Estamos acostumbrados a escuchar sobre la necesidad del debate y el intercambio de ideas entre aquellos que se consideran de izquierda. Pero parece que las discrepancias no se pueden tramitar civilizadamente. Lamentablemente el tono de la respuesta del diputado Felipe Michelini a mi columna “El mismo cielo” del 11.6.2012 (http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/6/el-mismo-cielo/) desanima cualquier posibilidad de abrir un debate constructivo. El diputado dedica 1.135 palabras para desacreditar las 670 de mi “superficial” columna. Desde su punto de vista (que se puede ver en http://ladiaria.com.uy/UBI ) es “injusta”, “no se ajusta a la verdad” y, entre otros aspectos negativos, contribuye a “erosionar” el legado del movimiento de los derechos humanos. Me asombra cómo mi columna pudo generar dicha interpretación. Sobre todo porque también me siento cercano a la causa de los derechos humanos que el diputado defiende ante mi supuesto ataque. Este asombro me anima a realizar tres precisiones.
1- Si bien mi columna expresaba cierta molestia acerca de cómo se resolvió la crisis del Comcar, el objetivo era más general. Lo que intenté fue contribuir a una reflexión que incorporara una dimensión humanista al debate público sobre el sistema carcelario actual. No diría nada muy inteligente ni original si afirmo que en la ultimas décadas, como consecuencia del aumento de la fragmentación social, ha crecido la estigmatización hacia ciertos sectores sociales vulnerables. En el debate público dicha estigmatización ha implicado relativizar la condición humana y los derechos de dichos sectores. Este fenómeno ha afectado al conjunto de la sociedad y trasciende las fronteras ideológicas y de clase. También entre los votantes, militantes y -en algunos casos- políticos de la propia izquierda podemos encontrar actitudes de este tipo. Tampoco sería muy original afirmar que el Estado ha tenido que ver en estos procesos, incluso trascendiendo la voluntad de los gobernantes de turno. Las inercias estatales que existen en estas temáticas han sido muy fuertes. Para muestra basta estudiar las problemáticas continuidades dentro de la institución policial que la administración frenteamplista ha intentado modificar. Nunca mejor dicho que una cosa es el gobierno y otra es el Estado.
En síntesis, mis comentarios en relación a la situación carcelaria buscaban trascender lo actual y no pretendían tener una especial animadversión hacia esta administración. Si el polemista hubiera puesto mayor atención se hubiera percatado que los sujetos de mis afirmaciones fueron tan vagos y generales como la “sociedad” y el “Estado” y que en la mayoría de los casos no me refería al período de gobierno frenteamplista sino al conjunto del período democrático. Ésos son los asuntos que me preocupan. Estoy seguro que al diputado Michelini también le preocupan esos mismos asuntos pero ha preferido usar un lenguaje belicoso y reactivo y tomar el asunto como un ataque a su partido.
2-Tampoco creo haber sido muy original en establecer vínculos entre dos experiencias históricas, la de la prisión política y la del sistema carcelario actual, que obviamente son diferentes. Agradezco los dos párrafos del diputado explicando las diferencias entre dictadura y democracia, pero me parecen innecesarios. Tal vez el que ha planteado esta comparación en su forma más brutal fue el Relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes, Manfred Nowak, quien visitó Uruguay en 2009 y expresó que el sistema penitenciario uruguayo presentaba “violaciones a los derechos humanos a gran escala”. Además, indicó que el Penal de Libertad era un “símbolo infame” de la dictadura que “20 años después, con un gobierno democrático”, presentaba “condiciones infrahumanas en flagrante violación de las normas internacionales”. Este año Nowak y su equipo retornaron a evaluar la situación y aunque reconocieron valiosas reformas plantearon que “las condiciones de detención en la mayoría de las cárceles siguen siendo muy deficitarias, destacándose en particular la persistencia de situaciones de hacinamiento. En algunos de los principales centros, como el Penal de Libertad y el Comcar, la situación se ha deteriorado hasta el punto que las condiciones de detención deben ser catalogadas como inhumanas (...) Este régimen y las condiciones deplorables llevan a un contexto de violencia estructural que resulta en abusos entre los reclusos y de las autoridades”. Entre las recomendaciones de este año, Nowak insiste en la lucha contra la impunidad y contra la tortura como aspectos centrales para transformar el sistema carcelario. Aspectos similares ha venido planteando el SERPAJ, una organización tradicionalmente comprometida con los derechos humanos, quien en sus informes anuales ha venido denunciando estos asuntos. En 2009, el entonces senador y actual ministro de Defensa decía ,en referencia al sistema carcelario, que “la violación actual, sistemática y permanente de casi todos los derechos humanos llega en ese inframundo que procuramos ocultar, a extremos que ni la dictadura alcanzó”. Estos enfoques anteriores muestran que las cosas no andan tan bien y que los vínculos entre ambas experiencias no son el resultado de un mero capricho del columnista.
3-Por último, el objetivo de establecer este vínculo entre la prisión política y la situación carcelaria en democracia no pretendía faltarle el respeto a nadie ni erosionar la valiente lucha por los derechos humanos, por el contrario, pretendía ser un aporte constructivo que intentaba mostrar todo lo útil que puede tener aquella experiencia para pensar nuestro presente. Mostrar cómo el legado de la lucha por los derechos humanos puede ayudar a construir una democracia más civilizada y más respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos. El derecho a la vida, la lucha contra la tortura, contra la impunidad, la crítica a la diferentes formas de violencia arbitraria por parte del Estado y por actores civiles son valores que existían en nuestra sociedad, pero que se fortalecieron como resultado del accionar del movimiento de derechos humanos en la lucha contra la dictadura, y en su demanda de verdad y justicia durante la democracia. Ese capital social puede servir para fortalecer una democracia que siempre es inacabada y perfectible.