Los incendios continúan afectando Chile, y en los últimos días aparecieron nuevos focos. En Bío Bío el fuego ya causó la muerte de dos personas y en el centro turístico Parque Nacional de Torres del Paine las llamas ya alcanzaron más de 15.000 hectáreas. Pero la semana pasada aparecieron dos nuevos incendios, uno en Maule y otro en el municipio de Carahue -región de La Araucanía-, en donde siete brigadistas murieron y dos resultaron heridos mientras intentaban sofocarlo.
El gobierno indicó que tiene pruebas de que los incendios son intencionales, y argumentó que por ello recurrió a la Ley Antiterrorista en la querella que presentó ante el Ministerio Público contra los autores del foco en La Araucanía.
Según el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, la intencionalidad “pudiera tener que ver en parte con el gobierno, en parte con algunas empresas”, a los que se intentaría afectar. Después de que la cartera presentara la querella, Hinzpeter atribuyó la autoría de algunos de los incendios -especialmente los de La Araucanía- a la Coordinadora Arauco Malleco, una asociación de grupos mapuches que reivindica los derechos sobre las tierras ancestrales.
La Coordinadora reivindicó días atrás el ataque a uno de los helicópteros que trabajaban para combatir el incendio, que afectó, en la región de La Araucanía, un terreno de una empresa forestal.
Representantes mapuches calificaron al gobierno y a Hinzpeter de “racistas” por las acusaciones y señalaron que su respeto por las tierras ancestales les impediría prenderlas fuego.
En paralelo, los familiares de los presos mapuches de la Coordinadora denunciaron en un comunicado que el módulo en el que están encarcelados fue allanado por personal de Gendarmería y civiles no identificados que les quitaron documentos.
Ayer en La Araucanía un grupo de encapuchados intentó prender fuego parte de una parcela rural propiedad de un militar retirado, y otro incendio, de origen desconocido, destruyó la casa de la hermana de un representante mapuche, cerca del lugar donde se enterró a uno de los brigadistas. Organizaciones civiles y corresponsales de prensa informaron que después de estos focos los carabineros intensificaron el patrullaje y realizaron varios allanamientos en la zona, lo que fue negado por representantes de carabineros consultados por la agencia de noticias EFE.
El vocero del gobierno, Andrés Chadwick, matizó las declaraciones de Hinzpeter y dijo que, si bien existen indicios de que los incendios fueron intencionales, el Ejecutivo no señala a nadie. En el mismo sentido se manifestó el fiscal general, Sabas Chahuán, quien indicó que “no se puede hablar de intencionalidad antes de conocer los resultados de la investigación”.
Después de la oleada de críticas, Hinzpeter se desdijo el sábado de sus acusaciones contra los mapuches y señaló que los tribunales son “los únicos encargados de establecer responsabilidades”, para agregar que “no toca ni cabe a los gobiernos sindicar responsabilidades individuales”. Aun así, reivindicó la aplicación de la Ley Antiterrorista argumentando que “este tipo de atentados [en referencia a los incendios] definitivamente ameritan el carácter de actos terroristas”.
La opositora Concertación criticó que el gobierno recurra a la Ley Antiterrorista, creada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que es duramente rechazada por grupos sociales, entre ellos, los mapuches, contra quienes se suele aplicar. Cuando se invoca la Ley Antiterrorista las penas se duplican o triplican y la fiscalía puede recurrir a testigos que declaran de forma anónima contra los acusados.