Christiane Taubira nació hace 60 años en Cayena, la capital de Guyana Francesa, un territorio francés situado en el norte de América Latina. Cuando fue nombrada por Hollande los medios de derecha y de ultraderecha recordaron su militancia independentista de los 70. Para ella, mencionar su lucha por esa causa en Guyana, que mantuvo hasta 1982, es hacer “arqueología polémica”, aunque no reniega de ese compromiso. Cuando la población guyanesa rechazó en 2010 mediante referendo tener mayor autonomía respecto de París, no disimuló su decepción en una entrevista publicada por Le Monde. En diciembre de 2011 dijo al portal francés de información Street Press que aún es independentista.
Taubira explicó que por esa militancia tuvo que pasar a la clandestinidad en los 70 y que su marido -del que ahora está divorciada- estuvo preso por esa misma lucha. Sin embargo, un año después de que en 1981 asumiera la presidencia francesa el socialista François Mitterrand, dejó de buscar la independencia de Guyana Francesa porque la población entendió que “ya está, la izquierda no es colonial, se acabó”. Ahora concluye que los guyaneses no son independentistas, salvo que antes de 1981 tenían simpatía por los militantes como ella, que defendían esa causa.
Desde entonces optó por representar a su tierra de origen en Francia. En 1993 fundó el partido de izquierda Walwari con el que buscaba poner fin a la supremacía socialista en Guyana. Fue electa diputada ese año por una circunscripción de Guyana Francesa hasta que asumió como ministra. Hoy sigue siendo una de las dirigentes principales de esa agrupación. Su labor en la asamblea nacional francesa sólo fue interrumpida durante un mandato entre 1994 y 1999, período en el que ejerció como eurodiputada. En los últimos comicios legislativos decidió no ir por la reelección en su banca luego que el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, anunció que los integrantes del gabinete que fueran derrocados deberían salir del gobierno.
Ministra sorpresa
Taubira no estudió derecho sino economía y etnología afroamericana. Este punto alimentó duros cuestionamientos de la oposición conservadora, que denunció un nombramiento de fachada.
Sin embargo, Taubira tiene una ley a su nombre. En 2001 se aprobó una norma impulsada por ella que declara crimen contra la humanidad la trata de negros y la esclavitud. Pero la Ley Taubira también es controvertida: algunos le reprochan que sólo hable de la trata de negros por los blancos. Otra de las luchas legislativas de la actual ministra fue contra las minas antipersonales.
También le reprocharon el haberse presentado en 2002 como candidata del Partido Radical de Izquierda (PRG, según sus siglas en francés) a la presidencia. Algunos miembros del Partido Socialista (PS) la acusan de haber contribuido a la derrota de su candidato Lionel Jospin, que quedó fuera del balotaje. Éste fue protagonizado por el presidente candidato a su reelección, Jacques Chirac, y el ultraderechista Jean-Marie Le Pen. Con una campaña para la primera vuelta enfocada en la “igualdad de derechos”, Taubira obtuvo 2,32% de los votos y desde el PS se dijo que esos 600.000 sufragios, sumados a los 4.610.113 recabados por el socialista, hubieran permitido a Jospin superar los 4.804.713 de Le Pen.
En 2007 integró el equipo de campaña de la entonces candidata a la presidencia francesa, la socialista Ségolène Royal, ex compañera de Hollande. Tres años después, durante la campaña para las internas socialistas, hizo público su apoyo al candidato (derrocado en primera vuelta) Arnaud Montebourg, actual ministro de Recuperación Productiva. “Hace diez años que Montebourg y yo tenemos coincidencias” ideológicas, explicó entonces. Dio como ejemplo el hecho de que ambos estuvieron en contra de la Constitución Europea, al igual que la mayoría de la población francesa que en 2005 la rechazó en referendo. Además, recordó que ambos comparten la mismas “luchas contra la supremacía de la finanza”.
Taubira también se declaró favorable a la regularización de los extranjeros residentes en Francia sin papeles, a la creación de un impuesto internacional sobre los beneficios de las multinacionales y a la despenalización de la marihuana.
Su pertenencia partidaria no la alejó del activismo social. Es integrante de la Liga Francesa de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, de la organización francesa Juntos Contra la Pena de Muerte y contribuye con los gastos escolares de niños en Senegal y Brasil, además de haber participado de manifestaciones a favor de la anulación de la deuda de los países del sur.
