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El integrante de HIJOS Valentín Enseñat y el abogado Pablo Chargoñia, luego de la reunión con José Mujica, ayer, en la Torre Ejecutiva

Foto: Javier Calvelo

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Mujica recibió proyecto de ley que busca formalizar la voluntad de cumplimiento de fallo de la Corte Interamericana sobre caso Gelman.

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Durante el encuentro que mantuvo ayer de mañana con representantes del PIT-CNT y de organizaciones de derechos humanos, en el que le entregaron una iniciativa parlamentaria para darle carácter legal a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Mujica no estableció compromisos. No obstante, según aclaró el dirigente Washington Beltrán, integrante de la comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, los asistentes coincidieron en que la rápida respuesta a la solicitud de entrevista cursada al primer mandatario fue una "buena señal política". Beltrán destacó que no encontraron un presidente "distraído" ya que el mandatario demostró haber hecho consultas y "no mostró una actitud negativa" en torno al tema.

Una, Pepe

La comisión del Frente Amplio que estudia qué hacer con la Ley de Caducidad y con el fallo de la Corte Interamericana se reunió ayer en forma extraordinaria para discutir el texto de una declaración pública tendiente a reafirmar el compromiso y la voluntad de la fuerza política de buscar una solución al asunto. Un integrante de ese ámbito dijo anoche a la diaria que la declaración será ratificada por la mesa política que se reunirá el lunes. "La noticia hoy son las señales que hasta ahora el Pepe no había dado y que habilitan a trabajar de una mejor manera", valoraron.

Eso contrasta con la postura que Mujica tuvo horas antes de que el proyecto interpretativo que dejaría sin efecto la Ley de Caducidad se tratara en el plenario de Diputados. En esa ocasión, Mujica mostró sus discrepancias en el Parlamento, y a raíz de este episodio, el diputado Víctor Semproni decidió no votar la iniciativa, lo cual determinó el fracaso del proyecto.

En la reunión de ayer también estuvo presente la sub directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) de Argentina, Ariela Peralta, una de las abogadas patrocinantes del caso Gelman ante la Corte Interamericana.

"Este proyecto hace explícito lo que la sentencia recomienda. En principio, desde el sistema político no hay oposición a sus contenidos, por lo cual sería importante que el Poder Legislativo lo convierta en una ley", señaló Valentín Enseñat, integrante de la organización Hijos, durante la conferencia de prensa realizada horas antes de la reunión con Mujica en el Palacio Legislativo. Allí Enseñat resaltó la necesidad de que la voluntad del Estado de cumplir con el fallo quede a texto expreso porque hasta el momento ha habido "actitudes muy poco proactivas" en ese sentido.

El proyecto del PIT-CNT fue elaborado luego de una ronda de consultas a las direcciones de los partidos con representación parlamentaria y a otras autoridades como el canciller Luis Almagro y el fiscal de Corte, Rafael Ubiría. Hoy, una delegación de la central obrera será recibida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia Leslie Van Rompaey. Beltrán recordó en diálogo con la diaria que hubo buena disponibilidad por parte del presidente del directorio del Partido Nacional Luis Alberto Heber y también desde el Partido Independente. "Los que mostraron más resistencia fueron los colorados. Ahora que tenemos algo más concreto volveremos a pedirle una reunión, como nos solicitaron", adelantó.

Dicen así

El proyecto del PIT-CNT tiene un solo artículo y cuatro incisos que se refieren a los numerales 252 a 256, 274 y 275 de la sentencia de la CIDH, dictada en febrero. En líneas generales, estos numerales establecen que el Estado debe investigar los hechos, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por la desaparición de María Claudia García de Gelman. En cuanto a la Ley de Caducidad, falló que “carece de efectos por su incompatibilidad” con los tratados internacionales y que por lo tanto el Estado “deberá asegurar que aquélla no vuelva a representar un obstáculo para la investigación”.

También establece que el Estado “debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”. En tanto, la iniciativa del Partido por la Victoria del Pueblo que se analiza en la comisión del FA y a la que accedió la diaria se basa en los mismos párrafos de la sentencia que reproduce en dos artículos.

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