“Propuestas para una perspectiva nacional y popular en el Uruguay de 2012” se denomina el informe presentado ayer en la sede central del PIT-CNT. Consiste en un resumen de los documentos presentados en el marco de una serie de talleres sobre economía nacional y popular realizados en 2011 por las instituciones mencionadas. Por “nacional y popular” se define a una visión que considera al capitalismo como “una forma de organización de la sociedad de dominación y explotación” y entiende que es “posible y necesario superarlo”. La iniciativa continúa este año.
Vecino cómplice
En el artículo de balance escrito por Jorge Notaro, se reconocen las dificultades que generan las restricciones argentinas a las exportaciones uruguayas pero se advierte al mismo tiempo que “Argentina soportó la fuga de capital por más de 150.000 millones de dólares durante los últimos años y Uruguay funcionó como cómplice”, garantizando la mayor libertad para los movimientos de capital, mediante las SAFI antes y las zonas francas después.
José Díaz, en representación de la Fundación Vivian Trías, entendió necesario tener “una perspectiva crítica pero al mismo tiempo constructiva”, y alertó que “los sectores de la derecha están atentos a la diferencias de la izquierda para hacer campaña mediática”, lo que “está erosionando a la izquierda política y a la izquierda social”.
Uno de los artículos contenidos en el libro, elaborado por el economista y jefe de estudios de mercado en UTE, Fernando Etchevers, afín al Partido Socialista, concluye que el proyecto Valentines de la minera Aratití tendrá una demanda anual de 200 MW de potencia, cuando el consumo en Uruguay en 2010 por ejemplo fue de 1.050 MW. El elemento que más incide en esta demanda energética -que podría tener un costo para el Estado de 240 millones de dólares en un semestre (una vez restada la tarifa que pagaría la empresa)- es el transporte del hierro hasta la costa. Además, señala Etchevers, la empresa pagará por esta energía una tarifa tres veces menor a la de un hogar. Dado que “la generación de energía hidráulica no puede aumentar” se utilizarán “fuentes más caras” para afrontar la demanda energética del proyecto Valentines, lo cual aumentará el costo e impactará sobre la inflación, así como sobre la dependencia de petróleo. Para el informe, Etchevers utilizó datos presentados por la propia minera.
Kreimerman no negó el dato incluido en el artículo pero consideró que el costo que se genera -“previsto en los planes de UTE”- no incidirá en la inflación. Respecto de la reunión del martes entre representantes del gobierno y de Aratirí, en la que se anunció un acuerdo para el desarrollo de un puerto de aguas profundas en Rocha, el ministro apuntó que “se avanzó” pero todavía “no se cerró” con la minera.
En franca concentración
En el libro también se cuestiona, como ya lo han hecho dirigentes del MPP (sector al cual el Cadesyc es afín), la utilización que se hace actualmente del mecanismo de zonas francas. Se advierte que se ha autorizado la instalación de esos enclaves “sacrificando recaudación en pro de mejorar el nivel de empleo”, que deberían considerarse “las externalidades negativas como por ejemplo el aumento de los precios medios de la energía eléctrica y el deterioro de la infraestructura carretera”, y también el hecho de que “los sectores pobres no se benefician de las externalidades positivas”. En la presentación, Kreimerman señaló que en el libro se hacen “advertencias que acompañamos” respecto de este mecanismo de promoción de inversiones.
Otro elemento de preocupación señalado es la concentración y extranjerización de los medios de producción. Un artículo del economista Guillermo Gonsalves señala que Montes del Plata y UPM controlan 50% de la superficie forestada en todo el país; más de 50% de la faena está en manos de capitales brasileños; en el arroz 87% de la industria es controlada por capitales brasileños. El director nacional de Industrias, Sebastián Torres, autor de un artículo sobre política industrial, advierte que “el crecimiento continúa siendo concentrador, se produce más de lo mismo con escasa incorporación de valor agregado, reflejado entre otros indicadores en el incremento de la participación de productos primarios y de baja tecnología en nuestras exportaciones, que representan más del 70% del total”.
Ante esta situación, los autores del libro proponen una mayor presencia del Estado, sobre todo con medidas de estímulo y de control de la gestión privada, pero también “modificando la distribución de los medios de producción para fortalecer a los actores sociales del cambio”, según consignó el economista Jorge Notaro, autor del capítulo de balance. Por otra parte, Torres propone una mayor negociación con las inversiones extranjeras directas, reservar un porcentaje de las compras estatales para las pymes y crear una Banca Nacional de Desarrollo. En esto último coincidieron Kreimerman y el senador emepepista Héctor Tajam, que también ofició como presentador del libro. Tajam opinó que el Banco República debe transformarse “en una verdadera banca de desarrollo” e involucrarse en la definición de la política económica.
En el libro se insiste además en la creación de un frigorífico de propiedad estatal y gestión privada, que tenga el monopolio del abastecimiento a Montevideo durante algunos años, con precios regulados.