Durante 1972 gobernaba Argentina la dictadura de Alejandro Lanusse (1971-1973). El 15 de agosto, un grupo de presos políticos de la cárcel de máxima seguridad de Rawson, pertenecientes a los grupos guerrilleros Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, planeó una fuga masiva del penal.
Se amotinaron unos 110 presos, pero sólo seis lograron escapar en un avión y llegar a Chile. Quedaron en el aeropuerto otros 19 presos políticos, que fueron detenidos en la base militar Almirante Zar, de Trelew. Allí los sometieron a aislamiento durante unos días y después los fusilaron, el 22 de agosto de 1972. Murieron 12 hombres y cuatro mujeres.
Otras tres personas sobrevivieron -Ricardo Haidar, de Montoneros, y Alberto Camps y María Antonia Berger, de las FAR-. Fueron ellos quienes lograron desmentir la versión oficial de que los demás murieron durante un nuevo intento de fuga. Encarcelados en el penal de Villa Devoto, contaron lo que había ocurrido al periodista Francisco Paco Urondo, que a partir de esas entrevistas escribió su libro “La Patria fusilada”.
A 40 años de aquellos fusilamientos, una corte de Chubut, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que juzgó el caso, emitió ayer una sentencia en la que condenó a cadena perpetua e inhabilitación absoluta a los militares Emilio Jorge del Real, Carlos Amadeo Marandino y Luis Emilio Sosa. Los declaró “coautores responsables del homicidio con alevosía” por las 16 ejecuciones y de intento de asesinato de los tres sobrevivientes, informó la agencia estatal de noticias Télam.
En cambio, fueron absueltos otros dos acusados: Rubén Norberto Paccagnini -que era el jefe de la base naval- y Jorge Enrique Bautista. Este último había sido acusado de encubrimiento, porque en su calidad de instructor militar fue designado en su momento juez a cargo de este caso.
Los representantes de los familiares de las víctimas habían pedido cadena perpetua para Paccagnini, Del Real, Marandino y Sosa como responsables de homicidios y torturas, que fueron calificados como crímenes de lesa humanidad ayer por el tribunal. Para Bautista, los querellantes habían reclamado la máxima pena por el delito de encubrimiento: dos años de prisión efectiva. También solicitaron que se investigara la supuesta complicidad de un médico, Lisandro Lois, y que se solicitara a Estados Unidos la deportación de otro militar, Roberto Bravo. Ayer el tribunal decidió pedir su extradición.
Según recordó el diario Página 12, los tres sobrevivientes de la matanza de Trelew, así como varios familiares de los fusilados e integrantes de la Comisión de Solidaridad con los presos políticos de la Unidad 6 de Rawson, fueron desaparecidos después, en la siguiente dictadura, que comenzó en 1976 y se extendió hasta 1983.