El gobierno no adquirirá el boleto de compra de los siete aviones Bombardier que pertenecían a Pluna y que fueron subastados hace un mes, y ejecutará la garantía de 13,7 millones de dólares presentada por la empresa Cosmo, que definitivamente no concretará el negocio de compra. En un comunicado publicado sobre las 20.15 de ayer, Presidencia confirmó que Cosmo, el único interesado en la subasta, “por documentación enviada al fideicomiso anunció su voluntad de retirarse del negocio” e incluso “comunica su disposición de acudir a la Justicia en caso de ejecución”. El comunicado aclara luego que la consecuencia jurídica “de una ejecución impugnada” podría llevar mucho tiempo e “impedir” que los aviones estén disponibles. Éstos representan “el único capital real con una deuda garantizada por el Estado” y tienen un alto costo de mantenimiento “imprescindible” si se quiere que vuelvan a volar, agrega. “No obstante estas fuertes consideraciones, el Estado debe atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente, y así se hará”, sentencia el comunicado, asegurando la ejecución de la garantía.
Mi Molinari
En la tarde de ayer, Homero Guerrero recibió al empresario argentino Carlos Molinari, uno de los inversores que sigue manteniendo su interés en montar una aerolínea con los siete aviones de la subasta o con los seis en leasing, sobre cuyo destino no existe pronunciamiento oficial. Según había anunciado el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, el gobierno solicitó una prórroga al propietario de estos aviones, pero el plazo vencería en los próximos días.
Al salir de la Torre Ejecutiva Molinari dijo que Guerrero le había expresado que a partir de hoy el gobierno “comienza a estudiar las propuestas” presentadas y agregó que “la nuestra, presentada oportunamente, seguía vigente”. Además, Molinari contó que a la propuesta inicial agregó la posibilidad de adquirir dos aviones Airbus 320 para “generar conectividad de larga distancia” con destinos como Miami o Madrid. Molinari explicó que había entendido que “el gobierno recuperaba los aviones” porque, de esa manera, “puede elaborar el plan que crea más conveniente para los intereses del Estado y del pueblo uruguayo”. Agregó que él sólo va a “negociar con el gobierno”. Sobre los tiempos que se manejan para el negocio, Molinari dijo que había presentado un plan de emergencia pero “el paso del tiempo lo hace cada vez más inviable” y que una “solución razonable” es empezar en febrero o marzo, porque “los aviones no pueden estar parados más de seis meses por razones técnicas”. Aseguró que tiene “los equipos necesarios para empezar a trabajar cuando el gobierno lo disponga”. Según Molinari, Guerrero le manifestó que la negociación a partir de hoy comenzaría a realizarse en el marco “de la más absoluta transparencia”.
Anoche, el presidente José Mujica dijo que hay 20 propuestas de privados pero que faltan los compromisos, y confirmó el apoyo a la cooperativa de ex trabajadores de Pluna: “Si no existe una respuesta rápida del mundo empresarial, y ello significa poner recursos, vamos a ayudar a la formación de una empresa cooperativa que sea abierta y pueda dar posibilidades; pero no incluir al Estado”.
El extenso comunicado de Presidencia comienza describiendo cómo se llegó a esta situación en Pluna. Señala que tras “décadas de pérdidas importantes para el erario público” se sumaron demandas judiciales en Brasil por la asociación con Varig y que “la confiscación de oficinas en Brasil nos obligó a pensar en el peligro de una intervención sobre los aviones de la empresa, que, por otro lado, ahora sí estaba quebrada”. Aclara, no obstante, que Pluna “no constituía el grupo económico de aquella empresa” y que fue “una víctima de aquella situación”. Pese a esto, “la convergencia de estos dos factores” generó la “imposibilidad de la existencia” de la aerolínea, explica el texto.
Tomando en cuenta el impacto de la pérdida de conectividad y la cercanía de la temporada turística se eligió “la vía de la subasta pública, más la eventual adjudicación de las líneas operativas en la región”. Explica que la negociación en forma directa “habría sido más fácil”, pero el gobierno “quiso procesar por la vía del remate” la venta de los aviones para dar “más oportunidades” y porque una licitación “habría llevado mucho tiempo”.
Luego agrega que no es fácil “interesar a empresarios reales en un negocio muy expuesto a competencias subsidiadas que frecuentemente arruinan a las compañías” y menciona que “se sumó un clima de agitación político y mediático con insinuaciones críticas en lo moral, que multiplicaron las dificultades y sirvieron para justificar la eventual retirada de algunos oferentes”.
