Fries asumió hace dos años y medio como presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la penúltima institución de ese tipo creada en la región, antes de que Uruguay tuviera la suya este año. Cuando todavía no había asumido, la abogada y magíster en Derechos Humanos tenía ya una larga carrera en organizaciones feministas de su país. Al frente del INDH fue nombrada por organizaciones de la sociedad civil. A fines de noviembre, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) uruguaya, la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y Naciones Unidas organizaron en Montevideo un taller regional, para analizar los desafíos que implica la puesta en marcha de esa institución. En ese marco Fries dialogó con la diaria el jueves 29.
-¿Cómo y cuándo se creó el INDH?
-Surgió de una ley que se aprobó el 10 de diciembre de 2009, un par de meses antes de que la presidenta Michelle Bachelet dejara el cargo [en marzo del 2010], por lo tanto, entró en funcionamiento junto con un nuevo gobierno.
-¿Asumir durante el gobierno conservador de Sebastián Piñera implicó alguna dificultad?
-Era el primer gobierno de centroderecha en estos últimos 20 años y la centroderecha en Chile tiene todavía un problema con los derechos humanos. Por lo tanto, miraba con mucha desconfianza al instituto, creía que iba a ser una especie de trinchera política para quienes habían salido del gobierno de la Concertación. Así que costó. Pero creo que con el Poder Ejecutivo se estableció un vínculo respetuoso, más allá de las diferencias, al punto de que en general mantenemos una buena relación y celebramos una reunión o dos por año con el presidente.
-¿Qué otros desafíos enfrentaron al lanzar el INDH?
-En Chile, todavía, los derechos humanos están muy vinculados a las violaciones que se cometieron durante la dictadura. Por lo tanto, uno de los desafíos era, sin dejar eso de lado, instalar una visión amplia de los derechos humanos. Otro desafío era darle énfasis a lo que son los temas más rezagados en ese ámbito, como la no discriminación y los derechos sociales. Dado el modelo de transición, el modelo económico y el legado de la dictadura, existe una mirada sobre la igualdad que hace que haya una igualación y una normalización de los ciudadanos. Más que integrar y valorar las diferencias, se las borra. Eso no ayuda mucho a la democracia. Por otro lado, el Estado chileno aplica a este ámbito una lógica de subsidios, con falta de regulación y mucha fiscalización, y todavía hay un sector, incluso dentro del mundo intelectual, que niega el valor que pudieran tener los derechos sociales, que percibe como prestaciones. Así que ahí hay un desafío grande también.
-Uruguay está inaugurando su INDDHH. ¿Hay puntos de comparación entre ésta y la de Chile?
-Las hay porque Chile y Uruguay tienen una historia de consolidación institucional lenta pero segura. De hecho, Chile y Uruguay son los dos últimos países que crean una institucionalidad de derechos humanos en América Latina, porque todas las anteriores son de la década de los 90 y en éstas la figura que se instaló fue la de defensor/defensora de derechos humanos. En el caso de Uruguay y Chile son híbridos entre lo que es un instituto nacional de derechos humanos, que tiene un fuerte componente de promoción y de cooperación, y un componente de denuncia y de acciones legales, que es lo que hacen las defensorías. También tenemos desafíos similares porque acá les toca estar a cargo del mecanismo nacional de prevención contra la tortura y a nosotros también.
-Ese tema cobró notoriedad en Chile debido a las denuncias de tortura policial que surgieron al margen de las protestas estudiantiles, ¿no?
-Sí. Bueno, hay dos campos, porque lo que tiene que hacer el mecanismo es prevenir y, por lo tanto, establecer un sistema de visitas periódicas a aquellos lugares en los que hay personas privadas de libertad. Otra cosa son las denuncias, que se hacen como instituto ante las alegaciones de los ciudadanos y ciudadanas sobre, por ejemplo, el trato que les da Carabineros [la policía militarizada] durante las manifestaciones.
-¿Se comprobaron esas denuncias?
-Sí, hemos comprobado y chequeado las denuncias recibidas. En varios casos hemos presentado querellas por tortura y hemos planteado públicamente una queja respecto del uso de la fuerza por parte de Carabineros.
-¿Qué dijo el gobierno de esa queja?
-No han sido muy categóricos en la condena y más bien han dicho que si hay este tipo de denuncias, tendrá que verlas la Justicia. Recién estamos viendo ahora la posibilidad de trabajar en formación con Carabineros.
-¿A qué atribuye esos hechos? ¿Son consecuencia de la dictadura?
-Absolutamente. En general las Fuerzas Armadas, pero sobre todo Carabineros, sigue en un esquema de los años 80 y por lo tanto suelen ver las manifestaciones como una amenaza más que como una forma de participación. Esa cultura tiene que cambiar con formación y un ajuste de protocolos adecuado al Chile de hoy.
-¿Cómo ve la Justicia posdictadura?
-La Justicia ha funcionado pero muy lentamente. Hasta 2007 más o menos una parte de los tribunales aplicaba la Ley de Amnistía, por lo cual no investigaban. Luego aceptaron no aplicarla pero todavía no les daban plena validez a los tratados internacionales, y en una tercera etapa empezaron a aplicar una figura -que todavía se aplica aunque ya no siempre- de media prescripción. Es decir que, violando todos los principios del derecho internacional, hay una figura en el Código Penal que establece que el paso del tiempo, por sí solo, constituye un atenuante. Por lo tanto, alguien que cometió un homicidio común tiene más pena que la que han tenido militares condenados. Eso sigue ocurriendo, aunque hubo dos fallos en los que no se aplicó la media prescripción porque se estimó que son delitos imprescriptibles en virtud del derecho internacional. Yo diría que Chile es un país de gradualidades. Siempre hago el paralelo con Argentina, que ha tenido avances tan rápidos como sus retrocesos, mientras que en Chile avanzamos muy pero muy lentamente pero no ha habido retrocesos.
-¿En el marco de la no discriminación está la cuestión del pueblo mapuche?
-Yo creo que es uno de los desafíos más complejos que tiene Chile. Por un lado, el Estado nunca ha logrado una relación de respeto hacia los derechos de los pueblos indígenas, a la autodeterminación, por ejemplo. Recién en 2008 se aprobó el convenio 168 [de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales] y la declaración de Naciones Unidas [al respecto], pero aún no se aplican. No existen mecanismos de participación en los que estén presentes esos pueblos. Por otro lado, está el tema de tierra, territorio y recursos naturales, que se está agravando por el hecho de que es en los territorios indígenas que se desarrollan hoy los proyectos de inversión salmoneros, forestales y mineros que significan el final de la supervivencia de los pueblos indígenas. Sin reglamentación del derecho a la consulta se está pasando por arriba de ellos. Por último, desde 2005, el pueblo mapuche ha sido visto como una amenaza a la seguridad nacional, como si fuera más un problema de terrorismo que de discriminación.
-¿Siente que la institución que dirige ha logrado avances?
-Creo que hay que evitar caer en la trampa de creer que un mecanismo nacional de derechos humanos va a resolver los problemas vinculados a la deliberación democrática de un país, y luego no hay que creer que uno no tiene las suficientes facultades o posibilidades de resolver problemas. Si se superan esos dos fantasmas, uno se da cuenta de que, por ejemplo, participamos y promovimos la ley antidiscriminación en Chile, mediante informes que remitimos y la visión que dimos. También logramos poner sobre el tapete la violencia policial, y una mirada sobre los derechos que había estado bien ausente. Hemos logrado salvar la vida de personas de comunidades indígenas que estaban en huelga de hambre y presentado querellas por tortura que le dan al Estado una importante señal de que hay cosas que cambiar.