El ministro de la embajada de Argentina en Uruguay, Santiago Vázquez, recibió ayer a los integrantes de la comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, que pusieron al tanto a la representación diplomática de la denuncia penal que radicarán en nuestro país cinco argentinos por la desaparición de al menos seis personas, la detención de otras tantas y la apropiación de una niña en territorio uruguayo entre 1976 y 1978, en el marco del plan Cóndor.
Otras perlas
En la cronología que se entregó en la Embajada de Argentina se destaca que el 22 de diciembre de 1977 el jefe del Departamento III del SID, José Gavazzo, dio una conferencia a integrantes de los servicios de inteligencia uruguayos en la que informó que Degregorio vivía en Uruguay con su compañera e hijas, y que personal de la Armada argentina “se encontraba colaborando” en investigar al “detenido Jefe montonero”. Ese día, las Fuerzas Conjuntas emitieron el comunicado oficial Nº 1378 en el que daban cuenta “sólo de algunos de los operativos perpetrados”, pero otros fueron omitidos. Por ejemplo, el nombre de aquellos que fueron trasladados ilegalmente a Argentina como Dri, Quiroga y sus tres hijas, y el propio Degregorio.
La cita estaba pactada con el embajador Dante Dovena pero el jerarca debió viajar a su país a último momento. De todas formas, los sindicalistas entregaron una carta, a la que accedió la diaria, con una detallada cronología de los hechos que se denunciarán.
El ex diputado peronista Jaime Dri, la ex militante peronista Rosario Quiroga y sus tres hijas serán los denunciantes. Luego de la detención y desaparición de su esposo en Argentina en 1976, Quiroga decidió escapar a Uruguay con sus hijas. Para entonces, sus conciudadanos Claudio y Lila Epelbaum, hasta ahora desaparecidos, habían sido secuestrados en Punta del Este y presuntamente trasladados a la vecina orilla. Por esa razón, Quiroga se instaló en nuestro país con documentación falsa.
En noviembre de 1977, Quiroga fue testigo de la detención de su pareja, el dirigente montonero Óscar Degregorio. La captura se produjo en el puerto de Colonia -donde ella lo estaba esperando- por la Prefectura Nacional Naval, que lo trasladó a Montevideo y lo “derivó” al Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna). Al día siguiente de su detención, llegaron a Uruguay oficiales de la Armada argentina -integrantes del denominado Grupo de Tareas que actuaba en la represión ilegal en ese país con base en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA)- para “identificar” a Degregorio.
Cuando estaba siendo trasladado a otra dependencia castrense, Degregorio fue baleado e intervenido quirúrgicamente. Se presume que a poco de su recuperación fue trasladado en avión a la ESMA en Buenos Aires y luego asesinado. A su vez, el 15 de diciembre Quiroga fue detenida junto con otro ciudadano argentino, Rolando Pisarello, y ambos fueron trasladados a un lugar conocido como “el Castillito de Carrasco”, cerca del aeropuerto, cuya dirección todavía no está determinada. Allí fueron interrogados y torturados por personal del Servicio de Información y Defensa (SID) del Uruguay y por oficiales argentinos del Grupo de Tareas.
Esa fecha marcó el inicio de una serie de detenciones de argentinos refugiados en nuestro país, que incluyó, por ejemplo, al pianista Miguel Ángel Estrella. También la del ex diputado por Entre Ríos que presentó la denuncia. Dri fue detenido junto con Juan Barry -fallecido como consecuencia de las heridas recibidas- por miembros del SID y de la marina argentina, y también estuvo en el Castillito de Carrasco antes de ser trasladado a su país.
La denuncia penal abarca también la desaparición de Mónica Grispon de Logares y Claudio Logares, junto con Paula, la hija de ambos, quien fue apropiada por el subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Luis Lavallén, integrante del elenco represivo de la Brigada de San Justo. Paula fue ubicada por su familia en 1984, año en que recuperó su identidad. También se incluirá la de- saparición en Uruguay en setiembre de 1978 de María Catalina Benassi de Franco y Manuel Eduardo García, que no están reconocidos como desaparecidos en el informe de la Comisión para la Paz, a diferencia de los otros denunciados.