Sin Policía
La presidenta del sindicato de trabajadores de tambos solicitó la reunión con Mujica también para hablar sobre la derogación del decreto aprobado en 1978, prevista en un proyecto de decreto elaborado por el MTSS (ver la diaria del 16/04/12). La norma aprobada durante la dictadura encomendaba a la Policía el desalojo de los trabajadores rurales despedidos cuando éstos viven en el establecimiento donde trabajan, mientras que el proyecto de decreto a estudio en el Ejecutivo determina que una vez cumplido un plazo de 30 días después de comunicado el despido, el empleador puede iniciar acciones judiciales para el desalojo del asalariado. “Los que lo vivimos en carne propia sabemos lo que es”, señaló María Flores, quien fue una de las que advirtieron en el Parlamento y en el MTSS que el decreto sigue vigente, ya que fue utilizado en 2009, cuando su esposo fue despedido tras intentar formar un sindicato y desalojado. “Mis hijos todavía se acuerdan, me preguntaban ‘¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Robamos?’. Había tres camionetas de la Policía alrededor y el comisario diciendo: ‘Saquen sus cositas’”, recordó Flores. “No es nada grato que lo siguieran haciendo”, concluyó. La sindicalista comentó que se reunió con algunos legisladores del Frente Amplio para comentar el proyecto de decreto y aunque muchos coincidieron con la reacción del gobierno, otros plantearon matices. “Algún diputado nos preguntó qué queríamos, si queríamos quedarnos a vivir dentro de los predios”, lamentó.
La dirigente del SUTTA explicó a la diaria que le pidieron una audiencia al presidente para darle su opinión respecto al proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que deroga un decreto de 1978 que habilitaba la intervención de la Policía en casos de desalojo de trabajadores rurales (ver recuadro). No obstante, Flores señaló que también quieren manifestarle a Mujica que actualmente no se está cumpliendo la ley de ocho horas para los trabajadores rurales. “Muy pocas estancias en todo el país tienen una planilla de control donde marcar la hora de entrada y de salida, aunque es obligatorio”, ejemplificó. Según la presidenta del SUTTA sólo en seis o siete establecimientos se utiliza esa planilla, y en la mayoría se implementó el mecanismo “porque hubo presión para que la pusieran”. “He visto a gente importante, que integra los Consejos de Salarios, rasgarse las vestiduras diciendo ‘yo cumplo todo’ y después les preguntás a los peones y dicen que no”, dijo. “Si no tenemos un control, una planilla, es imposible hacer ocho horas, es algo que volvemos a reiterar en cada reunión, porque es muy lindo tenerlo en el papel, pero ¿el papel se aplica?”, se preguntó.
Flores dijo que en la reunión con Mujica buscarán “incentivar a que la ley de ocho horas se controle”, ya que si bien reconoce que el MTSS ordena “inspecciones a medida que solicitamos” y “ha cumplido con salir al interior”, considera que tiene pocos recursos para hacerlo. “Son muy pocos los inspectores para salir a campaña, hay pocos vehículos e infraestructura”, opinó.
Según Flores, que además integra la Unión Nacional de Trabajadores Rurales (Unatra), tampoco se cumplió todavía con el artículo 11 de la ley 18.441, que establece la creación de una comisión de seguimiento integrada por delegados del Poder Ejecutivo, del sector empresarial y de los trabajadores, encargada de evaluar la aplicación de la jornada de ocho horas y el descanso semanal. “Esa comisión nunca se creó, y es una forma de trabajar en conjunto por la ley”, consideró.
Por su parte, Jorge Rodas, presidente de UTAA, aseguró el miércoles 18 en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que la ley de ocho horas no se cumple. Según Rodas, también de Unatra, para que se aplique la ley es necesaria una reglamentación. “La ley está, pero el drama es que se tiene que reglamentar para que se cumplan las cosas”, señaló, y opinó que si eso no se concreta no hay posibilidades de determinar la forma de cumplir con los descansos.