Libia es un país tribal y la mayoría de su población es de religión musulmana. Por eso, el proyecto constitucional aprobado por el gobierno provisorio de los rebeldes, intenta prever las dificultades que eso conlleva y dar garantías a sus socios. El primer artículo de ese texto, que debe dar una base legal a la transición, da la pauta de esa intención: "Libia es un Estado democrático independiente donde todos los poderes dependen del pueblo. Trípoli es la capital, el Islam es la religión, la Sharia [la ley islámica] es la fuente principal de la legislación. El Estado garantiza a los no musulmanes la libertad de realizar sus ritos religiosos. El árabe es el idioma oficial, al tiempo que se garantizan los derechos lingüísticos y culturales de los Amazighs, los Tabus, los Tuaregs y los componentes de la sociedad libia".
En ese documento, publicado por el portal francés de información L'Express, la autoridad política de los rebeldes, conocida como Consejo Nacional Transitorio (CNT), se autodenomina "Consejo Nacional Transitorio Interino", como para reafirmar su carácter provisorio.
El lunes, el presidente del CNT, Mustafá Abdel Jalil, en la Plaza Verde de Trípoli, rebautizada Plaza de los Mártires, subrayó algunos puntos del proyecto constitucional aprobado el 3 de agosto. Prometió ante unos 10.000 seguidores construir una democracia moderna, cuya principal fuente de legislación sea la Sharia, la ley islámica basada en el Corán, pero dijo que se plasmará en una interpretación "moderada" del islam.
Más temprano, en una conferencia de prensa, el representante de los rebeldes aclaró que el nuevo gobierno, anunciado para dentro de diez días, no será "un gobierno de transición al uso, sino una autoridad ejecutiva con una serie de objetivos. No habrá gobierno transitorio hasta que toda Libia sea liberada". Las ciudades libias de Bani Walid, Sirte, Jufrah y Sabha todavía son fieles a Gadafi.
Jalil también pidió, en la plaza central de la capital, evitar las represalias y la justicia por mano propia: "Necesitamos que funcionen pronto los tribunales y que ellos decidan".
En la lucha por Libia
Amnistía Internacional publicó ayer su primer informe sobre el conflicto libio. En el documento, titulado “La lucha por Libia: homicidios, desapariciones y torturas”, la organización de defensa de los derechos humanos denuncia los crímenes de los seguidores de Gadafi -de los que se habla desde hace meses- basándose en unos 200 testimonios. Pero también denuncia crímenes de guerra y contra la humanidad de los rebeldes.
El informe aclara que las atrocidades cometidas por los opositores a Gadafi son minoría, pero reporta “brutales ajustes de cuentas” y el linchamiento de soldados gadafistas cuando sus tropas fueron expulsadas del este del país. La organización también se refiere a ejecuciones de extranjeros sospechosos de ser mercenarios subsaharianos a las órdenes de Gadafi. Relata que cientos de libios fueron detenidos por los rebeldes en sus casas, su trabajo o en la vía pública, y que muchos fueron golpeados, insultados o heridos de bala. En ese marco, la organización humanitaria aconsejó al CNT que se juzguen esos crímenes.
Por otra parte, las Naciones Unidas lamentaron que la declaración constitucional redactada por el CNT no le otorgue suficiente espacio a la igualdad de género. El lunes, Jalil habló a las mujeres jóvenes, según el corresponsal en Trípoli del diario español El País, y les dijo: “Somos una nación musulmana, con un islam moderado y vamos a mantener eso. Están con nosotros y nos apoyaron, son el arma contra cualquiera que trate de secuestrar esta revolución”.
En el proyecto constitucional no aparece la palabra “mujer”, y la única mención al tema es el artículo seis: “Los libios son iguales ante la ley [...] sin distinción de religión, doctrina, idioma, riqueza, sexo, ascendencia, opiniones políticas, estatus social, pertenencia tribal, regional o familiar”.