En su penúltima edición, el semanario Búsqueda había levantado declaraciones del diario argentino Página 12 de la jueza Mariana Mota, en las que opinaba sobre la actuación de los gobiernos de José Mujica y de Cristina Fernández respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las últimas dictaduras militares, cuestionando al primero y elogiando al segundo. Ayer, el presidente José Mujica expresó a través del mismo semanario que le “llamó la atención” que “ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido” se hubieran pronunciado sobre el hecho. “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo”, deslizó Mujica.
En la tarde de ayer, la SCJ salió a aclarar que el lunes le había solicitado a la jueza un informe sobre sus declaraciones. En el escrito, según pudo saber la diaria, le preguntaba si efectivamente había formulado esas declaraciones, y en su respuesta, ya entregada a la SCJ, Mota contesta que sí, pero no profundiza en si lo dicho vulnera o no su condición de imparcialidad.
En la entrevista con Página 12, Mota declaró textualmente: “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
El ministro de la SCJ Jorge Chediak dijo a la diaria que el máximo tribunal está analizando el tema, pero que la situación es “delicada”. “Ya hicimos una recomendación en el sentido de que [Mota] se había expuesto a ser imparcial”, recordó. La observación de la SCJ se produjo a raíz de la participación de Mota en la Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo, asistencia que también fue difundida por el semanario Búsqueda. El mismo medio había publicado con anterioridad un artículo en el que catedráticos de derecho cuestionaban una sentencia de Mota -que ratificó el procesamiento con prisión del coronel retirado Carlos Calcagno por la desaparición forzada de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo- por entender que no respetaba el principio legal por el cual ningún ciudadano está obligado a autoincriminarse en un proceso penal. El semanario citó en aquella ocasión sólo una parte de la sentencia, donde Mota señalaba que los acusados debían “cooperar con el oficio en la búsqueda de la verdad”. Omitió la parte donde la jueza aclaraba: “No se pretende que el encausado se inculpe sino que aporte al juzgado las pruebas que tuviere en su poder para alcanzar la verdad material de los hechos, máxime cuando tiene la disponibilidad de la prueba”.
Chediak señaló que la SCJ estudiará “si corresponde algún tipo de acción” en el caso de las declaraciones a Página 12, pero subrayó que a los jueces les está “absolutamente vedado por el estatuto todo tipo de manifestaciones vinculadas a la política partidaria, eso es clarísimo”. “Habrá que ver si hizo las declaraciones, cuál fue el contenido, y analizar si están dentro de ese marco de actuación limitado o no”, indicó. Entre otras causas a su cargo, Mota fue la responsable de la condena a 30 años de prisión del dictador Juan María Bordaberry.