Un movimiento indígena del departamento del Cauca, en el suroeste colombiano, irrumpió en el conflicto entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado. La comunidad nasa exige la salida de los actores armados “legales e ilegales” de su territorio. Para el politólogo Jorge Mantilla, esto demuestra que la llave de la paz la tiene la sociedad civil. Mantilla cursa una maestría de Estudios Políticos en la Universidad Nacional de Colombia e integra el Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, en el que trabaja en temas vinculados con las FARC, organizaciones paramilitares, mafia y narcotráfico.
-¿Quiénes son los indígenas que protestan en el Cauca?
-Son del pueblo nasa (o páez), que habitan desde hace mucho tiempo esos territorios del norte del Cauca. El movimiento indígena en Colombia es como un movimiento social; el nasa es el más organizado y se ha convertido en un actor político importante. En Colombia los indígenas no integran las elites urbanas, están en las periferias, son una minoría, pero políticamente siempre han tenido peso. El tema de la autonomía en sus territorios ha cobrado importancia desde la Constitución de 1991. Debido al boom del sector minero-energético surgieron conflictos entre pueblos indígenas y multinacionales, con violaciones a los derechos humanos, y eso los convirtió en actor clave del conflicto social y armado. Algunos consideran que los indígenas desestabilizan la democracia colombiana, que están infiltrados por las guerrillas, pero la postura que han tomado ahora recoge un sentimiento nacional de oposición a la guerra, de solucionar los conflictos sociales. Eso se reconoce desde distintos sectores, sobre todo los académicos y las organizaciones sociales.
-Hace unos días la Justicia indígena de los nasa condenó a cuatro guerrilleros de las FARC a recibir latigazos. ¿Cómo funciona esa justicia?
-La constitución de 1991 establece que esos territorios están bajo la jurisdicción de sus autoridades. Los indígenas se han declarado neutrales ante lo que llaman los actores armados, legales o ilegales, y quieren la plena autonomía, responsabilizarse de su seguridad. En esta coyuntura han querido mostrar que su oposición a la guerra supone una oposición a las FARC y creo que es el caso. En Colombia muchas veces podría resultar más inhumano el castigo aplicado por el Estado -vista la situación carcelaria- que los latigazos que recibieron los guerrilleros. Si no fueran personas integrantes de la comunidad indígena no las podrían castigar de esa manera. No los entregaron al Estado que les podía aplicar 12 años de prisión.
-¿También tienen voz a la hora de tomar decisiones clave para sus territorios?
-Sí, pero la mayoría de los conflictos entre el Estado y los pueblos indígenas suponen la violación de los derechos de estos últimos. El Estado favorece a multinacionales o ubica bases militares en las carreteras de territorios indígenas [como en el Cauca]. La independencia de esas zonas implicaría muchas cosas más, pero [el presidente Juan Manuel] Santos ha dicho que no piensa “ceder un centímetro de soberanía”. Ésa es la base del conflicto. La Constitución dice que los indígenas tienen autonomía territorial pero también que las Fuerzas Armadas son garantes de la soberanía. En el marco del conflicto armado pesa más el argumento de la soberanía y la seguridad nacional, pero los indígenas dicen que la presencia del Ejército y de la Policía los hace más vulnerables, con asesinatos, desapariciones, amenazas por parte de esas fuerzas.
-¿Es legítimo el pedido de que los actores armados salgan del norte del Cauca?
-El problema no es la presencia o no de las Fuerzas Armadas. Creo que lo que está como telón de fondo es la posibilidad de que el pueblo colombiano se dé cuenta de que la salida no es militar, sino política, y que tiene que ver con el carácter y la naturaleza de la función del Ejército. Los indígenas han demostrado al gobierno que no es él, sino la población civil, quien tiene la llave de la paz.
-¿Usted entiende que la sociedad civil retomó el poder de ser un actor en la resolución del conflicto?
