El gobierno de Rafael Correa goza de un fuerte apoyo de los ecuatorianos y, según las encuestas, el presidente se encamina hacia un segundo mandato. Sin embargo, aún tiene temas pendientes en materia de políticas públicas, como aquellos que están vinculados al derecho a la tierra, al agua, a los asuntos ambientales y a la igualdad de género, estimó en diálogo con la diaria Alison Vásconez, doctora en Economía y funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
Vásconez llegó a su cargo actual luego de una carrera académica muy vinculada a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Ecuador. En el ministerio su papel es fundamentalmente técnico. Trabaja en políticas de igualdad de género, equidad laboral y economía alternativa, explicó a la diaria el miércoles 21, antes de participar en el seminario “Políticas sociales regionales. Experiencias y desafíos latinoamericanos y europeos”, organizado por el Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa entre otras instituciones.
-¿Cuáles son sus principales tareas como coordinadora general del Conocimiento en el Ministerio de Inclusión Económica y Social?
-El área es nueva en este ministerio y en otros. Se abrió poco antes de que yo entrara, hace más o menos un año. Lo usual es contratar consultorías. La cooperación internacional llena a los gobiernos de estudios que no siempre les convienen o coinciden con sus agendas. La idea es generar capacidades dentro del ministerio que permitan tomar decisiones con mejor información de cara a las políticas públicas. En ese marco tenemos dos áreas de trabajo: una que tiene que ver con investigación y la otra con asistencia técnico académica. Esto implica organizar debates sobre políticas novedosas y que no sólo se limitan al sector público. Se busca además fortalecer un poco el vínculo entre la academia y el sector público. Es un área que más bien asesora dentro del ministerio.
-¿Cómo trabaja el gobierno de Ecuador para lograr una mayor inclusión económica y social?
-La agenda de desarrollo social va un poco más allá e incluye educación, salud y sectores que se pueden considerar un poco más tradicionales y que son comunes a lo que se hace en otros países. Pero respecto a la inclusión económica y social, la idea es salir de las instituciones anteriores. Antes la cartera se llamaba Ministerio de Bienestar Social y era un poco un ministerio de la corrupción, en el que se formaban sectores políticos pro gobierno y en general era bastante poco eficiente en los temas de reducción de pobreza, aunque manejaba muchos recursos. Por un lado, se intenta lograr una recuperación ética del tema, para encararlo más desde el punto de vista de la ciudadanía y los derechos. Por otro, se busca la recuperación de lo público, porque había mucha tercerización de los servicios. El ministerio se encarga del desarrollo infantil, por ejemplo, pero antes trabajaba con centros privados de desarrollo infantil (organizaciones de padres de familia, organizaciones sociales) a los que se les transferían recursos. Ahora se busca recuperar la atención directa del Estado. Además la cartera se ocupa de aspectos de seguridad social para facilitar un recurso mínimo a personas con discapacidad, en situación de pobreza, etcétera. Es lo que corresponde a un piso de seguridad social que maneja la Organización Internacional del Trabajo. Pero además manejamos el sistema nacional de cuidado. Hemos visto mucho el ejemplo uruguayo, por la experiencia que tiene en la construcción de esas políticas. Las personas que atendemos son los niños y niñas, las personas con discapacidad, y queremos pensar ese sistema desde el principio fundamental de cuidar a quienes cuidan, es decir, con un enfoque de género, porque quienes siempre han cuidado son las mujeres. En cuanto a la inclusión económica, antes se creía que se podía superar la pobreza con una transferencia monetaria, pero eso no arrojó frutos y se convirtió más bien en una relación de dependencia algo perversa. Así que la idea es tender hacia una salida gradual de ese sistema.
-¿Cómo se piensa lograr esa salida?
