El presidente paraguayo tuvo que salir a defenderse luego de que se supiera que, según los informes de la Contraloría, su patrimonio se multiplicó desde que asumió como vicepresidente en 2008. Según la declaración jurada que presentó tras asumir la presidencia en junio, el patrimonio de Franco creció de casi 147.000 dólares a 1.100.000 en poco más de cuatro años.
Franco aseguró que el incremento fue un error causado por una sobrevaloración de una de sus residencias, que vale 180.000 dólares y que en su declaración jurada figura como si valiera 452.000 dólares. Aseguró que se dio cuenta del error una vez que la información fue dada a conocer por el diario paraguayo Última Hora y el lunes dijo en la conferencia que se puso a disposición de la Contraloría para que se haga una valoración de su residencia para rectificar la información sobre su patrimonio.
Según sus declaraciones juradas de 2008 y de 2012, su patrimonio creció, en total, unos 950.000 dólares. La valuación errónea de la residencia, señalada por Franco, implicaría unos 272.000 dólares. El restante crecimiento -de unos 678.000 dólares- fue atribuido por el mandatario a un aumento de su sueldo como vicepresidente y del de su esposa, la diputada Emilia Alfaro. El diario Última Hora indicó que el matrimonio ganaba unos 8.000 dólares mensuales cuando Franco asumió la vicepresidencia. Semanas atrás, la diputada Alfaro fue acusada en los medios por opositores de haber favorecido a una empresa de transporte en una licitación para la represa binacional Itaipú.
Ante los periodistas, Franco señaló que, además, no incluyó en su declaración una cuenta que tiene en el banco Itaú ni una casa en Santa Catarina, Brasil, que heredó de su padre, y aseguró que intentará incluirlos más adelante.
A lo largo de la conferencia, el mandatario se fue poniendo nervioso, según las crónicas paraguayas, y casi al cierre aseguró: “Después de esta aclaración, espero haber satisfacido [sic], en primer lugar a los medios y fundamentalmente a los ciudadanos”.
El fiscal adjunto Anticorrupción, Carlos Arregui, indicó que el Ministerio Público investigará al presidente si la Contraloría considera que persisten las inconsistencias después de la rectificación de la valoración de esa residencia. Además, Arregui especificó que para que se castigue la presentación de una declaración jurada falsa, delito previsto en el Código Penal, debe demostrarse la intención de presentar una falsedad, por lo que no se aplicaría en este caso, porque el declarante señaló que fue un error.
Sin embargo, lo sucedido dividió las opiniones de los expertos jurídicos y de otros especialistas y actores políticos consultados por la prensa, como el abogado Hugo Estigarribia, senador colorado, quien consideró que “reconocer no significa que esté libre del error” y que la Fiscalía debe investigarlo, y el ex fiscal José Casañas Levi, quien declaró que el mandatario cometió un delito formal y que sólo una investigación puede determinar si hubo o no intención o “dolo”.