La ceremonia, fijada para el 4 de junio en la antesala de la Cámara de Representantes, da cumplimiento a la ley 18.596 de reparación integral aprobada en 2009, que prevé la promoción de acciones simbólicas de reparación por parte del Estado. La organización de esta instancia está a cargo de la comisión de Derechos Humanos de Diputados y de la comisión que elaboró dicha norma.
Este ámbito -que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y tiene representantes de la sociedad civil- está encargada desde 2010 de recepcionar las solicitudes de reparación y resolver su otorgamiento. Hasta ahora, se ha aprobado e implementado la entrega de las reparaciones materiales, que comprenden desde indemnización económica hasta el otorgamiento de prestaciones médicas, dependiendo de cada caso y de lo que se haya solicitado.
El universo de peticionantes abarca niños que hayan nacido o permanecido en cautiverio con sus padres, personas detenidas por más de seis meses o que sufrieron en ese marco lesiones gravísimas, desaparecidos y familiares de las víctimas de hasta segundo grado por consanguinidad. El 4 de junio será la primera vez que se entreguen los documentos de reparación simbólica a todas las personas que lo solicitaron.
El “certificado” que se entregará a las personas peticionantes las reconocerá como “víctima del accionar ilegítimo y/o del Terrorismo de Estado” en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 -fecha en que Jorge Pacheco Areco firmó el primer decreto para la instauración de las medidas prontas de seguridad- y el 28 de febrero de 1985. El documento también reconoce la “responsabilidad institucional” del Estado al haber afectado la “dignidad humana” de las víctimas por motivos políticos e ideológicos.
La diputada frenteamplista Daniela Payssé, presidenta de la comisión de Derechos Humanos, explicó a la diaria que el acto de entrega pretende tener “valor simbólico” para el “conjunto de todas las víctimas del terrorismo de Estado”. Aclaró que no necesariamente serán todos mencionados ni se llevarán su documento ese día, porque no todos los peticionantes lo quieren así. Tampoco significa que la comisión del MEC dejará de recibir solicitudes de reparación, tanto materiales como simbólicas.
Con relación al acto de reconocimiento por el fallo Gelman vs. Uruguay de la Corte Interamericana, Payssé precisó que esta ceremonia es independiente de ello. “Aunque ese acto no hubiera existido, el Estado está obligado de todos modos por la ley 18.596”, señaló.
Mara Martínez, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Gastón Grisoni, de Crysol -ambos integrantes de la comisión del MEC-, enfatizaron en el carácter simbólico y abarcativo de las víctimas en general, sin concentrarse en ninguna en particular. Además, Grisoni adelantó que Crysol solicitará por escrito a Presidencia la participación de José Mujica y que sea transmitido por cadena de radio y televisión. Por el Poder Ejecutivo, está confirmada la asistencia del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich.