La sesión de las comisiones de Salud de las cámaras de Senadores y Diputados fue tan larga como tensa. Duró más de seis horas y como denunció el director general de Salud del MSP, Yamandú Bermúdez, hubo gran tensión entre gobierno y oposición. Según dijo, hubo “actitudes de descortesía y falta de respeto” e incluso algunos legisladores opositores no escucharon al ministro.
Los argumentos de la oposición giraron en torno a dos puntos. El primero, un aumento de la tasa de mortalidad de la Unidad de Cuidados Cardiológicos (UCC) del Hospital Maciel, donde uno de los enfermeros, Marcelo Pereira, se desempeñaba, que se ubicaba en 19% en diciembre de 2011 y en el resto de los meses de los dos últimos años no había superado el 6%. La información fue advertida por el jefe de la unidad, José Pedro Patritti, al director del hospital, Raúl Gabus, en una carta firmada el 13 de marzo de 2012, en la que advertía un “brusco incremento” de la mortalidad en 2011.
El otro punto que cuestionó la oposición fue la falta de coordinación entre el Ministerio del Interior (MI) y el MSP. Según dijeron legisladores blancos y colorados, el MI estaba al tanto del caso desde enero, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) fue informada el 13 de marzo y Venegas recién el 17 de ese mes. La oposición destaca además que la última muerte fue el 12 de marzo. “De haberse dado, la comunicación podría haber salvado una vida”, adujo el senador colorado Alfredo Solari.
Además, Solari cuestionó que no haya habido una reapertura del corralito mutual tras el incidente. Sostuvo que “algunos controles están dispuestos pero no se ejecutan”, especialmente en los casos de “muertes inesperadas: cuando un paciente viene mejorando adecuadamente y fallece, debería llamar la atención”. Según dijo, Venegas informó que en esos casos “no se firma el certificado de defunción y se envía al Poder Judicial el caso”. Según Solari, “el MSP debería hacer un seguimiento de estos casos para indagar las causas de las muertes, pero no se hace”, por lo que es “responsabilidad de la cartera”. “El MSP no está cumpliendo su rol de policía sanitaria”, remarcó el diputado nacionalista Antonio Chiesa.
Respecto al corralito mutual, el presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis Enrique Gallo, declaró que no se abrirá debido a que “el sistema sanitario no está en juego”. No obstante, informó que “los familiares de las víctimas que sean socios de alguna institución” van a ser autorizados al cambio, porque en estos casos “hubo una pérdida en la calidad asistencial, que amerita la pérdida de confianza en la institución”. La respuesta no conformó a Solari, que argumentó que “si hay una cantidad de afiliados que no se sienten seguros en la institución donde están tienen derecho de transferirse a otra”.
Versión oficial
El principal argumento del oficialismo fue que se trató de una situación excepcional, imprevisible e incontrolable: “Los controles están hechos para prevenir errores en la asistencia, pero no tenemos la bola de cristal para prever que hay dos personas que salen a matar gente”, dijo el diputado Álvaro Vega. Las autoridades del MSP alegaron que los datos estadísticos presentados por Patritti no tenían real valor estadístico, debido a que el aumento a 19% del índice de mortalidad en diciembre de 2011 correspondía a cuatro muertes en un total de 25 egresos, y a un aumento de 0,5% anual respecto a 2010. Según Vega, estos datos deben analizarse anualmente y no en función de un solo mes.
En cambio, las autoridades del MSP evitaron contestar por qué no fueron informados antes por el MI de la situación. “Yo soy el ministro de Salud Pública y no del Interior”, dijo Venegas a los medios y a los legisladores de la comisión. También llamó la atención que aunque se enteró cuatro días antes que el ministro, la presidenta de ASSE, Beatriz Silva, no le informó sobre el caso. Según dijeron fuentes del MSP, desde la cartera se “entendió” el accionar de Silva, ya que “tenía que tener la mayor reserva posible”, aunque admitieron que las relaciones entre el ministerio y ASSE “deberían ser mucho más fluidas”.
En tanto, fuentes del MI alegaron que la investigación se llevó a cabo en todo momento en “extrema reserva” para no poner en riesgo sus resultados, al punto de que la mayoría de la cúpula de esa cartera se enteró del caso el mismo día que Venegas. Según dijeron, cuando se presentó la denuncia “no parecía muy firme”: “Había que ir con mucha cautela porque había indicios pero no prueba cierta. Tristemente, el asesinato de Gladys Lemos permitió llegar a un resultado mucho más rápido”.