El 28 de diciembre la Cámara de Senadores votó por unanimidad el informe de la comisión preinvestigadora sobre las denuncias presentadas por el senador colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) acerca del contrato de inversión firmado entre el Poder Ejecutivo y la empresa Montes del Plata. La comisión parlamentaria conformada por los senadores frenteamplistas Ernesto Agazzi (Movimiento de Participación Popular) y Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista), y el nacionalista Gustavo Penadés (Unidad Nacional) resolvió no hacer lugar a la instalación de una instancia investigadora pero propuso la creación de una comisión especial de cinco miembros “con el objeto de analizar y hacer propuestas relativas a las leyes y normas de promoción de inversiones”, según dice el texto aprobado por unanimidad.
El 18 de enero de 2011 el Poder Ejecutivo firmó un contrato con la empresa Montes del Plata, propiedad de los grupos Stora Enso y Arauco, para la construcción y operación de una planta de producción de celulosa en Colonia. Pero la empresa también opera en forma directa plantaciones forestales en ese departamento y en Durazno, Flores, Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera, Soriano y Tacuarembó con una extensión de 140.000 hectáreas, aunque es propietaria de 238.000. El senador Bordaberry había solicitado el análisis de algunos aspectos del contrato, en particular, donde se establece que de haber “cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto”, el gobierno “revisará los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar” los eventuales perjuicios. Bordaberry entendía “paradójico” que el gobierno promoviera la aprobación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) para gravar las grandes extensiones de tierra y otorgarle a Montes del Plata una “compensación” por los cuatro millones de dólares anuales que deberá pagar por ese impuesto.
Casualmente el ICIR fue aprobado por el Senado en la sesión del 28, poco antes de votar la creación de la comisión especial sobre inversiones. Legisladores de los tres partidos con representación en el senado coincidieron en señalar que la idea es analizar los cambios legislativos necesarios ante emprendimientos forestales y de producción de celulosa como el de Montes del Plata, lo cual podría desembocar en un nuevo proyecto de ley. El senador nacionalista Carlos Moreira (Alianza Nacional) dijo que al no aprobarse la conformación de una investigadora “hay que fijar marcos legales más severos” porque no se le puede conceder al Poder Ejecutivo “facultades tan amplias”. El legislador sostuvo que en el contrato con Montes del Plata hubo “extralimitación legal” del Ejecutivo ya que algunas “concesiones” requieren “autorización legislativa”.
Para el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) el contrato con Montes del Plata debe ser estudiado “a la luz de la normativa vigente y ver si ésta necesita alguna modificación o complemento”. En caso de ser necesario se podría redactar “un proyecto de ley o varios”, dijo.
El senador frenteamplista Rodolfo Nin Novoa, que integró la preinvestigadora, dijo que el contrato firmado por el Poder Ejecutivo con Montes del Plata “está bien” pero que se evaluó que “hay cosas que se pueden mejorar en la ley de inversiones”, y esta comisión especial “tiene el cometido de ver si se logra armonizar un proyecto que pueda mejorar la ley”, determinando cuáles son las exoneraciones, por cuánto tiempo, “porque la ley actual no lo dice”.
Los partidos aún no han designado a los integrantes de esta comisión. Actualmente están vigentes el decreto-ley de Promoción Industrial de abril de 1974 y la ley de Interés Nacional, Promoción y Protección de Inversiones de enero de 1998. Desde entonces, la normativa ha sido reglamentada por varios decretos del Poder Ejecutivo.