-La idea es basarse en un paraguas al que llamamos “movilidad social”, es decir, generar capacidad de organización, impulsar la asociatividad de la población mediante una vinculación muy fuerte con la política económica. Ése es otro tema muy importante, porque pensar la política social por separado de la económica implicó andar recogiendo los muertos que dejaba la política económica. Es necesario pensar las dos políticas en paralelo, sobre todo para generar trabajo. ¿Qué mejor movilidad social que la que te da autonomía y capacidad para generar tus propios medios de vida? En este momento estamos haciendo propuestas sobre este punto. Tenemos el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que depende del ministerio, y por intermedio de él se fomenta la generación de emprendimientos y asociaciones, la inclusión financiera, la organización económica de pequeñas unidades. La idea es extendernos un poco más hacia el conjunto de la población ya que esas iniciativas son muy pequeñas y no tienen tanto impacto. Para eso se trabaja con inclusión financiera, se entrega un capital semilla, se hacen llamados y convocatorias para que se asocien y se junten sobre todo las mujeres y las madres, porque son ellas las que reciben la transferencia monetaria.
-El Parlamento de Ecuador acaba de aprobar una ley que implica un aumento de las prestaciones sociales. ¿Esto no entra en contradicción con la intención de salir del sistema asistencial?
-El aumento se dispuso para adaptarse a los precios de la canasta básica, pero no se aplica a toda la población, sólo a los sectores más pobres, mientras que la otra parte de los fondos se invierte en el proceso de movilidad.
-¿Cuáles son los desafíos que Ecuador aún tiene pendientes en políticas sociales?
-Como en toda la región se ha reducido la pobreza, sobre todo en cuanto a ingresos, aunque también se toman en cuenta las necesidades. Eso es una buena noticia porque demuestra que hay un mayor acceso a los servicios, a la educación. También se redujo la desigualdad gracias a algunas reformas tributarias que tendían a eso, lo que implica que la política tributaria también se orientó al tema distributivo. A pesar de los esfuerzos, a mí me parece que desde el punto de vista distributivo todavía nos falta mucho. Me parece que habría que profundizar en la distribución de otros tipos de recursos como la tierra, el agua, los activos productivos, el conocimiento. También se debe trabajar en la fuerte concentración financiera que se da en Ecuador. Aunque hubo mejoras, aún hay brechas en cuanto a la situación de las poblaciones indígenas y afroecuatorianas, que suelen tener un rezago histórico. Aún se mantiene una diferencia cercana a 10% entre los niveles de pobreza de esas poblaciones respecto del resto. Otro tema que hace falta trabajar es la equidad de género, aunque se ha ido incorporando en algunas políticas. Siempre es más fácil encarar las cosas desde arriba que desde abajo, por ejemplo, desde el sistema educativo. Yo creo que, sabiendo que lo más probable es que haya una reelección [de Correa] sería necesario profundizar en ese tema.
-¿Qué se está haciendo para mejorar la inclusión de la población indígena, que parece ahora más presente en el gobierno?
-Los indígenas están en los gobiernos desde ya hace bastante tiempo y desde mi punto de vista su participación le hizo daño a su organización. Tenían una propuesta fuerte, sólida e innovadora en torno a un movimiento que en los años 90 generó cambios interesantes. Pero al comenzar a vincularse algunos de sus integrantes con los gobiernos, empezaron a dividirse.
-¿Cómo está la relación entre los movimientos indígenas y el gobierno de Correa?
-Algunos están con el gobierno y otros no. Pero creo que la mayoría está en contra. Muchos estuvieron con él y después se alejaron porque no vieron satisfechas algunas de sus demandas relativas a los temas que yo te decía que estaban en el debe: los de tierra, agua, los temas ambientales. Incluso esos sectores impulsan una candidatura presidencial alternativa, la de Alberto Acosta [de la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas].
-¿Se sabe cuáles serían las políticas sociales impulsadas por Correa en un nuevo mandato?
-Nos han pedido insumos para esto, como técnicas y técnicos. Yo he propuesto lo que ya te he dicho: fortalecer los temas de movilidad social, establecer el piso de protección social en torno al sistema nacional de cuidados, trabajar en temas profundos como la estructura distributiva y la democratización del acceso a la tierra y a los insumos productivos. Pero el programa en realidad se está trabajando a otro nivel, en la Secretaría de Planificación. Yo creo que sería necesaria una reforma agraria, porque la propiedad de la tierra está muy concentrada. Creo que también es necesario un proyecto de desarrollo rural nuevo para fomentar la inclusión social.