Con el objetivo de explicar el contexto internacional y advertir sobre las consecuencias de la demanda de la tabacalera Philip Morris a Uruguay, estuvo ayer en Montevideo el filósofo y economista colombiano Germán Velázquez, asesor especial del Centro del Sur, una organización no gubernamental con sede en Ginebra que nuclea a 54 países, y ex funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de ministerios de salud de varios países.
Luego de que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez profundizara las medidas de implementación de la política antitabaco, la multinacional Philip Morris inició en febrero de 2010 una demanda contra el Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
Se amparó en el acuerdo bilateral de inversiones firmado entre Uruguay y Suiza, país donde está la sede de Philip Morris Internacional, empresa del grupo Altria que se encarga de la comercialización de cigarrillos fuera de Estados Unidos. La demanda entablada al Estado uruguayo por FTR Holding, Philip Morris Products (ambas de Suiza) y Abal Hnos. SA (la filial uruguaya) es por 2.000 millones de dólares.
La tabacalera recurrió a este acuerdo de inversiones alegando que allí se establecen garantías a las empresas que invierten en Uruguay y avala la presentación de acciones ante tribunales internacionales en caso de que se afecten negativamente los intereses de los inversores.
En su visita a Uruguay, concretada en el marco de una actividad organizada por Redes-Amigos de la Tierra y la Fundación Friedrich Ebert de Uruguay (Fesur), Velázquez advirtió que si Uruguay pierde la demanda se producirá “un colapso” de la Convención Marco para el Control del Tabaco adoptada por la OMS en 2003. En diálogo con la diaria sostuvo que esta eventualidad “traería repercusiones internacionales graves” e implicaría un “deterioro” del organismo que representa la autoridad sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas.
Según Velázquez, en esta etapa del trámite jurídico internacional el gobierno uruguayo “está viendo los argumentos por los cuales la denuncia” de la transnacional tabacalera “no es consistente”. De acuerdo a los procedimientos jurídicos internacionales, la querella debió comenzar con “un recurso a nivel nacional”, con una duración de seis meses, antes de iniciar la demanda ante el CIADI, explicó. Pero Velázquez considera que el gobierno uruguayo debería buscar “argumentos adicionales” a los que se están estudiando para “contraatacar” a la tabacalera.
Por ejemplo, Velázquez planteó que un tribunal de inversiones “no puede poner en causa” una ley de protección de la salud pública porque “estamos hablando de dos niveles distintos”, uno el comercial y otro el derecho a la salud. “Si se concluye que la ley antitabaco va en detrimento del acuerdo de inversiones, lo que habría que modificar es el acuerdo y no la ley de protección de la salud”, explicó.
Razones de fondo
El economista agregó que Philips Morris está “pidiendo la apertura del mercado” para comercializar “una sustancia tóxica que daña la salud” y la “contraparte” de esa exigencia es “reducir los niveles de protección” de los ciudadanos. Esto representa “un absurdo” porque no se puede plantear la baja de “los estándares sanitarios de la gente, para poder subir la comercialización y el consumo de un producto tóxico”, agregó.
Velázquez también propuso estudiar “la legitimidad” del CIADI para definir este litigio, ya que “un tribunal de comercio no puede decidir sobre criterios sanitarios”. En este sentido, recordó que existen antecedentes en el ámbito internacional que tienen que ver con las patentes de medicamentos. El experto planteó que cuando una autoridad sanitaria de un país “se da cuenta de que se necesita un medicamento a bajo costo” para atender a la población, “le retira la patente al propietario y la pone en dominio público para que cualquier fabricante lo haga”; luego la propia competencia hace descender el precio. Ésta es una medida que ya han tomado Brasil, Tailandia, Indonesia e India y “ninguna compañía o país del mundo ha denunciado nada”, explicó Velázquez.
A pesar de que otros países han comenzado a incorporar legislación y medidas antitabaco como Uruguay, la multinacional no ha iniciado demandas similares. Si bien el objetivo de la tabacalera es “debilitar la lucha de las autoridades sanitarias del mundo entero” en materia de consumo de tabaco, la estrategia es “entrar” por un país pequeño donde se tienen más posibilidades “de ganar la demanda” y luego seguir de país en país, precisó Velázquez.
Una de las propuestas del economista colombiano para fortalecer la defensa de Uruguay es que el Estado “pida un pronunciamiento oficial” de la OMS ante el tribunal del CIADI. “Sería muy importante” que el organismo internacional que “promovió y estimuló” las políticas antitabaco “se pronuncie y le diga” al tribunal de comercio que Uruguay firmó una convención que es un “acuerdo internacional vinculante”, que no se puede violar porque implica una “responsabilidad internacional”, detalló Velázquez.