La discusión parlamentaria, centrada en la suspensión de Paraguay del Mercosur y el ingreso de Venezuela en esas circunstancias, tuvo como interlocutores principales a tres abogados (Abreu, Almagro y el senador colorado Ope Pasquet) y se focalizó precisamente en cuestiones jurídicas. Abreu comenzó su exposición como miembro interpelante, alegando que la suspensión de Paraguay violó los principios de no intervención en asuntos internos de otros países y de autodeterminación de los pueblos, y que el Mercosur está en “el reino de la inseguridad y el vaciamiento jurídico”.
De rodillas o de pie
Pese a que no era el tema central de la interpelación de ayer, Argentina estuvo presente en el debate, y no en términos amistosos. Abreu se quejó de que Uruguay debe “soportar los malos humores de un gobierno -el de Cristina Fernández- que nos mira mal simplemente porque tiene malhumor”. “Fernández quería hundir a Paraguay para habilitar el ingreso de Venezuela”, sentenció el colorado Alfredo Solari.
Habían transcurrido seis horas de debate parlamentario cuando el nacionalista Luis Alberto Heber comentó la decisión de Argentina de suspender unilateralmente las negociaciones en torno al dragado y al mantenimiento del canal Martín García (ver la diaria de ayer). El senador blanco evaluó que el gobierno argentino está “extorsionando” a su par uruguayo y que lo hace con “sorna” e “ironía”. “El canciller argentino tiene el tupé de ponerse a dar opinión sobre el fallo de un tribunal independiente [el Tribunal de Cuentas -TCR-]”, cuestionó Heber. Reclamó a Almagro que explicite si va a acudir a la Justicia como señala el TCR -según la interpretación que el senador hace del informe de la auditoría-. “No vemos a la cancillería pararse firme y hacer respetar los derechos”, criticó.
Por otra parte, ayer El País informó que las autoridades de la cancillería uruguaya recibieron un exhorto de la Justicia argentina para declarar por escrito en la investigación sobre el presunto intento de coima al presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, que se inició a partir de una denuncia de diputados argentinos opositores.
Afirmó que no se respetó el protocolo de Ushuaia, que establece el respeto al régimen democrático de los países del Mercosur, ya que éste dispone la obligatoriedad de hacer consultas con el Estado afectado -en este caso Paraguay- antes de tomar la decisión de suspenderlo. Almagro respondió que los cancilleres efectuaron consultas previas a que el Parlamento paraguayo adoptara la decisión de destituir al presidente Fernando Lugo, con los legisladores opositores que luego votaron su destitución y con el propio Federico Franco, devenido presidente y que en aquel entonces ocupaba la vicepresidencia. Entonces les advirtieron, según afirmó el canciller uruguayo, que su decisión tendría “consecuencias graves para Paraguay, y eso dio sustento legal al procedimiento”.
Tanto Abreu como Pasquet alegaron que no se cumplió el requisito de realizar consultas con el Estado afectado, en este caso con Franco en su calidad de presidente. “Éste es un club de presidentes que no perdonan que se destituya a uno de los amigos”, sentenció Abreu.
Almagro alegó que el juicio a Lugo no respetó las garantías del debido proceso en cuanto a los tiempos que se le dio para su defensa y por lo tanto se configuró una ruptura del orden democrático. Recordó que la Constitución paraguaya prevé que debe haber garantías procesales para cualquier habitante de Paraguay que sea sometido a cualquier tipo de juicio. Calificó el juicio contra Lugo de “arbitrario, abusivo, no conforme a los principios generales del derecho” y “violatorio de las garantías constitucionales vigentes”. Aseguró que la decisión tomada, de suspender la participación de Paraguay en los órganos del Mercosur, fue “la menos gravosa” posible de acuerdo al protocolo de Ushuaia.
Abreu y Pasquet respondieron que un juicio político no es lo mismo que un juicio criminal y que lo central en él no son las garantías del debido proceso, sino que existan mayorías parlamentarias para destituir al presidente. El senador nacionalista comentó que “el debido proceso se aceleró porque [el canciller de Venezuela, Nicolás] Maduro, quiso acelerar el proceso con los contactos que hizo con las Fuerzas Armadas de Paraguay”. La frenteamplista Constanza Moreira recordó que la Fiscalía de Paraguay determinó que el video difundido que presuntamente registraba una reunión entre Maduro y los militares paraguayos es falso, ya que no existían cámaras en el lugar.
