El proyecto que dispone la internación compulsiva de adictos cuando exista “riesgo para sí o para terceros” ingresó el miércoles de noche a la Cámara de Senadores, por “iniciativa personal” del presidente José Mujica, según se informó desde Presidencia. En la exposición de motivos, el texto dispone que se debe proceder con las personas adictas al consumo de estupefacientes “como se hace ante cualquier enfermedad, procurando su tratamiento adecuado”.
Se constituirán brigadas especiales, integradas por funcionarios de un nuevo organismo llamado Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes -integrado por los ministerios de Salud Pública, Interior, Defensa y Desarrollo Social, la Junta Nacional de Drogas, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la Universidad de la República-, que llevarán a los consumidores a un centro de atención que habilitará el Poder Ejecutivo, donde habrá un equipo interdisciplinario y donde no podrán permanecer más de 24 horas. Además, habrá que avisar a sus familiares o a quienes los “adictos” indiquen. Se podrá llevar también a dichos centros a niños y adolescentes, que deberán internarse en lugares separados de los adultos. Al mismo tiempo se dará cuenta al Juzgado Letrado competente, que determinará “si se mantiene la internación en una institución pública o privada dispuesta especialmente para este tipo de tratamientos” o si se libera a la persona.
Algunos sectores del Frente Amplio (FA) ya anunciaron que plantearán modificaciones al proyecto. El diputado suplente de la CAP-L Nicolás Pereira, que participó en las reuniones de coordinación entre el Ejecutivo y la bancada frenteamplista, apuntó que no comparte “demasiado” el “fondo de la cuestión”, que supone “meterse en la vida personal de la gente”. “Pero también entiendo que el Estado, cuando existe riesgo de vida, tiene que intervenir, tiene que haber un equilibrio”, acotó. Hizo notar que el proyecto dispone que las brigadas deberán llevar a los centros a aquellas personas que estén consumiendo drogas en la vía pública o en espacios “públicos o privados no habitados” o “que se presuma que acaban” de consumir, o que estén portando drogas, y que “tal situación signifique un riesgo para sí o para terceros”. “Hay que recordar que en Uruguay no está penalizado el consumo de drogas y puede ser complicado presumir que tener drogas implica un peligro para vos o para terceros”, alertó.
Evaluó que también hay que analizar en detalle el último artículo del proyecto, que dispone la derogación de “las disposiciones que se opongan a la presente ley”. Consideró que la redacción del proyecto debe modificarse en éste y otros puntos, o de lo contrario “puede ser contradictoria con la política general del gobierno” en materia de drogas. Opinó, por otra parte, que ya existe normativa, como el Estatuto del Psicópata o la Ley de Estupefacientes, que dan herramientas legales para la internación en casos extremos.
El diputado socialista Julio Bango opinó que el proyecto deberá tener “algunas modificaciones” y recordó que el Poder Ejecutivo planteó que “los proyectos estaban abiertos al trabajo” parlamentario. Los cambios deberán ir en el sentido de garantizar un “equilibrio entre los derechos individuales y el deber del Estado de proteger la vida”, evaluó Bango, pero no quiso entrar en mayores detalles.
El senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini apuntó que la internación compulsiva es “un tema sensible” y que debe llegarse a esa medida sólo en situaciones “excepcionales”.
Presidencia ya solicitó al Ministerio de Salud Pública que haga una evaluación de los costos que tendrá la implementación de la medida.