peruano, Ollanta Humala, dos años después de que pusiera el tema en la agenda una violenta protesta que dejó 34 muertos en la Amazonia peruana.

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“Hoy estamos dando un paso importante en la construcción de una nación, de una república. Es una ley largamente esperada y postergada del congreso anterior, en el cual, por intereses económicos, en algunos casos, y por miedo a consultarle al pueblo, se opusieron y no permitieron que esa ley se diera”, dijo el flamante presidente peruano, Ollanta Humala, al promulgar la ley de consulta previa en un lugar emblemático, la provincia de Bagua, en la región de Amazonas.

La norma fue aprobada en forma unánime por el congreso en agosto, pero fue promulgada el martes y, para hacerlo, Humala eligió el lugar donde hace dos años se desató el llamado “Baguazo”, una protesta de las comunidades indígenas de la Amazonia en reclamo de que se aprobara una ley de ese tipo para garantizar sus derechos colectivos. Éstos están reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al que suscribió Perú hace 16 años. El 5 de junio de 2009, la movilización indígena, durante el gobierno de Alan García, terminó con enfrentamientos en las afueras de la ciudad de Bagua que dejaron 34 muertos, de los cuales 24 eran policías.

La norma, según explicó Radio Programas del Perú, establece que el diálogo entre las comunidades y el gobierno deberá desarrollarse en el idioma de las primeras. Además, el acuerdo que resulte del proceso de consulta será “de carácter obligatorio para ambas partes”. Si no se alcanza un acuerdo, las entidades estatales quedarán encargadas de tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, la integridad y el pleno desarrollo de los pueblos indígenas.

Además, la ley incluye otras medidas como la creación de una base de datos de las comunidades indígenas que incluya informaciones relevantes, el establecimiento de un mapa etnolingüístico que permita determinar el hábitat de los distintos pueblos, su modo de organización, estilo de vida, líderes, etcétera.

Humala dijo que lo que más importa no es la ley sino “la construcción de una república que respete a todas sus nacionalidades en todo el territorio”. No obstante, según el diario peruano La República, el mandatario también pidió que no se abuse de esa ley ni se la desvirtúe ya que su finalidad es el desarrollo de los pueblos originarios.

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