Ayer comenzó la mudanza del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, del edificio de Bulevar Artigas y Palmar, local que durante la dictadura fue sede del Servicio de Información de Defensa de las Fuerzas Armadas. El edificio será ahora sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que comenzará a funcionar luego de que la Asamblea General nombre, el 12 de abril, a los cinco integrantes de su Consejo Directivo.
El 21 de marzo, antes de que se celebre el acto público en la Asamblea General en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Gelman, se colocará una placa recordatoria de las víctimas que estuvieron detenidas en el local. En tanto, la comisión interministerial encargada de supervisar el cumplimiento del fallo de la Corte IDH todavía está discutiendo los contenidos del acto del 21.
Alberto Breccia, secretario de Presidencia e integrante de la comisión, dijo ayer a Radio Uruguay que todavía no hay consenso sobre si el texto del discurso incluirá un pedido de perdón por parte del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. “La asunción de responsabilidad por parte del Estado es un hecho acordado, que se va a realizar inequívocamente conforme lo que establece la sentencia”, explicó Breccia a la diaria. “Consecuentemente a la asunción de responsabilidad podía darse, sin que estuviera dispuesto por la sentencia, una solicitud de perdón institucional, pero eso fue un tema conversado dentro de la comisión interministerial y con la familia Gelman, y no hay acuerdo al respecto”, afirmó.
Coordinación regional
Luis Almagro informó que en una reunión en Ginebra con la ministra de Derechos Humanos de Brasil le solicitó información sobre víctimas del Plan Cóndor. El objetivo es parte del “derecho a la verdad y que esa aproximación a la verdad sirva para hacer justicia, obviamente”. Agregó que el gobierno también solicitó información sobre el Plan Cóndor a Estados Unidos y Paraguay. En tanto, el PITCNT instó al canciller a que pida información sobre la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, luego de que se supiera, este mes, que la Justicia paraguaya había accedido a archivos de la Armada de ese país.
Tampoco está resuelto, según indicó, que vayan a estar presentes los comandantes en jefe de las tres fuerzas, algo que deberá decidir el presidente José Mujica.
Con respecto a la transmisión del acto, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT envió una nota al canciller Luis Almagro en la que solicita que sea por cadena de radio y televisión y que luego se difunda en todos los centros de enseñanza del país. Al respecto, Breccia señaló que Televisión Nacional y las radios del SODRE transmitirán el acto, pero que no se discutió la posibilidad de hacerlo en cadena nacional.
Con presencia
Mientras tanto, varias organizaciones de la sociedad civil volverán a reunirse hoy para definir su postura con relación a las candidaturas para nombrar a los integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Además del nombre de la fiscal Mirtha Guianze, propuesto por Familiares y Crysol y el que genera mayor consenso hasta el momento, se discutirán otros nombres.
El Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores tomó posición por un candidato cuyo nombre dará a conocer hoy en la reunión. Según una declaración emitida el martes, de las personas que integren la institución dependerá que el organismo se convierta en un instrumento eficaz en la “promoción de todos los derechos humanos”. “Las personas que finalmente logren las mayorías parlamentarias especiales que determina la ley 18.446 [que crea la institución] para integrar dicho organismo tienen una importancia determinante a la hora de evaluar las posibilidades de que cumpla con los objetivos que la ley estableció”, señala el texto.
Según explicó Raúl Olivera, integrante de la comisión de Derechos Humanos de la central, la concepción que cada uno tenga sobre el pasado reciente “divide aguas” al momento de definir a los candidatos. “El instituto no se limita a eso; es más, podría pensarse que va a dedicarse a los otros derechos humanos que han estado medio olvidados, pero es fundamental el compromiso que se haya tenido en ese período”, señaló. “Para el movimiento sindical, que siempre ha desarrollado a todos los niveles una activa acción contra la impunidad, es determinante la actuación que llevó a cabo en ese período cada ciudadano que pretenda integrar dicho organismo”, establece la declaración.
La “legitimación” del instituto estará dada, según la central, “por la legitimidad que a nivel de la sociedad civil tengan las personas llamadas a ponerlo en funcionamiento”, por lo que espera que los integrantes “no sean el resultado de espurias pujas políticas”. “Un acuerdo político que para lograr las mayorías necesarias” se realice “a espaldas de la opinión de la sociedad civil no constituye una buena señal de transparencia y afecta la independencia que en la letra le atribuye la ley”, sentencia.
Por su parte, organizaciones de mujeres (Cotidiano Mujer, Mujer Ahora y CNS Mujeres, entre otras) resolvieron presentar en la reunión de hoy, además del apoyo a la candidatura de Guianze, cuatro nombres de mujeres que podrían ser postuladas, para que no sea sólo “una elección masculina”, explicó Elena Fonseca, de Cotidiano. “El objetivo es que la sociedad civil esté presente en el nombramiento, para que no se convierta en algo político partidario”, afirmó.
Una comisión especial integrada por legisladores de todos los partidos políticos recibe, hasta el 7 de marzo, las postulaciones.