Gabriel Kaplún, director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, dijo a la diaria que en la izquierda hay, básicamente, dos posturas en juego: la que defiende un control estatal total sobre internet y la que plantea que, si bien el Estado debe tener un fuerte rol regulatorio, no debe controlar todos los aspectos, entre ellos el de los contenidos.
En una entrevista publicada el viernes 2, el viceministro de Industria, Edgardo Ortuño, manifestó a Brecha que la postura de esa cartera no está en la línea de un control y regulación de los contenidos personales de internet, aunque tampoco existe una visión liberalizante que inhiba la intervención del Estado. Ortuño agregó que debe haber "un rol claro de regulación, impulso y planificación por parte del Estado pero, al mismo tiempo, respetando las garantías y los derechos individuales". En referencia a las diferencias entre Dinatel y Antel, Ortuño atribuyó como "falta de información" a aquellos que hablan de una política centralizadora por parte de la empresa estatal de telecomunicaciones.
Lejos de eso, el integrante de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) Ruben Hernández señaló a la diaria que una "línea dura" en la izquierda, entre las que se encuentra la presidenta de Antel, Carolina Cosse, "quiere imponer el modelo de estatización total de internet". Consultado al respecto, Gabriel Molina, presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), señaló que el Estado "debe ser un firme regulador y controlador de todo lo que circula en el espacio aéreo, que es propiedad de todos los uruguayos”. “Nosotros no estamos planteando estatizar absolutamente nada porque no hay condiciones en el país para hacerlo, pero sí se debe controlar”, sentenció el sindicalista, militante del Partido Comunista del Uruguay.
Molina prefiere no diferenciar entre modos de regular medios de comunicación audiovisuales e internet. Sobre este punto, criticó la decisión de Dinatel de impulsar una ley de medios y otra de telecomunicaciones. El dirigente de Sutel se refirió a que existe una comisión de telecomunicaciones del FA -que Gómez también integró- que fue diseñada para abordar los dos temas en conjunto y no por separado, como se presentó la iniciativa legislativa. La Coalición por una Comunicación Democrática, por su parte, plantea que el Estado debe jugar un rol neutral, ya que considera peligroso para la libertad de expresión que un actor pueda definir qué contenidos circulan por la red.
La hora del debate
El diputado Julio Battistoni sostuvo que si bien su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), está analizando estos temas, la discusión no ha logrado ampliarse a todo el FA porque faltan conocimientos técnicos. “Es un tema de difícil acceso. El componente técnico tiene un peso muy grande en la decisión política”. Battistoni planteó que ya está establecido el rol monopólico de la empresa de telecomunicaciones mediante un plebiscito, y se manifestó en contra de la competencia con privados en la oferta de servicios de internet.
A su vez, remarcó la necesidad de contar con una Ley de Telecomunicaciones que defina mejor el rol de la empresa estatal.
El senador y ex ministro de Industria Daniel Martínez (Partido Socialista) señaló que es indudable que quien determina las políticas es Dinatel (un organismo creado durante su gestión ministerial) y que Antel las ejecuta. En cuanto al rol del Estado en materia de telecomunicaciones, aclaró que él está participando de las discusiones, pero aclaró que es un tema que “genera diferencias en el FA”.
Por su parte, el director colorado de Antel, Carlos Guaraglia, recordó que el programa de su partido toma postura por la libre competencia entre actores públicos y privados, y sostuvo que las políticas de comunicación están en la órbita del Poder Ejecutivo, algo que está reflejado en la última asignación presupuestal. Guariglia opina que “se desplumó” al anterior órgano regulador, la Ursec, y que los cometidos regulatorios pasaron exclusivamente a Dinatel. Consultado sobre una futura ley de telecomunicaciones, el ex presidente del Tribunal de Cuentas planteó la necesidad de incluir a Antel en la discusión.
Las diferencias en la interna del FA se trasladaron al PIT-CNT. Su secretariado ejecutivo resolvió crear una comisión para acercar las posturas de APU y Sutel. Brecha había publicado que la central sindical no adhirió a la carta en repudio a la destitución de Gómez impulsada por la Coalición por una Comunicación Democrática, debido a presiones provenientes desde Sutel.
El presidente de ese gremio, Molina, prefirió no hablar de la gestión de Gómez y planteó su acuerdo con la política general de comunicación llevada adelante por el gobierno, mientras que el dirigente de APU Ruben Hernández, que integra el MPP, no se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de que el PIT CNT logre una única posición al respecto.
Otro tema pendiente es quién ocupará la dirección de Dinatel. la diaria pudo confirmar que, si bien hubo ofrecimientos para el cargo, nadie aceptó hasta el momento. Hernández considera que el ministro Kreimerman y Cosse quieren poner un técnico “que tenga perfil bajo y que no moleste”. Sobre este punto, Kaplún indicó que prefiere que no sea un ingeniero quien ocupe el cargo, y que debería ser alguien que domine el tema de políticas públicas, y no únicamente los aspectos técnicos de la comunicación.
Molina opinó que se debe seguir con la misma línea en materia de comunicaciones pero que se debe coordinar con la comisión del FA para trabajar en un único proyecto de regulación. Por su parte la coalición solicitó una entrevista al ministro Kreimerman para saber de primera mano cuál será la política de comunicación del gobierno de ahora en adelante.