Argentina se propone demostrar que un empresario colaboró con los crímenes de la dictadura (1976-1983), algo que es una verdad a voces pero que aún no llegó a los tribunales.
Marcos Levin, dueño de la empresa de transporte de Salta La Veloz del Norte, será el primero en enfrentar la Justicia en una de estas causas por delitos de lesa humanidad. Está acusado de colaborar con la Policía para que secuestraran a 12 personas -en su mayoría sindicalistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que trabajaban para él- y los obligaran a confesar una supuesta estafa.
Fue en enero de 1977 cuando varios trabajadores de La Veloz del Norte comenzaron a ver a su jefe, Levin, junto a varios policías, pero especialmente con el subcomisario Víctor Hugo Bocos, dentro y fuera de la empresa.
Pasaron días antes de que Bocos y Levin solicitaran a esos empleados que se subieran a uno de los tres autos que la compañía le prestaba a la Policía local: un Falcon celeste, otro gris y un Torino blanco. Muchos de los trabajadores se subieron tranquilos cuando se les pidió -algunos en la empresa y otros cuando estaban en sus casas- porque era un auto de la compañía y en él estaba su jefe, hasta que llegaron a la comisaría de Salta, señalada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas como un centro clandestino de detención de la dictadura. Allí fueron interrogados bajo alguna forma de tortura. Les preguntaron por otros afiliados de la UTA, por los cómplices de una supuesta estafa, les mostraron listas de trabajadores y les marcaron a quién debían señalar o delatar.
Los empleados veían a Levin junto a los policías tanto en la empresa y en el auto como en la comisaría, e incluso uno de ellos cree que estuvo presente mientras lo torturaban porque olió su perfume, informó el diario argentino Página 12.
En la comisaría los empleados eran torturados para obligarlos a firmar una confesión de que habían estafado a la compañía, lo que permitía a Levin despedir a los sindicalistas sin pagar indemnizaciones. En la mayoría de los casos después eran llevados ante el juez Jorge Alberto Trincavelli, quien los obligaba a firmar una indagatoria con la confesión de la estafa, mientras Bocos los amenazaba. Los testimonios recogidos por los medios argentinos indican que los secuestrados fueron detenidos por períodos de tres a 17 días.
El abogado querellante, David Leiva, de Encuentro, Verdad y Justicia, dijo a Página 12 que la alianza con la Policía permitió a Levin inventar una excusa para despedir a los dirigentes de la UTA, quienes "con el tiempo se enteraron hasta de algún festejo que se hizo dentro de la empresa por lo que estaba pasando".
Cuestión de territorios
Levin será indagado el 7 de febrero, en una causa que ha enfrentado varios escollos. La lleva adelante un fiscal de Jujuy, ya que los de Salta se excusaron porque con el paso de los años el juez Trincavelli se convirtió en fiscal general. Además, el subcomisario Bocos fue en democracia asesor del ex gobernador y actual senador Juan Carlos Romero.
Imputar a Levin no fue nada fácil. El fiscal pidió las indagatorias para los oficiales vinculados, pero no para el empresario, argumentando que las pruebas que lo vinculaban no eran suficientes, pese a que eran prácticamente las mismas que se utilizaron contra los oficiales. Finalmente, el juez consideró que las pruebas sí eran suficientes e incluyó al empresario en la indagatoria.
Abogados relacionados con causas abiertas por violaciones a los derechos humanos manifestaron a Página 12 que los jueces piden más pruebas para indagar a un empresario que a un militar o a un policía, lo que obedece, a su entender, a que esas personas siguen teniendo poder.
En este caso, Levin sigue siendo uno de los empresarios más poderosos de la provincia.