El trabajador rural se desempeñaba como capataz en la estancia La Tortuga, ubicada en la localidad de Pueblo del Barro, en el departamento de Tacuarembó. El 2 de diciembre participó en una reunión con asalariados de otros establecimientos ganaderos para intentar conformar un sindicato de base, en el marco de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), que integra el PIT-CNT.
Un día después fue despedido y ahora el caso se está tratando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El dueño de la estancia admitió que no quería sindicatos en su campo y rechazó cualquier intento de que le “vengan a poner leyes en la estancia”.
El trabajador, que prefirió no dar su nombre, se encargaba de atender un predio de 4.000 hectáreas, ya que los demás peones se habían marchado del establecimiento al recibir un salario menor del que habían acordado con el patrón. El 3 de diciembre el trabajador llamó por teléfono a Diego Ortiz, propietario de la estancia, para comunicarle las novedades del trabajo, y éste le dijo que debía volver “a ser peón” y que si no lo hacía debería dejar de trabajar en el lugar.
En ese momento, el asalariado resolvió denunciar la situación ante el sindicato de base de la Unatra recién conformado. Los delegados sindicales presentaron la denuncia ante el MTSS, que citó a las partes a una reunión tripartita. El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado Antonio Ramauro y una delegación sindical, se reunió con Ortiz y sus asesores, asistiendo además funcionarios del MTSS.
Apenas comenzada la instancia de negociación, el empleador negó “rotundamente” que haya resuelto despedir al trabajador por haberse afiliado al sindicato. Según explicó, en realidad al momento de conocerlo se había dado cuenta de que no tenía “las capacidades” para desempeñarse en el establecimiento porque “no servía”, y continuó con esa línea argumental a partir de otras consideraciones negativas.
No obstante, en un momento de la reunión esa fundamentación le terminó jugando una mala pasada: otros delegados le informaron que la persona que estaba escuchándolo del otro lado de la mesa no era un abogado o escribano, sino el propio trabajador despedido. Ramauro dijo a la diaria que de esa forma “quedó demostrado” que Ortiz no conocía a su propio capataz, que permaneció cuatro meses en el establecimiento solamente comunicándose por teléfono. Ante la evidencia, Ortiz cambió su discurso. Dijo que una vez en la ruta y desde la camioneta -un encuentro que sí existió- había “hablado” con el trabajador y que ya en ese momento se “dio cuenta” de que no tenía “capacidad” para el campo. Eso a pesar de que este trabajador se desempeña desde hace diez años en tareas de capataz, según indicó Ramauro.
Posteriormente, Ortiz terminó admitiendo que en su campo no quiere “ningún sindicato” y que tampoco quiere que “le vengan a poner leyes en la estancia”, según afirmó el diputado por Tacuarem bó Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular), que ha estado en contacto con el capataz despedido.
“Aunque la Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay lo minimicen, siguen existiendo patrones de esta categoría. Pretenden desconocer todas las leyes laborales; no aceptaba que tuviera su día de descanso. Pero además la expresión del patrón es bien clara: ‘no me venga a poner leyes en la estancia’. Pretende que a ese lugar no venga nadie a alterar el ‘orden’ que quiere mantener”, dijo Rodríguez.
El caso sigue en la órbita del MTSS. El trabajador pidió ser reincorporado, pero Ortiz no lo acepta y la audiencia de mediación fracasó. Las partes se volverán a reu nir en el MTSS de Montevideo el martes 18, con la presencia del director nacional de Trabajo, Luis Romero. Si el trabajador no es reintegrado, el caso será llevado a la Justicia. “Entendemos que se trata de un despido antisindical”, y los argumentos presentados “son contundentes”, explicó Ramauro. Además, sólo “tenemos 30 días” de plazo para presentar el caso por “vía judicial”, según indica la normativa, agregó. Ramauro recordó que el trámite ante la Justicia “demora sólo diez días”.
El empresario es contador público, propietario de 14 estancias en diferentes departamentos: La Tortuga, El Cordobés, La Pava, La Avestruz, La Cuchilla, Yaguarí, El Cerro, Rincón, La Valija, Arégulo, Tercera Vista, Cerro Formoso, El Lago y Bella Vista. Además, es dueño del frigorífico Frigocerro en Durazno, que a mediados de 2005 fue ocupado por los trabajadores. La delegación sindical que se reunió con la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de entonces denunció a Ortiz por no cumplir lo acordado en los consejos de salarios y por el despido de un delegado sindical, pero el empresario “se mostró intransigente; él no quería de ninguna manera reincorporarlo”, expresan en las actas taquigráficas.