Cerca del Cementerio de la Consolación, en el centro de San Pablo, se reunían ayer unos 200 militantes de la organización Cordón de la Mentira, que integran militantes políticos, grupos de teatro y de samba, y que niega que el movimiento represivo de la dictadura haya terminado. Con ese descreimiento como lema, conmemoraron ayer el Día de la Mentira, informó Agencia Estado. Entienden que la impunidad de la que disfrutan los represores de la dictadura es la prueba que respalda su tesis.
Su manifestación, que recorría ayer varios puntos de la ciudad, fue una de las tantas que se desarrollaron este fin de semana en Brasil para recordar el golpe de Estado de 1964.
Otro de esos actos públicos fue el que organizaron militares el sábado en la playa Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, para celebrar el golpe, al que llaman “Revolución del 31 de marzo de 1964”. Un avión sobrevoló la zona desplegando un cartel con la inscripción “¡Felicidades, Brasil! 31/03/64”, y unos 80 asistentes presenciaron cómo ocho militares se tiraron en paracaídas con banderas brasileñas, informaron el diario Folha de São Paulo y la agencia ANSA. Consultados por ese periódico, varios militares participantes en el acto criticaron las iniciativas de la Fiscalía de investigar la desaparición de cinco integrantes de la Guerrilla de Araguaia, y también con la Comisión de la Verdad que impulsa el gobierno.
A esta comisión se han sumado varias otras específicas de algunos Estados, como San Pablo, Río de Janeiro y Río Grande do Sul. El viernes también el gobierno de Pernambuco anunció que envió a la Asamblea Legislativa local una iniciativa de crear la suya, que al igual que la Comisión Nacional, creada por el gobierno de Dilma Rousseff, tendría potestades para investigar crímenes pero no para juzgar a quienes los cometieron. Sin embargo, la de Pernambuco, de acuerdo con Folha, va a enviar sus conclusiones a la Fiscalía para que ésta evalúe si corresponde actuar.
Un día antes, el jueves, comenzaron los actos por el aniversario del golpe. En el Club Militar de Río de Janeiro, unas 300 personas participaron en el panel “1964 - La verdad”. Afuera se reunieron unos 500 manifestantes para repudiar ese acto de reivindicación de la dictadura. Llevaron carteles para recordar a los desaparecidos, hubo gritos de “asesino”, “cobarde” y “torturador”, y algunos intentos de impedir a los militares acceder al club. Los manifestantes fueron dispersados con gases y balas de goma por la Policía.
Al día siguiente se conoció que la CIDH aceptó un reclamo presentado ante ese organismo internacional por la falta de investigación en Brasil sobre la muerte del periodista Vladimir Herzog durante la dictadura. Lo presentaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos, el Grupo Tortura Nunca Más y el Centro Santo Días, de la Arquidiócesis de San Paulo. La CIDH pidió el martes al gobierno de Brasil que explique, en el plazo de 60 días, por qué no fue investigada ese crimen.
El periodista de origen yugoslavo, de 38 años, fue encontrado muerto el 25 de octubre de 1975 en una celda de un cuartel del Ejército en San Pablo, ahorcado con su cinturón. Las autoridades, que calificaron su muerte como suicidio, lo habían convocado a esa sede militar un día antes, para que declarara acerca de sus vínculos con grupos de izquierda, y él se presentó. Según recordó la agencia Efe, una fotografía del cadáver de Herzog que divulgó la dictadura se convirtió en un argumento para poner en duda la versión oficial: mostraba que el periodista podía haber sido torturado y que era más alto que la ventana de la que supuestamente se colgó.
La muerte de Herzog fue denunciada por la familia en 1976, y hubo dos intentos de la Fiscalía de San Pablo de abrir el caso, pero en 1992 un tribunal se negó a investigar por entender que estaba comprendido en la ley de Amnistía, de 1979, y en 2008, la Justicia entendió que el crimen había prescrito. A 27 años del fin de la dictadura, la OEA concluyó en su pronunciamiento que en el caso Herzog todavía “el Estado brasileño no cumplió con su deber de investigar y procesar a los responsables”.