El 16 de mayo autoridades del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) firmaron un convenio con la empresa semillera estadounidense Monsanto para la introducción de la tecnología RR2Y-Bt para la producción de soja, una nueva generación de eventos biotecnológicos (transgénicos) propiedad de la multinacional. Sin embargo, una de las gremiales que integran la Junta Directiva del INIA, la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), no concurrió al acto de firma del convenio y envió una nota al instituto expresando su rechazo al acuerdo.
El INIA en su Plan Estratégico 2011-2015 definió que era necesario fortalecer las actividades de mejoramiento genético de la soja para desarrollar material bajo las condiciones propias del medio local. En los últimos años la soja se ha convertido en el principal cultivo del país: en la zafra 2011-2012 se sembró un millón de hectáreas, pero la productividad (1.800 kilogramos por hectárea) está muy por debajo de los rendimientos del resto de la región.
El coordinador ejecutivo de la CNFR, Gustavo Pardo, explicó que su gremial se opone a estos acuerdos “con este tipo de empresas multinacionales” porque son “elementos concentradores del poder económico” y eso va contra los “principios filosóficos” de la CNFR. “Hay antecedentes de que este tipo de acuerdos llevan a una entrega de recursos genéticos del país, generados por el INIA”, que está “financiado por los productores y la sociedad”, agregó Pardo. La CNFR defiende “la producción familiar” y los “recursos naturales y genéticos del país bajo nuestra soberanía y no bajo el poder de las multinacionales”. Pardo mencionó, además, que por un acuerdo entre el INIA y la multinacional Wrightson Pas algunos “materiales genéticos de variedades de semillas forrajeras” generadas por el instituto pasaron a “manos de la empresa”, que además les da “prioridad a las semillas que pretende comercializar” y no a las de producción nacional.
La CNFR le solicitó una reunión al nuevo presidente del INIA, Álvaro Roel, que asumió el mismo día en que se selló el acuerdo pero en horas de la tarde. El convenio “lo firmaron las autoridades salientes y eso nos llama la atención”, dice Pardo, antes de agregar que se le pedirá a la Junta Directiva del INIA que “revise ese tipo de acuerdos”.
El convenio fue firmado por el entonces presidente interino del INIA, Mario García (Movimiento de Participación Popular), y al acto concurrió el actual subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech (Partido Socialista), ex presidente del instituto. Horas después asumía la nueva Junta Directiva encabezada por Roel. García, el otro delegado del Poder Ejecutivo, se ha mantenido temporalmente en la dirección del instituto.
García dijo a la diaria que luego de retomar el programa sojero, que se había abandonado en la década del 90, el INIA trabaja en tres líneas, una sin uso de transgénicos, otra continuando el uso actual de los transgénicos RR1 (de Monsanto), cuya patente cae en 2014, y la tercera es con los nuevos transgénicos que “se supone, porque no los hemos probado aún, resisten al herbicida glifosato, pero además aumentan el rendimiento”. Éstas serían las opciones que se les ofrecería a los productores. El reciente convenio implica “la eventualidad” de desarrollar variedades locales con el nuevo gen RR2Y-Bt, y en caso de que eso ocurra, el INIA sería el propietario y le pagaría a Monsanto por el uso de la tecnología, explica García. La totalidad de la soja plantada en Uruguay es transgénica y las variedades se producen fuera del país, principalmente en Argentina. “La posibilidad de sacar una variedad con este gen puede demorar diez años”, agregó. Finalmente, García dijo que se está gestionando una reunión entre la Junta Directiva del INIA y la CNFR porque la posición de la gremial “nos preocupa”.
Por su parte, Ismael Turbán, vicepresidente de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos y representante de la firma productora de soja El Tejar, evaluó el convenio como una iniciativa “muy positiva” porque da la posibilidad de “interactuar” a la institución de “investigación nacional” con la empresa “más grande de investigación que hay globalmente”. Hay que “desarrollar tecnología adaptada al medio local” como parte “de la sustentabilidad de todo el sistema” productivo de la soja, agregó.
Para Turbán el problema del cultivo en Uruguay es la “alta variabilidad”. Hay potenciales “muy buenos si las condiciones se dan”, pero el problema es la falta de agua por las sequías, explicó. La productividad de Uruguay está promedialmente en 1.000 kilos por hectárea “abajo de Argentina” y 500 kilos si se compara con los rendimientos de Paraguay y Brasil. Turbán cree que no es un problema pagar por la nueva tecnología porque “hay un valor tecnológico en la mejora, se logran beneficios por acceder a nuevos mercados, a producir más por hectárea y a bajar costos por menor utilización de insumos”. La tecnología de Monsanto ya se encuentra en proceso de desregulación para su uso comercial en Uruguay.