Desde 2005, cuando el Poder Ejecutivo convocó nuevamente los Consejos de Salarios, los porcentajes de acuerdos alcanzados no variaron significativamente. Este año, cuando cerraron 20% de los grupos que negocian la quinta ronda, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, estimó que el porcentaje de acuerdos se situará entre 85% y 90%, cifra similar a los años anteriores.
La primera ronda (2005) se realizó en 20 grupos de la actividad privada, definidos en el Consejo Superior Tripartito, a los que se agregaron por primera vez los sectores público y rural. El porcentaje de acuerdos logrado en el sector privado representó una clara diferencia con los resultados de los Consejos de Salarios entre 1985 y 1991, con cifras inferiores. Entre 1992 y 2004 no hubo convocatoria del Ejecutivo, pero en algunos sectores se mantuvo la negociación.
Eduardo Bonomi, titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social durante la administración de Tabaré Vázquez, reconocía en 2008, en una entrevista en AM Libre, que las dos primeras rondas (2005 y 2006) “fueron excepcionales”. Para Bonomi, no hubo “rondas en otra época que hubieran llegado al grado de acuerdo que hubo en esas dos” e informó que en la primera “resolvimos casi todos los casos por acuerdo menos 12. De esos 12, el gobierno votó seis con los trabajadores y seis con los empresarios”.
En la tercera ronda (2008) se agrega el grupo 21 de servicio doméstico y las actividades rurales se dividieron en tres grupos: se creó el 22 de ganadería, agricultura y actividades conexas; el 23 de viñedos, fruticultura, horticultura, criaderos de aves, suinos y apicultura, entre otros, y el 24 de forestación.
La cuarta ronda fue la primera del gobierno de José Mujica y transcurrió entre 2010 y 2011. Negociaron 216 grupos de los cuales 205 tenían convenios vigentes. Los acuerdos alcanzaron 95%, incluyendo a 810.000 trabajadores. De estos acuerdos, 85% fueron tripartitos, mientras que en 9,8% el Poder Ejecutivo votó junto a los trabajadores, en 3,9% con los empleadores y 2% fue por decreto.
En 2009, con la aprobación de la nueva ley de negociación colectiva, el gobierno perdió la facultad de aprobar los convenios acordados -eso se denomina “homologación”- y todas las partes pasaron a tener voto (tres el Ejecutivo, dos los empresarios y dos los trabajadores). Un acuerdo aprobado por mayoría simple (cuatro a tres) es obligatorio, incluso para el gobierno que perdió la potestad de veto.
En esa ronda se acordaron diversos vencimientos. El 23% finalizó en junio de este año, 14% en diciembre, 47% en junio del año que viene, 9,4% en diciembre de 2013 y 5,5% en diciembre de 2015. La periodicidad de los ajustes salariales fue de dos tercios en forma semestral y un tercio anual. Uno de los objetivos del gobierno fue poner el acento en los salarios más sumergidos, que recibieron incrementos superiores que los salarios más altos.
Al finalizar la ronda, algunos empresarios se quejaron de los resultados. El asesor de la Cámara de Comercio Juan Mailhos dijo a El País en mayo de 2011 que “es una ronda que ha salido cara al sector empresarial”, porque el Poder Ejecutivo sobrepasó “los lineamientos” en sectores con salarios bajos, entre ellos limpieza, seguridad, supermercados y tiendas.
Positivamente
En la ronda que cerró este año los sectores más importantes que firmaron convenios fueron la salud privada, banca privada, bebida, vestimenta y educación privada, entre los 35 que negociaron. Algo más de 85% de estos acuerdos tiene una vigencia de tres años, por lo que estos sectores volverán a hacerlo en 2015, durante el primer año del próximo gobierno. Otra pequeño porcentaje de la ronda (los convenios que vencen el 31 de este mes) comenzarán a negociar en enero, mientras que a mediados de 2013 se iniciará el grueso de la negociación, alcanzando a casi la mitad de los convenios.
Previo a la negociación, el gobierno presentó ante el Consejo Superior de Salarios los lineamientos basados en las perspectivas de crecimiento económico. Recomendó la firma a tres años, con ajustes salariales anuales y tomando en cuenta indicadores macro, indicadores sectoriales o ambos a la vez. Asimismo, propuso que los incrementos debían basarse en el rango meta de inflación fijado por el Banco Central del Uruguay (BCU), establecido en 5%. El preacuerdo firmado entre empresarios y trabajadores en el sector de la bebida, que superaba el rango recomendado, fue rechazado por el gobierno, que intervino para modificarlo con el objetivo de “cuidar la estabilidad macroeconómica desde la política salarial”, según declaró Brenta.
Para el coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira, los resultados de la ronda son “positivos” porque todos los convenios “han sido con recuperación salarial”. En caso de que se cumplan, explicó, los trabajadores van a tener “diez años consecutivos” de recuperación. Para Pereira, “queda demostrado que los Consejos son un instrumento formidable para la distribución de la riqueza y no es lo mismo tenerlos que no tenerlos, no somos neutrales en esto”. Además de lo salarial, algunos convenios prevén la creación de fondos en los que aportan trabajadores y empresarios, cláusulas de género, categorizaciones y mecanismos de formación y capacitación. Pereira considera que se están incorporando “derechos de ciudadanía” para mejorar las condiciones de vida y “el trabajo decente empieza a ser visto como un derecho que se puede convenir colectivamente”.
Según las proyecciones del gobierno, desde la reinstalación de los Consejos de Salarios en 2005, el crecimiento del salario real acumula 37,6%. Brenta también calificó la actual ronda como “positiva” y señaló que el crecimiento salarial acordado es “más moderado” que en las anteriores, en el entorno de 2,5%. A principios de mes, Brenta dijo que se ha impuesto “una cultura de negociación colectiva” y que “la mayoría de los empresarios llegó a la conclusión de que siempre es mejor tener un convenio”.