El decreto reglamentario del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que está siendo elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) estaría listo “en unos pocos días”, según adelantó a la diaria su director, el economista Gabriel Frugoni. “A la brevedad estaremos en condiciones de presentarlo”, indicó el jerarca. Confirmó que incluirá la creación de un fideicomiso en el que las intendencias volcarán la recaudación del ICIR para ejecutar planes de recuperación de caminería. El ICIR, creado en diciembre, es un impuesto anual que deberán pagar los inmuebles rurales que excedan por titular las 2.000 hectáreas índice Coneat 100.
Según Frugoni, se estima que se recaudarían unos 60 millones de dólares anuales. Con estos fondos, el gobierno se comprometió a crear un fideicomiso de 450 millones de dólares para mejorar la caminería rural y destinar unos 20 millones de dólares al Instituto Nacional de Colonización (INC). Las intendencias, que se encargarán de cobrarlo, volcarán la recaudación al fideicomiso para ejecutar planes de vialidad en el marco del proyecto de regionalización de los recursos. Hoy se reunirán los intendentes Walter Zimmer (Colonia), Guillermo Besozzi (Soriano) y Omar Lafluf (Río Negro), que conforman una de esas regiones. Uno de los puntos que tocarán será el ICIR, a partir de haber encomendando estudios sobre la longitud y el estado de la caminería rural en sus departamentos, con el objetivo de establecer parámetros que permitan una distribución de la recaudación según las necesidades de cada zona del país, explicó Zimmer.
“Vamos a proponer que la primera etapa de la recaudación se vuelque a la compra de maquinaria. La idea es dar una respuesta rápida, pero las intendencias tienen maquinaria obsoleta y para cubrir los servicios tendríamos que contratar empresas privadas, lo que sería muy costoso”, anunció Zimmer, actual vicepresidente del Congreso de Intendentes (CI). La zona suroeste es una de las más afectadas por el tránsito pesado de vehículos, agregó. Acerca de la reglamentación del ICIR, Zimmer dijo que los intendentes esperan recibir el texto del decreto que prepara la OPP, para “sumarnos al estudio y dar nuestra opinión, ya que somos los directamente involucrados”, aunque “la idea es que salga lo más rápido posible”, agregó.
En este sentido, Frugoni dijo que el decreto será elaborado por la OPP y que el CI se encargará de “la aplicación final del impuesto”, en cuanto establece el fideicomiso y una instrumentación regional.
Vaca profana
El complejo agroindustrial El Talar, perteneciente al empresario López Mena, también dueño de Buquebus y la aerolínea BQB, está ubicado en Maldonado, sobre la ruta 12, a unos diez minutos de Solanas. La empresa, que finalmente retiró el recurso de inconstitucionalidad contra el ICIR, tiene unas 2.000 hectáreas que albergan 600 vacas lecheras para producir lácteos de alta calidad. Una crónica publicada en el sitio Portalpunta.com señala que en este establecimiento rural “cada lechera tiene su propia casa con ventilador, cama, colchones de goma, comederos individuales, parrillas de cobre para repeler la estática de las tormentas y una especie de rascador, donde el animal se frota”. La consigna del establecimiento es que “con animales más sanos, sin estrés ni cansancio innecesario, se consigue un producto de mayor calidad”.
En contra
Hasta el momento, se han interpuesto tres recursos de inconstitucionalidad contra el ICIR ante la Suprema Corte de Justicia, pero uno ya fue retirado. Los dos que se mantienen en trámite fueron presentados por la firmas Guanares SA, dedicada a la forestación, y Casarone Agroindustrial, que desarrolla actividades industriales en el sector arrocero y explota dos establecimientos agropecuarios. Pero el recurso de la firma agroindustrial El Talar, un complejo lechero en Maldonado, perteneciente al empresario argentino Juan Carlos López Mena, fue retirado. En un comunicado, la empresa declaró que “reconsideró” la situación debido a “la definición del gobierno y de todos los intendentes del país de los más diversos sectores políticos para defender esa ley”, por lo que considera que “vale sacrificarnos y sumarnos desde el sector privado a ese esfuerzo”.
La defensa del ICIR por parte del gobierno está a cargo del departamento jurídico de la OPP, que actualmente prepara “las contestaciones”, según Frugoni. El intendente Zimmer agradeció “a la gente que se ha retirado”; “me parece un gesto franco y noble”, expresó. “Me duele que las grandes empresas sean las que están presentando los recursos” porque “son las que más ganan con los beneficios para su instalación y comercialización de productos”, agregó. El CI, en una resolución tomada por consenso de todos sus miembros, se comprometió a “defender” el ICIR y a procurar su implementación lo más pronto posible. Vale recordar que el ICIR fue aprobado sólo con los votos de los legisladores del Frente Amplio, pero en el CI sólo hay cinco de esa fuerza política. De los restantes, 12 son nacionalistas y dos son colorados. Por su parte, la Asociación Rural del Uruguay anunció que prepara la presentación de más recursos contra el ICIR.