José Morales Brum, uruguayo expulsado de España el martes 12 por una decisión de la Delegación de Gobierno de Canarias, recibió el miércoles una notificación para presentarse a declarar ante la Justicia de Tenerife. En mayo, el subdelegado del gobierno de las islas, Luis Molina González, declaró ante los medios de comunicación por la expulsión de Morales y agregó que pesaba sobre él una denuncia por violencia familiar. Ante esto, el uruguayo presentó una denuncia judicial por “calumnias”. La Justicia dio lugar a la apertura de un proceso y le envió una citación para que comparezca hoy. Si esto no ocurre, la causa será cerrada. Sin embargo, Morales consiguió enviar un poder a sus abogados que intentarán igualmente presentarse ante la Justicia.
Morales y otras seis personas fueron denunciados por la Policía por “alteración del orden público”, luego de participar en una manifestación contra el ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria, tras la autorización a la petrolera Repsol para realizar prospecciones de petróleo frente a las costas de la isla Lanzarote.
Las autoridades decidieron multar a los seis españoles con 300 euros y a Morales con 400, además de abrirle un expediente de expulsión. También se dictaminó que se presente cada 15 días en la jefatura policial como medida cautelar. El 12, cuando concurrió a firmar a ese lugar, se le dijo que iba a ser expulsado del país en ese momento.
Anteayer, Morales informó de su situación a la Mesa Representativa del PIT-CNT que respaldó la decisión del Secretariado Ejecutivo de solicitar una entrevista al embajador español, Roberto Varela. También ese día con motivo del Día Mundial del Refugiado, la Red de Apoyo al Migrante emitió una declaración en la que expresa “descontento y desagrado” ante la acción del gobierno español, que “desconoce” el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”.
La Red espera que la participación de los abogados del PIT-CNT junto con el departamento de Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) resuelva el tema en “forma favorable” y que no se transforme en “una persecución política”. La carta está firmada por Belela Herrera, ex subsecretaria del MRE y ex funcionaria del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y el ex secretario general del Partido Socialista Eduardo Fernández, entre otros.
Morales, que pertenece al Partido Comunista del Uruguay (PCU), se reunió con el dirigente de ese sector Daniel Berruti, que opinó que esta expulsión “sin ningún dictamen de la Justicia”, de alguien que tiene “todos los papeles en regla y una hija española”, es algo “brutal e inédito” y representa un intento del gobierno español de “criminalizar al pueblo” y un aviso a los extranjeros “de que no se metan” en manifestaciones en su contra. Berruti anunció que la semana que viene Morales será recibido por el Secretario General del PCU, y que el senador Eduardo Lorier y se emitirá una declaración pública.