En la previa se habló de internación compulsiva de adictos, allanamientos nocturnos y agravar las penas para los adolescentes infractores. Sin embargo, ayer el gobierno presentó una batería integral de medidas en materia de seguridad en el marco de lo que denominó “estrategia por la vida y por la convivencia”, y se desmarcó explícitamente de las políticas de “mano dura”. Las medidas fueron el resultado de un trabajo de dos meses del Gabinete de Seguridad, integrado por los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, a los que se sumaron las carteras de Educación y Desarrollo Social.
Las 15 medidas
Proyectos de ley
- Reparación a víctimas del delito.
- Agravamiento de penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base.
- Modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que refiere a la normativa que rige para los menores infractores.
- Volver a crear los Juzgados de Faltas para tipificar ciertas faltas que tengan “real incidencia en la seguridad ciudadana”; el resto se eliminará.
- Creación de dispositivos judiciales especializados en el narcomenudeo.
- Legalización regulada y controlada de la marihuana.
Resoluciones del Poder Ejecutivo
- Estrategia integral para 1.970 personas con consumo problemático de drogas -en especial de pasta base-, que busca “llegar a esa población y resolver el problema”.
- Incorporar los informativos y programas periodísticos y políticos a la normativa que regula el horario de protección al menor.
- Promover la autorregulación de los medios de comunicación en materia de manejo de informaciones referidas a seguridad y violencia.
- Mejorar eficiencia y transparencia policial a partir de una gestión basada en resultados y control de indicadores y del fortalecimiento de sistemas permanentes de control de desbordes y corrupción policial.
- Fortalecimiento del sistema de centros de mediación y negociación de conflictos.
- Capacitar e instalar la figura de los “jóvenes mediadores” en los liceos (adolescentes reconocidos por sus pares que se capaciten en técnicas de mediación y negociación de conflictos interpersonales para ser un vínculo con el entorno).
- Generar plazas de convivencia que incluyan infraestructura deportiva y espacios para actividades culturales, sociales y recreativas.
- Implementación de un sistema de información especializado de denuncias de violencia doméstica.
- Mejora en la educación y el control del tránsito en todas las ciudades del país.
El gobierno resolvió dejar a un lado las iniciativas que generaban problemas en la interna del Frente Amplio. Otras, como los allanamientos nocturnos, las descartó por ser “manifiestamente inconstitucionales”, según señaló el secretario de Presidencia, Alberto Breccia. En el caso del agravamiento de las penas máximas para los adolescentes infractores, que estaría contenido en un nuevo Código de Responsabilidad Penal Juvenil y sobre lo cual no hay acuerdo en la interna, Breccia aclaró que “aún está en discusión”. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aclaró que los contenidos específicos del nuevo código los definirá el Parlamento.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, habló de las causas del aumento de la violencia. “Fue la dictadura primero y el neoliberalismo en los 90 los que empujaron esta situación; eso debemos recordarlo siempre. No para tenerlo como pretexto para no hacer nada, porque 15 medidas son un conjunto potente de argumentos, pero sí para recordar que no debemos volver a esa visión individual, violentista, no solidaria, que la sociedad construyó a partir de 30 años de fragmentación social”, subrayó.
El documento distribuido ayer señala que “durante años” la izquierda explicó la criminalidad y el delito “por factores sociales y económicos”, una visión que es “insuficiente”. Luego se asocia la violencia al individualismo y al consumismo y se advierte que la seguridad “no puede concebirse sólo como el conjunto de políticas estatales contra el crimen”, sino que tiene que ver también, por ejemplo, con la recuperación de los espacios públicos.
Se advierte finalmente que no se responderá “a la violencia ilegítima de la delincuencia con más violencia irracional desde el Estado”. “Las políticas de ‘mano dura’ han demostrado ser poco eficientes y con una clara tendencia a desplazarse hacia la ‘mano bruta e injusta’”, se asegura.
Responsabilidad compartida
Respecto de los medios de comunicación, se modificará un decreto de 1988 que excluía a los programas periodísticos y políticos, incluyendo a los informativos, del horario de protección al menor. “No hay ningún fundamento que justifique eso”, enfatizó Olesker. Además, se revisará el sistema de sanciones para que sea realmente efectivo.
Por otra parte, se promoverá la autorregulación a partir del diálogo con los dueños de los medios y con los periodistas. En el documento se cuestiona que los medios no reflejen algunos logros del gobierno “con la importancia que tienen” y señala que “no ocurre lo mismo con la crónica roja”. Menciona que en mayo de este año se duplicaron los segundos destinados a las noticias policiales respecto de mayo del año pasado. Considera que muchas veces los medios “manejan la información de manera irresponsable y sensacionalista, convirtiendo la información en un espectáculo, ya sea reiterando imágenes de violencia excesiva o mostrando imágenes ostensiblemente crueles o que exaltan el sufrimiento de personas u otros seres vivos”. Se llama a encontrar “un sano equilibrio entre el derecho de los medios de informar sobre asuntos de interés público con los derechos que tienen las personas ante esos propios medios”.
En cuanto a las medidas (ver recuadro), se destaca la creación de un fondo nacional de indemnización a las víctimas de delitos violentos creado por el aporte de 1% de los seguros públicos y privados que se comercializan. El 75% de ese fondo se destinará a pensiones reparatorias para familiares de esas víctimas y el restante 25% para fortalecer al centro de atención a las víctimas de la violencia y el delito. También se elevará en un tercio el mínimo y el máximo de las penas de los delitos de peculado, concusión, cohecho y fraude, cuando el que comete el delito es funcionario policial, y también cuando preste funciones en un establecimiento de detención y reclusión. En el caso de la pasta base, se aumenta la pena mínima a cuatro años y la máxima a 15 años de penitenciaría. Actualmente el delito de tráfico de drogas se castiga con 20 meses de prisión a ocho años de penitenciaría.