Pese a que en lo previo se había excluido la internación compulsiva de adictos del paquete de medidas de seguridad propuesto por el gobierno, el proyecto finalmente se envió al Parlamento por “iniciativa personal” del presidente José Mujica, según se informó en su momento desde Presidencia. A poco de iniciarse su discusión en el Senado, el proyecto enfrenta resistencias del propio oficialismo en ambas cámaras. Algunos senadores, como José Luis Gallo (Asamblea Uruguay), dejaron sentado en comisión sus discrepancias con el proyecto tal como está planteado, ya que deja “en manos de un grupo” (las brigadas del Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes -SAVCE-) la definición de cuándo un consumidor supone “un riesgo para sí o para terceros”. Esto, alertó Gallo, puede “afectar la libertad individual”.
La senadora Constanza Moreira (Espacio 609) opinó, en tanto, que “no se entiende muy bien la orientación política que predomina en los proyectos en materia de seguridad” del gobierno. “Si la ‘mano dura’ no funciona en el combate a las drogas y es mejor despenalizar, los proyectos que están llegando van en la dirección opuesta”, declaró a la diaria. Lamentó que al mismo tiempo las iniciativas consideradas “progresistas” (como la legalización de la marihuana o la ley de medios) ya no estén en agenda. “Habrá una discusión dura”, pronosticó.
En el mismo sentido, la diputada Daisy Tourné (Partido Socialista) consideró que hay “muy poca claridad” en materia de políticas de seguridad. Respecto a una eventual marcha atrás en la legalización de la marihuana si 60% de la población no aprueba la medida (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/7/tuca-en-bolsa/ ), opinó que el gobierno “tiene que gobernar”. “Si tiene una opinión, tiene que discutirla con la ciudadanía. A veces la gente piensa totalmente distinto, y hay que salir a debatir y a hacer conciencia, ése es un rol del gobierno, y tiene que trabajar integralmente y con coherencia”, manifestó.
En la Cámara de Diputados, el proyecto de internación compulsiva también enfrenta resistencias en los integrantes frenteamplistas de la comisión de Salud. Álvaro Vega (MPP) dijo que estudiará el proyecto en detalle pero que en principio le genera “mucha aprensión”, porque el procedimiento “no es sencillo” y “puede prestarse a mucha cosa”. “Y tampoco creo que sea una solución”, evaluó. Bertha Sanseverino (Asamblea Uruguay) estimó que el protocolo debe quedar muy claro.
Tourné consideró que en casos extremos de adicción, la única salida es la abstinencia, pero apuntó que ésta no puede lograrse si no hay “voluntad, ayuda y contención”; de lo contrario, “prácticamente está cantada la recaída”. Además, se mostró preocupada por la asociación que se hace entre el consumidor, el adicto y el delincuente. “Se mete en una misma bolsa al consumidor con el adicto y con el delincuente, ése es uno de los mayores errores del proyecto. El adicto es un enfermo, no un delincuente, no puede ser que la Policía participe en el procedimiento, es una tarea que no le corresponde”, consideró. También recordó que las tres principales adicciones de los uruguayos, según la quinta encuesta nacional en hogares sobre consumo de drogas, son el alcohol, el tabaco y las pastillas tranquilizantes y antidepresivas, en ese orden. “Y del alcohol no decimos nada, está todo bien, y está lleno de borrachos en las calles”, criticó.