-La Mesa Política del FA respaldó el lunes las acciones del Ejecutivo y se comprometió a impulsar las iniciativas necesarias para cumplir con la sentencia. ¿Cómo se posiciona ante este escenario?
-No tengo ninguna postura distinta. Si me preguntás una opinión sobre este tema tengo que decir que hoy los hechos que están ocurriendo certificaron la corrección de mi posición. El Ejecutivo pasó a la Justicia todos los casos que habían sido amparados por la Ley de Caducidad, la Justicia está interviniendo, hay casos como el de (Vladimir) Roslik que se está tratando de ubicar el expediente. Nos queda el problema de la prescripción. Es imprescindible que el Parlamento tome una posición respecto a la prórroga del 1º de noviembre. Hay varias fórmulas que se están manejando. No quiero hablar sobre cuál es el camino porque el FA está conversando con el Partido Nacional sobre este tema, y hay posibilidades de acuerdo para que se tome una medida en conjunto, que va a tener mucho mayor respaldo parlamentario y por consiguiente más respaldo ciudadano. La CIDH habla de que los delitos son de lesa humanidad y de eso no hay duda. En alguna de las fórmulas eso debe dejarse claramente establecido. Pero expedirme sobre una u otra entorpece una negociación que yo quiero que llegue a buen puerto.
- Sugería que el fracaso del interpretativo mejoró la situación...
-Exacto. Llegamos a esta situación, que va a resolver perfectamente el tema, habiendo respetado la voluntad ciudadana; de la otra manera no. Ahora tenemos la ventaja de que este camino que se está transitando me está dando la razón en mi posición porque, justamente, se respeta esa voluntad.
-El presidente José Mujica dio una señal de respaldo al FA. ¿Cuánto influye esto en su postura?
-Lo que piensa el presidente no me juega en ningún sentido. Me juegan mis convicciones, mi conocimiento y el cotejo de caminos. Si el presidente hubiera dicho que no, yo estaba diciendo que sí y eso quiero que quede claro. Me ata la opinión del presidente sólo cuando coincide conmigo.
-Pero cuando el interpretativo volvió a Diputados, usted dio un paso al costado para acatar lo que dijo Mujica, luego de que éste informara su desacuerdo a la bancada oficialista en el Parlamento.
-Esa afirmación es un gravísimo error suyo. Tengo un documento donde seis meses antes de la opinión del presidente estábamos diciendo lo mismo que dijimos el día que no votamos. Y si lee las actas de Diputados cuando se votó por primera vez, yo abrí el camino para que esto luego no fuera votado.
-¿Debe derogarse la Ley de Caducidad?
-Ése es un elemento de mi propuesta que va a quedar pendiente hasta que esté resuelto lo de la prescripción. Hay que derogar, pero la derogación hoy no tiene un sentido efectivo y práctico inmediato. Cuando al presidente le pasen un caso lo va a pasar a la Justicia, pero como los partidos no tienen adquiridos el gobierno y las administraciones en forma indefinida, hay que derogarla porque mañana podría darse el caso de que otro gobierno -aunque esperemos que no- dejara nuevos casos amparados bajo una ley declarada inconstitucional.
-¿Ya fue citado por el Tribunal de Conducta Política?
-Me citaron y dije que para ir iba a poner determinadas condiciones. Le escribí una carta al presidente (del FA, Jorge Brovetto) diciendo cuáles eran las condiciones. Ha pasado un mes y medio y hasta el día de hoy no me han contactado.
-¿Cuáles son las condiciones?
-La primera es que quiero saber bajo qué relación de dependencia se me va a juzgar, en base a qué me van a exigir obediencia, porque mi grupo no integra el FA. Lo segundo es que yo tengo la obligación de informar a mis compañeros y a los 18 mil votantes (de mi sector), a cada uno los pasos, las preguntas y las respuestas con el Tribunal. Estoy esperando.