-Exacto. Y retorna con un proyecto político, porque con la profundización del modelo neoliberal, durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Santos, resurgió el movimiento social que había sido decapitado por el paramilitarismo en los 90. Los trabajadores petroleros comienzan a organizarse, un movimiento estudiantil logró victorias el año pasado: hay una sociedad civil configurando un proyecto político y convirtiéndose en voz importante. Hay un gran desencanto frente a la clase política, entre otras cosas por la corrupción.
-¿Cómo ve la postura de Santos, acusado de falta de autoridad por Uribe y de mano dura por otros?
-Creo que la apuesta de Santos es llevar las FARC a un proceso de debilitamiento militar para llegar a una negociación ventajosa para el Estado. El problema es que lo hace a costa de la crisis humanitaria que viven las zonas rurales. Es evidente que las FARC no fueron afectadas como creíamos. Esa serie de golpes a los comandantes históricos, a la primera generación de FARC, ha develado que hay una segunda, una tercera y una cuarta generación.
-¿Cuál es hoy el objetivo final de las FARC?
-El conflicto lleva más de 50 años y la población civil ha sido la principal afectada. Eso llevó a que se desdibujara el panorama político que implicaba una guerrilla llamada comunista. Las FARC siguen teniendo un proyecto, tiene que ver con el movimiento Marcha Patriótica [MP, integrado por Piedad Córdoba] y con otros escenarios más sociales. Ya no consideran entrar en jeeps armados al palacio de gobierno, pero sí ser un actor político clave a largo plazo, con el antecedente de Unión Patriótica [partido político, fundado en 1985, integrado por las FARC y otros movimientos cuyos miembros fueron diezmados]. Creo que es la solución que las FARC tienen en la cabeza.
-¿Las FARC están detrás de MP?
-No. Sí tienen una presencia, pero no diría que es el movimiento de las FARC. MP representa una plataforma que se convierte en una oportunidad en el ámbito político para las FARC, no se ha declarado en contra de la guerrilla pero tampoco es simpatizante de ella. El Estado intenta demostrar que MP es como un brazo político de las FARC, pero no es así. Es un movimiento que hace un llamado a la solución política y plantea una serie de cambios.
-Los indígenas denuncian que las FARC se infiltran en sus movimientos, el gobierno denuncia que las FARC los manipulan. ¿Qué vínculos tienen los indígenas con las FARC?
-Ha sido una relación muy compleja desde hace muchísimos años, debido a la posición neutral de los indígenas en la guerra. Eso hizo que hubiera muertes de indígenas a manos de las FARC, pero la guerrilla en los territorios indígenas está también integrada por indígenas. En términos políticos, las autoridades indígenas tienen una relación distante con las FARC, tienen puntos en común en sus proyectos como la reforma agraria o el tema de la soberanía nacional, pero existe un antagonismo a la hora de concebir las formas de lucha, sobre todo, respecto del uso de la violencia.
-¿Por qué el Cauca es tan importante para las FARC? ¿Es verdad que es un corredor para el narcotráfico?
-Es un territorio que se ubica hacia la región del Pacífico y está muy cerca de Ecuador, además allí nacen las tres principales cordilleras del país, por lo que es un punto geográfico que permite desplazarse hacia cualquier otra región colombiana. Esto para las FARC es determinante. También es cierto que es un corredor del narcotráfico. Pero la apuesta de las FARC implica riesgos militares importantes y su objetivo principal no es garantizar un recurso económico, es lograr una proyección a largo plazo. La relación entre las FARC y el narcotráfico tiene muchos años, pero la guerrilla no está involucrada en todo el proceso. No transporta cocaína hacia Centroamérica, aunque sí incide en el control militar de los cultivos y en el transporte de la hoja de coca. Es un asunto económico para ella. Pero el narcotráfico le ha significado muchos problemas, por el desprestigio internacional y también en la interna, porque ha habido comandantes que se han vuelto narcotraficantes y esto causó problemas internos de robo de dinero, indisciplina y descomposición social.