Las declaraciones de la senadora Lucía Topolansky a la agencia estatal argentina de noticias, Télam, acerca de la importancia que asigna al trabajo de incidir sobre el pensamiento de los militares, han causado un escándalo*. La polémica se justifica, con independencia de que incluya algunas exageraciones.
En resumen, la legisladora del Movimiento de Participación Popular sostuvo que para evitar la reiteración de los procesos que llevaron a la dictadura y al terrorismo de Estado, y facilitar la colaboración de las Fuerzas Armadas con el esclarecimiento de aquellos crímenes, hay que llevar a cabo por lo menos tres tareas. Sobre dos de ellas no hay nada que objetar. Topolansky dijo que es preciso 1) revisar y cambiar la educación de los militares, con participación de docentes civiles y sin aislamiento “en un gueto”, para que su conocimiento de la historia reciente no se limite a la versión de los represores presos y 2) convencerlos de que su papel es, de acuerdo con la Constitución y las leyes, la “defensa de la patria” y no el “ataque al ciudadano”. El problema, que es grande y de fondo, se relaciona con la tercera línea de trabajo planteada por la senadora: lograr unas “Fuerzas Armadas fieles al proyecto nuestro”, “hacer un trabajo en esas cabezas” para tratar de poner “de nuestro lado [...] por lo menos [a] un tercio de la oficialidad y la mitad de la tropa”.
En algunos comentarios sobre esas declaraciones se alegó, en defensa de la legisladora, que ella en ningún momento dijo “del lado del Frente Amplio [FA]”, y que quizá se quiso referir al “lado” de quienes deseamos unas Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia y el respeto de los derechos humanos. Eso estaría muy bien, pero el viernes 5 en Tacuarembó Topolansky dijo que “los militares votan y, por lo tanto, en su momento tienen que tomar una definición política y elegir”; que para ella “son ciudadanos tan valiosos como los demás” y los quiere tener consigo; que querría que “todos los militares estuviesen con el FA” porque cree “que es la propuesta que está más cerca de la gente”; que el gobierno del FA ha “mejorado mucho” los salarios de la tropa; y que, en su opinión, el hecho de que integrantes de las Fuerzas Armadas “piensen en el FA como una opción [...] nos asegura el famoso ‘nunca más’”. A confesión de parte, relevo de prueba.
Por supuesto, han salido a rasgarse las vestiduras destacados integrantes de los partidos Colorado y Nacional, colectividades que desde siempre han trabajado en forma disimulada (con mayor éxito en el primer caso) para lograr lo mismo que Topolansky dice sin pudor que desea: la incorporación a sus filas de la mayor cantidad posible de uniformados.
Se arguye que las intenciones de la senadora violan la Constitución, cuyo artículo 77, numeral 4º, prohíbe a los militares en actividad “formar parte de comisiones o clubes políticos, [...] suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. Pero se comprende fácilmente, sin necesidad de ser jurista, que la idea de los constituyentes no fue que el voto de los uniformados se definiera sacando papelitos de un quepis. El desarrollo del raciocinio político, necesario y conveniente en cualquier ciudadano, siempre se produce en interacción con otros, pero entre los integrantes de las Fuerzas Armadas es preciso acotarlo rigurosamente, para que no conduzca a riesgos institucionales. Resulta lógico y prudente que, si el Estado le confiere a ciertas personas el derecho a usar armas de guerra y las capacita para actuar con violencia, les limite el ejercicio de otros derechos, y limite también su propia capacidad de utilizar a esas personas con propósitos antidemocráticos.
Es legítimo que Topolansky aspire a que haya muchos militares frenteamplistas; en eso sólo se distingue de otros políticos por la torpeza de declararlo públicamente y por el grave despropósito de anunciar su voluntad proselitista desde una alta posición de gobierno, que le da posibilidades de mando y presión sobre los uniformados. Más grave es que no distinga entre la definición política de las personas y la de las instituciones, que se refiera a poner “de su lado” a las Fuerzas Armadas como tales. Y aun más grave es que, por sus declaraciones, parezca que cuando habla del “nunca más” piensa en que nunca más haya terrorismo de Estado dirigido por derechistas contra izquierdistas, como si no creyera posible que ocurra a la inversa o no considerara necesario prevenirlo.
Es una exageración oportunista, sin duda, atribuirle por ello intenciones golpistas, pero está claro que la legisladora expresa una concepción bastante tosca y maniquea de la política, y hace recordar a aquel personaje de Wimpi al que le aconsejaban “Callate, nena, que se te entiende todo”.
*Se recomienda ver la versión completa de la entrevista en Youtube (http://ladiaria.com.uy/Uw), para comprender mejor las palabras de la senadora y porque aborda otras cuestiones importantes.