El nombramiento por parte de Hollande de una mujer con los antecedentes de Taubira en una cartera clave como la de Justicia es una señal fuerte. Así lo vieron desde la derecha. La sucesora de Jean-Marie Le Pen en la conducción del ultraderechista Frente Nacional, su hija Marine, dijo de ella cuando fue designada que es “el propio modelo de la defensa del comunitarismo, el símbolo del sectarismo y la musa del independentismo”.
Desde la Unión por un Movimiento Popular, el partido del ex presidente Nicolas Sarkozy, la acusaron de “angelismo”, de “laxismo” y de “ceguera política”, cuando confirmó su intención de cumplir con una promesa de campaña hecha por Hollande: terminar con los tribunales correccionales para menores, creados por el gobierno de Sarkozy. La vocera del gobierno socialista, Najat Vallaud-Belkacem, dijo que el Ejecutivo está “aterrado” por los ataques contra su ministra de Justicia.
Con impulso
Taubira no se deja impresionar; saca a relucir sus talentos de escritora y de oradora y su fuerte carácter. Este último ya chocó con el de la ministra delegada de Justicia, Delphine Batho, que también es más conocida por su militancia en la sociedad civil que por sus conocimientos en materia de justicia (estudió historia), aunque sí se especializó en temas de seguridad. Batho está bajo su autoridad y ya surgieron roces.
Después de las legislativas del fin de semana, el gobierno designado en mayo presentó su renuncia. El nuevo gabinete debe ser anunciado mañana y se espera que los cambios sean mínimos. Sin embargo, como Taubira no se presentó a las elecciones legislativas, algo que sí hicieron, con éxito, 25 de sus pares -incluida Batho-, la prensa no descarta que esté entre los “pequeños reajustes” que podría anunciar Ayrault.
En tanto, en poco más de un mes, la ministra ya atacó varios temas polémicos. Por ejemplo, propuso ante el Consejo de Ministros un proyecto de ley contra el acoso sexual. En mayo, antes del balotaje presidencial, el Consejo Constitucional francés había anulado la ley en vigor sobre el tema, porque no era clara. Decenas de mujeres que habían presentado denuncias vieron sus juicios anulados por falta de legislación y eso generó un fuerte descontento. Taubira trabajó en la norma en conjunto con Vallaud-Belkacem, que también es ministra, en su caso de Derechos de las Mujeres.
La iniciativa pretende ser más dura con los acosadores: establece una pena máxima de tres años de cárcel y 45.000 euros de multa, mucho más que el año y los 30.000 euros previstos anteriormente. Además, el texto fue pensado para adaptarse a la legislación de la Unión Europea. Sin embargo, fue tachado por organizaciones de la sociedad civil de “complicado” e “inaplicable tal cual” y surgieron voces que sostenían que se redactó demasiado rápido.
La referente de la Asociación Europea contra las Violencias hechas a las Mujeres en el Ámbito Laboral, Marilyn Baldeck, calificó de “mensaje gravísimo” que “para el gobierno la forma más grave de acoso sexual siga siendo menos castigada que el delito de violación”. Pero la ministra cerró el debate diciendo que “todas las preguntas sobre este texto serán respondidas en el debate parlamentario”, al tiempo que recordó su experiencia de legisladora.
También anunció que prepara otro proyecto para proteger las fuentes de prensa, tema que estuvo varias veces en la agenda durante el mandato de Sarkozy porque varios medios, entre ellos el prestigioso Le Monde, fueron denunciados por difundir información que dejaba mal paradas a personalidades cercanas al entonces presidente. La ley vigente, votada por el gobierno anterior en 2010, es considerada “insuficiente” por los periodistas. La ley introdujo el principio del secreto inviolable de las fuentes, pero prevé que la Policía o la Justicia pueda levantarlo en caso de “imperativo relativo al interés público”.
La ministra pretende aclarar este último punto, establecer sanciones en caso de que se viole el secreto de las fuentes y proteger a los informantes. La ley sería ingresada al Parlamento una vez que la de acoso sexual haya sido aprobada, probablemente en julio, “en el correr de los próximos seis meses”.