No calla
El presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Fernando Calloia, uno de los más cuestionados por la oposición en la interpelación del lunes, acusó ayer a Washington Ribeiro, integrante del directorio del BROU en representación del Partido Nacional, de violar la carta orgánica del Banco Central del Uruguay (BCU). En declaraciones a Radio Nacional, Calloia cuestionó que Ribeiro haya hablado “del tema Cosmo y del BROU” y dijo que lo iba a “mandar a la unidad de análisis financiero, con una liviandad... no sabe las obligaciones que tiene, pero ya se va a enterar porque no puede pasar desapercibido”. “Creo que violó la carta orgánica del BCU”, opinó. El jerarca dijo que el Departamento Jurídico del BROU analiza el caso, y si se confirma que es una violación a la carta orgánica del BCU, “es un delito, tengo la obligación de denunciarlo”, dijo.
Autogestionados
Para Presidencia es un “objetivo innegociable” que los aviones sigan “trabajando para con Uruguay, y se amorticen operando”. Como ayer finalizó el plazo legal para concretar el negocio luego de la subasta, y tras no haberse encontrado ofertas “con solvencia y comprometidas, o ante varias intenciones que no arriesgan y que al parecer todo lo esperan del Estado”, el gobierno va a continuar las negociaciones que “se llevan con los empresarios interesados”, continúa el comunicado. Finalmente se aclara que en forma simultánea el gobierno “analizará la propuesta de los trabajadores para la formación de una empresa cooperativa”. Para esto se “darán los pasos” necesarios para “acompañar” esta iniciativa que presentó la Organización de Técnicos Aeronáuticos del Uruguay-Organización de Funcionarios de Pluna (OTAU-OFP), “con una sumatoria de exigencias a convenir”. Puntualiza que el Estado “no tendrá responsabilidad directa en la gestión ni en la propiedad” de este emprendimiento y que la “amortización directa de la deuda” la deberá pagar la cooperativa, aunque se podrían evaluar “la necesidad de plazos mayores”. En esta hipótesis, el Estado sólo podría asumir funciones de síndico y auditor.
Durante todo el día de ayer se mantuvieron diversas reuniones en el ámbito del gobierno sobre el tema de Pluna. En una de las primeras, de mañana, Mujica recibió en su chacra de Rincón del Cerro a una delegación de trabajadores de Pluna. Sabrina Acevedo, integrante de la mesa directiva de OTAU-OFP, dijo a la diaria que en esa reunión el presidente “no adelantó cuál era la solución” que adoptaría el gobierno, pero “nos fue adelantando algo porque se mostró muy interesado en nuestro proyecto y nos dijo que siguiéramos adelante”. Acevedo dijo estar “muy contenta” por el comunicado del gobierno y manifestó que los trabajadores van a “continuar profundizando” el proyecto que le presentaron a Mujica, en el que el presidente “ha demostrado tener tanto interés”. Sobre la resolución de no adquirir el boleto de compra por parte del Estado y ejecutar la garantía, Acevedo dijo que “tenemos confianza en lo que dice el presidente en el comunicado, de que quiere mantener los aviones en Uruguay. Nuestro temor por la opción de la ejecución es que algo de eso pueda trancar nuestras fuentes de trabajo por mucho tiempo, sin poder volar”. Finalmente, dijo que en la propuesta de cooperativa que le presentaron a Mujica “no hay inversores privados”, pero “no lo descartamos”.
Al mismo tiempo que Mujica se reunía con los trabajadores en su chacra, en la Torre Ejecutiva se sucedían otros encuentros entre el equipo de gobierno encargado de la situación de Pluna, encabezado por el nuevo secretario de Presidencia, Homero Guerrero, y diversos jerarcas de organismos del Estado. Una de las reuniones fue con las autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Luego se convocó al presidente y vicepresidente de Pluna Ente Autónomo, Fernando Passadore e Ignacio Berti, respectivamente. En esta reunión, según trascendió luego, se manejó la idea de que Pluna Ente Autónomo fuera el que adquiriera el boleto de compra de los aviones. Sin embargo, esta propuesta fue descartada por el Poder Ejecutivo más tarde. Naturalmente, también estuvieron trabajando en el tema el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, y el de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, así como el presidente del fideicomiso de Pluna, Javier Liberman. En la tarde fue recibido el empresario argentino Carlos Molinari (ver nota vinculada).
Vencido el plazo para Cosmo, el gobierno ejecutará la garantía presentada por la empresa, que según manifestaron los senadores de la oposición el lunes en la interpelación, pertenece a la aseguradora argentina Boston Seguros, una sociedad anónima que también vende servicios a Buquebus, propiedad del empresario argentino Juan Carlos López Mena, uno de los interesados en los aviones de Pluna.