Por la ventana
Respecto del ingreso de Venezuela al bloque, tanto Abreu como Pasquet sostuvieron que la suspensión de Paraguay no implica que éste haya dejado de ser miembro del bloque y por lo tanto pueda prescindirse de la aprobación de su Parlamento para la entrada del país caribeño.
Como en una palangana
El presidente José Mujica llamó a no “asustarse” por las negociaciones con Argentina con respecto al dragado del canal Martín García. Durante un desayuno en Punta Cala organizado por la Unión de Exportadores, Mujica defendió las gestiones del gobierno en este tema. “Cada vez que tenemos bronca y pelea [con Argentina] perdemos”, sostuvo. “¿Qué voy a hacer, pincharle el ojo? Tenemos que negociar como quien está en una palangana: moviéndonos para un lado y para el otro”, manifestó el presidente. Y cuestionó la actitud de la oposición. “Los enemigos derrotistas están adentro de Uruguay”, sentenció.
Almagro dejó a un lado su posición inicial respecto de la conveniencia y el ajuste a las normas de la entrada de Venezuela y defendió lo que calificó como “la posición de la República Oriental del Uruguay”. Sostuvo que el ingreso no configuró “ninguna violación de ninguna clase del derecho internacional ni de los tratados regionales”. Advirtió que si se admite que Paraguay tenga poder de decisión en este caso, debe admitirse en todos los casos, y eso determinaría que “en todas las decisiones que deben adoptarse, la voluntad de Paraguay, ya sea de su gobierno o de su parlamento, debería tenerse en cuenta para fijar la voluntad colectiva del Mercosur”. “Esto demuestra que este razonamiento resulta inconsistente e inaplicable, ya que interpreta el alcance de la suspensión vaciándola de todo contenido sancionatorio. Se le estaría concediendo al Estado afectado, por la vía de los hechos, un poder de veto incompatible con la naturaleza de la sanción. Este derecho implícito de veto determinaría la paralización del proceso de integración, por lo tanto la interpretación más lógica es que el consenso excluye al Estado suspendido”, defendió. Y culminó sentenciando que “no hay vicio alguno en la incorporación de Venezuela al Mercosur”.
Pasquet le reclamó que explicara por qué cambió su postura y qué sucedió en la cumbre de Mendoza, pero Almagro no había respondido a los cuestionamientos al cierre de esta edición, aunque se preveía que hiciera uso de la palabra antes de que concluyera la sesión.
Vete
No sólo hubo debates jurídicos. En la sesión se mencionó varias veces la afirmación del presidente José Mujica de que “lo político superó a lo jurídico” -Abreu la calificó de una “enorme peligrosidad”- y también la carta en la que el vicepresidente Danilo Astori expresa su rechazo al ingreso de Venezuela al Mercosur en las condiciones definidas en la cumbre de Mendoza. “El interpelante no es el senador Abreu, está en sus propias filas”, deslizó el legislador blanco.
Abreu consideró que Mujica “dejó claro que no actuó de buena fe al decir que lo político primó sobre lo jurídico”. El frenteamplista Alberto Couriel interpretó los dichos del presidente. “Es claro que nadie quiere sobreponer lo político a lo jurídico. [Mujica] debe de haber evaluado en ese momento que todos los sueños de la integración se le podían venir abajo si vetaba el ingreso de Venezuela”, comentó.
Los senadores de la oposición reclamaron la renuncia de Almagro porque quedó “desautorizado” con la decisión que tomó Mujica en la cumbre de Mendoza. “Ministro, ¿cómo puede permanecer acá?”, inquirió Abreu. “Si el ministro queda desautorizado por Mujica, ¿cómo puede seguir siendo ministro?”, preguntó Pasquet. Y estimó que si Almagro conoce las razones para que Uruguay haya aceptado el ingreso de Venezuela y no las comunica, “debe irse porque le mintió a la opinión pública”. El frenteamplista Rafael Michelini tildó a la oposición de “irresponsable” y llamó a tener una posición de Estado en política exterior.
Al cierre de esta sesión, el debate proseguía, pero la bancada oficialista y los partidos de la oposición ya habían presentado hacía horas sus mociones. El FA expresó su respaldo al canciller y consideró satisfactorias sus explicaciones, mientras que blancos y colorados entendieron que el gobierno actuó de forma “ilegal” y “atentó contra el interés nacional”.